La jueza Figueroa regresó al país y se reanuda la expectativa por el caso Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner

Luego de un viaje a Roma y a La Haya, la jueza de la Cámara Federal de Casación Ana María Figueroa regresará mañana a su despacho, por lo que en los tribunales federales se renueva la expectativa de que se resuelva si se confirma el sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus hijos en el caso Hotesur y los Sauces o si, por el contrario, el caso se reabre y se ordena realizar el juicio oral y público.

Los jueces de la Casación Diego Barroetaveña y Daniel Petrone ya votaron y la tercera, que es Figueroa, se reincorporará este lunes a la actividad judicial luego de un viaje al Vaticano, donde se reunió con el papa Francisco, y a La Haya, donde concurrió a la Corte Penal Internacional.

La decisión es de alta sensibilidad política, pues Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por fraude al Estado con las obras públicas de Santa Cruz. El tribunal oral estableció en su sentencia que ese delito lo cometió para su beneficio económico, obtenido mediante los negocios con Lázaro Báez que se investigan en el caso Hotesur. Ya no es una hipótesis de la acusación, es una verdad jurídica establecida en una sentencia, que no está firme.

En el caso Hotesur y Los Sauces se investigan dos actividades paralelas. Por un lado, la transferencias de dinero de las empresas de Lázaro Báez al patrimonio de Cristina Kirchner y sus hijos, mediante contratos de alquiler de servicios y explotación de sus hoteles en El Calafate. La hipótesis de la acusación es que esos servicios no se brindaron sino que fueron una simulación para justificar la transferencia de fondos. Por otro lado, se investiga la trasferencia de dinero al matrimonio presidencial por parte del empresario Cristóbal López en concepto de alquileres de propiedades de la familia Kirchner.

Para los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, parte del dinero obtenido por Báez en la obra pública pasó a manos de los Kirchner. Sin embargo, los jueces de otro tribunal oral, Adrián Grümberg y Daniel Obligado, con la disidencia de la jueza Adriana Palliotti, directamente sobreseyeron a Cristina Kirchner y a sus hijos en el expediente Hotesur y Los Sauces, sin hacer el juicio oral.

Los camaristas de la Casación Barroetaveña, Petrone y Figueroa revisan ese sobreseimiento. Los dos primeros ya emitieron su voto y resta el de la jueza, actual presidenta de la Cámara de Casación. El máximo tribunal penal podría revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner en ese caso, donde también están acusados Máximo y Florencia Kirchner, y disponer que se realice el juicio oral y público.

En el caso Hotesur y Los Sauces, Kirchner y su hijos están acusados de recibir retornos de Báez y Cristóbal López, en forma de alquileres, en pago por los fondos que los empresarios conseguían del Estado para realizar obras. Por su parte, en “La ruta del dinero K”, Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavar dinero de la obra pública originado en sobreprecios, por lo que está siendo juzgado junto con Cristina Kirchner.

En su apelación al sobreseimiento de la vicepresidenta en Hotesur y Los Sauces, los fiscales Diego Velasco y Mario Villar fueron durísimos al denostar el fallo dictado por Grümberg y Obligado. Velasco habló de la “gravedad institucional” de la decisión de que “con un simple análisis dogmático”, sin valorar pruebas, “devastó” años de investigación, sin posibilidad de debatir en juicio frente a la sociedad “el posible lavado de dinero llevado adelante por quienes ocuparon la Primera Magistratura de la Argentina durante más de 12 años”.

Villar, por su parte, al cuestionar a los jueces, dijo que “su único norte era cerrar la causa” contra Cristina Kirchner. Señaló que el fallo fue un “capricho” que no está derivado de la lógica de lo que ocurrió en el proceso. Habló de que en el caso hay una “estructura asociativa de carácter estable y permanente, organizada en base a una clara división de roles concretamente definidos y sostenida en forma ininterrumpida cuanto menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, la cual tenía por objeto la comisión de múltiples delitos que permitirían apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de cuantiosas sumas de dinero del erario público”.

Señaló que sus integrantes eran Néstor y Cristina Kirchner como jefes, mientras que como organizadores habrían tomado intervención Máximo Kirchner, Julio de Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner, Guillermo Periotti, Alberto Sancho, Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Cristóbal López y Fabián de Sousa. También integrarían dicha asociación, esta vez en calidad de miembros, Florencia Kirchner, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Martín Báez, Emilio Carlos Martín, Jorge Marcelo Ludueña y Ricardo Leandro Albornoz.

Enumeró que, en una primera etapa, la organización criminal diseñó una “cuidadosa ingeniería societaria, contable y legal que sería utilizada para sustraer los fondos públicos del Estado Nacional y, posteriormente, apoderárselos mediante distintos mecanismos de lavado de dinero”.

“En una segunda etapa, la asociación habría elaborado un sistema destinado a transferir y disimular el origen ilícito de parte de las ganancias obtenidas de los empresarios Báez, López y De Sousa al patrimonio de la familia Kirchner, por medio de una serie de préstamos, compra de propiedades, alquileres de distintos complejos hoteleros de propiedad de estos últimos, la construcción de mejoras en dichos establecimientos y el alquiler de propiedades del núcleo familiar”, escribió el fiscal. Esta última parte es la que se investiga en el caso Hotesur y Los Sauces.

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