La jueza María Eugenia Capuchetti denunció por encubrimiento y falso testimonio a Juan Martín Mena, ministro bonaerense y asesor judicial de Cristina Kirchner

La jueza federal María Eugenia Capuchetti, que investiga el atentado contra Cristina Kirchner, presentó una denuncia penal contra Juan Martín Mena, funcionario de estrecha confianza de la expresidenta y actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. La denuncia, revelada por LA NACION, es por los posibles delitos de encubrimiento agravado y falso testimonio, y le tocó al juez federal Ariel Lijo, candidato del Gobierno para la Corte.

Según Capuchetti, Mena mintió cuando declaró como testigo en la causa que investiga si hubo mala praxis en el manejo del teléfono del principal acusado del atentado, Fernando Sabag Montiel. Ese celular se reseteó “a cero” cuando intentaban peritarlo para acceder a su contenido. Se abrió entonces una causa penal -que se desprendió del caso del atentado- con el objetivo de averiguar por culpa de quién se borró lo que tenía el teléfono y determinar si en ese proceso se cometió algún delito. Ese expediente lo tiene la jueza María Romilda Servini.

Pero ahora se abrió una tercera causa, la promovida por Capuchetti contra Mena que instruye Lijo. Según Capuchetti, cuando declaró sobre los manejos del celular en el juzgado de Servini, “Mena introdujo una versión de los hechos falsa, que podría poner en peligro la averiguación de la verdad en relación al intento de homicidio de la exvicepresidenta”.

Lo que dijo Mena que motivó la denuncia es que un secretario del juzgado de Capuchetti, Federico Clerc, le contó que la jueza le había pedido el teléfono de Sabag Montiel cuando el aparato estaba guardado, al cuidado de él, en la caja fuerte del juzgado. Según Capuchetti, esto es falso.

Lo que dijo Mena, según el acta de la declaración del 20 de agosto pasado, fue lo siguiente: “Meses después [del atentado], teniendo una charla con el Dr. Clerc, conversando sobre este devenir bastante desastroso a mi entender de la investigación, y dejando a salvo el buen rol del Dr. Clerc, que hizo todo lo que pudo y estuvo a su alcance, creo que él ya no estaba trabajando la causa por una cuestión organizativa del juzgado, le recrimino puntualmente por la rotura del teléfono y lo que pasó a lo largo de ese día en el juzgado con ese teléfono, que si estaba en una caja fuerte debidamente cerrado y con una cadena de custodia no debía haber pasado nada con ese teléfono. El Dr. Clerc me responde: ‘El teléfono estaba en la caja fuerte, y durante el día solo lo saqué a requerimiento de la Dra. Capuchetti para dárselo a ella’. No recuerdo que me haya dicho horario en que pasó esto, pero entendí que hacía referencia a que había pasado al mediodía, mucho antes de ir a la PSA. No me dijo por qué se lo había pedido o para qué. Quise profundizar sobre el punto y no lo logré”.

La referencia a la PSA [Policía de Seguridad Aeroportuaria] se debe a que la noche del atentado la Policía Federal Argentina (PFA) hizo un primer operativo sobre el teléfono con el objetivo de descargar todo su contenido, pero no lo logró. El aparato quedó entonces guardado en el juzgado y después se lo trasladó a las oficinas de la PSA en Ezeiza. Mena denunció que no se resguardó la cadena de custodia y no se cumplió con las pautas previstas para cuidar un objeto de prueba de semejante importancia. Relató que lo discutió incluso con Capuchetti después de que la PSA informó que había recibido el teléfono sin el debido resguardo de la cadena de custodia.

Hasta hoy, el contenido del teléfono de Sabag Montiel no se pudo recuperar.

Los argumentos de Capuchetti

En la denuncia penal que presentó contra Mena, Capuchetti afirmó: “No se sabe al día de hoy qué y con quiénes hablaba Sabag Montiel, y con la introducción de la mendaz declaración testimonial prestada recientemente por Mena, referida a la manipulación en el juzgado de un medio de prueba, mucho menos podría conocerse quién o quiénes podrían haber querido que el contenido de aquellas conversaciones y el material obrante en el teléfono secuestrado no llegaran a conocimiento de la instrucción, así como de la propia víctima de ese delito”.

La jueza afirmó: “Lo que me veo obligada a denunciar es la introducción de datos falsos en un proceso penal por parte de un destacado funcionario público, con el fin, posiblemente, de desviar la investigación para ayudar a alguien a eludir la acción de la justicia, o a ocultar o alterar la prueba del delito que he denunciado”.

Y dijo: “A través de estas maniobras que he enumerado, el Dr. Mena estaría atentando contra el correcto funcionamiento de la administración de justicia, interponiendo obstáculos y dificultando la averiguación de la verdad mediante una versión de los hechos que ha construido sobre lo que dice saber y los dichos de otros, en franca contradicción con el contenido de esas mismas declaraciones testimoniales, así como con la realidad de los hechos”.

Capuchetti dijo que ella desconoce “cuál es la motivación del Dr. Mena para construir esta ficticia versión de los hechos luego de dos años” del atentado, pero dijo que está claro que “intenta plantar una nueva versión de los hechos” para “obstaculizar el avance de la investigación”.

“El testigo profesional, el que introduce eventos tan vagos pero eficaces para desviar las investigaciones, es entonces el único que encubre, que obstaculiza y que impide conocer la verdad, mediante una declaración falsa”, dijo Capuchetti, que no ahorró críticas al ministro bonaerense: “Este accionar no es novedoso en la vida pública del ministro Mena pues ya enfrenta acusaciones por el delito de encubrimiento, también relacionados con hechos aberrantes de la historia de nuestro país que aguardan hace muchos años su esclarecimiento, y que por la gravedad de las pruebas lo han llevado a enfrentar un juicio oral”. La jueza se refirió a la causa del memorándum con Irán, en el que Mena -que era el número dos de la AFI cuando la dirigía Oscar Parrilli- es uno de los acusados.

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