La izquierda y piqueteros se movilizaron para pedir la liberación de los tres detenidos por atacar el Congreso

En medio de un fuerte operativo de seguridad, organizaciones sociales y de izquierda marcharon este miércoles a la sede de la cámara penal porteña para exigir la “inmediata libertad” de los tres manifestantes detenidos por el ataque al Congreso durante el debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) a la cabeza y al grito de “¡Libertad, libertad, a los presos por luchar!”, las agrupaciones improvisaron un escenario en la esquina de Libertad y Marcelo T. de Alvear, sobre el que hablaron distintos referentes de las organizaciones que denuncian que Oscar Santillán, Jaru Rodríguez y Julián Lazarte son “presos políticos”.

“No se puede criminalizar la protesta social, menos todavía cuando el hambre reina en los barrios y sectores populares, cuando el ajuste es la moneda corriente con la que se asienta este acuerdo votado en el Congreso”, sostuvieron las organizaciones en un documento leído este miércoles, al tiempo que pidieron “por el desprocesamiento y el cese de la persecución a los que luchan”.

“Quisiéramos no estar acá, quisiéramos que nuestros compañeros no estén detenidos por manifestarse en contra de este sistema”, expresó, por su parte, el representante del MTR que tomó la palabra. Y denunció que “fueron a buscar a los pobres del conurbano para mostrarlos como trofeo frente a la Justicia y a la opinión pública”. Agregó: “Llevamos más de 20 días con nuestros compañeros detenidos, hostigados y demonizados por los grandes medios de comunicación y diversos sectores políticos patronales”.

Las agrupaciones también se expresaron a favor de la liberación de Sebastián Romero, el militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) que tiene ahora detención domiciliaria por haber sido filmado utilizando un mortero casero durante las protestas contra la reforma previsional de Cambiemos en 2017.

La cuadra en la que se encuentra la sede judicial estaba completamente vallada al momento de la llegada de las columnas, que concentraron a las 10 y marcharon desde el Obelisco. La protesta generó dificultades para la circulación en los alrededores de la calle Libertad al 1000, en el barrio de Recoleta.

El caso Rodríguez Carrero

Jaru Alexander Rodríguez Carrero fue detenido el pasado 15 de marzo, cuando la Policía de la Ciudad realizó un allanamiento en su domicilio de Acassuso, en el partido bonaerense de San Isidro. Entre las pertenencias que incautaron en el procedimiento, había 51 plantas de marihuana y también material del MTR, una de las agrupaciones de izquierda que llegó a las inmediaciones del Congreso para protestar contra el entendimiento con el FMI.

Lo cierto es que a Rodríguez Carrero no se lo imputa por haber arrojado piedras contra el edificio del Palacio Legislativo, sino por aparecer en las imágenes mientras empuja uno de los containers de basura que luego fueron incinerados por los manifestantes.

En las últimas semanas, sus familiares y compañeros de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) comenzaron una campaña para pedir por su liberación, a la que se sumó el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, espacio que nuclea diversos organismos de derechos humanos de izquierda. Fue a partir de ese vínculo que dieron una conferencia de prensa para denunciar la “criminalización de la protesta social” y “reclamar la libertad de los manifestantes detenidos durante la represión que la Policía Federal y de la Ciudad desataron el jueves 10 sobre la movilización frente al Congreso Nacional contra el acuerdo con el FMI”.

“A Jaru nunca se lo ve realizando ningún acto de violencia, incluso hay un informe de la División Antiterrorista de la Ciudad que lo asegura. No hay ningún elemento legal para dictarle la prisión preventiva. La causa podría seguir sin problemas con nuestro amigo en libertad, no conlleva ningún riesgo de fuga ni está en sus intenciones”, indicaron sus compañeros en un comunicado difundido en redes sociales. “No es nuestra intención santificarlo, pero si demostrar que lejos está de dedicarle el tiempo y las ganas a organizar un ataque, supuestamente premeditado, al Congreso y a la oficina ya mencionada [de Cristina Kirchner]”, agregaron.

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