La irresponsabilidad fiscal de la vieja política

Una vez más el Congreso puso en riesgo la estabilidad económica del país sancionando leyes que buscan destruir la economía de la Argentina. La política debe dejar de darle la espalda a los ciudadanos y ser consciente de que el aumento del gasto público sin financiamiento adecuado es una receta que ya nos llevó al desastre total.

El reciente veto del Presidente pone fin al círculo perverso de la demagogia y la irresponsabilidad fiscal que condujo a nuestro país a tener índices desmedidos de inflación y la mitad de la ciudadanía empobrecida. Hace décadas que el sistema previsional argentino se encuentra en una situación crítica.

Los jubilados son los ciudadanos que más dependen de un Estado con problemas financieros en medio de una sociedad envejecida producto de leyes que dificultan el recambio generacional necesario para sostener el sistema previsional. Sin dudas, esta situación plantea un desafío significativo en términos de sostenibilidad y equidad, al mismo tiempo que refleja que la agenda política de las últimas décadas ha priorizado las ideologías por sobre los problemas profundos que nuestra Patria debe enfrentar.

¿Por cuánto tiempo más el Poder Legislativo será la cuna de la demagogia sancionado leyes que ponen en riesgo el esfuerzo que los argentinos están haciendo para salir de la decadencia empobrecedora que nos llevó a tener un Estado deficitario? El Gobierno valora el esfuerzo de los ciudadanos y por eso desde el 10 de diciembre del 2023 comenzó un cambio que consiste en tener un Estado que no gaste más de lo que recauda.

Desde hace tres meses que el haber medio de las jubilaciones está un 10% más alto (considerando la inflación) que en noviembre de 2023. Entonces, cabe preguntarse también: ¿por qué si la situación está mejor que en el final de la administración Fernández- Fernández, ahora la política muestra tanta vehemencia con esta ley?

Lo dijimos en campaña, y los ciudadanos, cansados de la irresponsabilidad fiscal de la vieja política, lo eligieron. El superávit fiscal y financiero es la piedra angular en la que se cimienta el camino de un país próspero que empiece la senda del crecimiento. La sociedad debe saber que con esta ley el gasto previsional de la Anses incrementaría un 18,5% para el año 2024 y un 29,2% para el año 2025, lo que pone en peligro el plan de estabilización cuyo único objetivo es erradicar de una vez y para siempre la inflación en Argentina

Hoy tenemos a un kirchnerismo amnésico que pide a gritos esta reforma jubilatoria cuando Cristina Fernández en el año 2010 vetó la Ley del 82% móvil, justificando su decisión en la insostenibilidad fiscal, el desfinanciamiento del Estado y la protección de futuras generaciones. Cuando en el 2015 aprobó la moratoria previsional, incluyendo a miles de jubilados sin aportes, desestabilizó las finanzas públicas y comenzó a hipotecar nuestro futuro. Poner en riesgo el déficit fiscal es abandonar el modelo de crecimiento y volver al modelo del empobrecimiento del que la política se sirvió para sus intereses durante 20 años pero que ahora todos los argentinos sufrimos.

El kirchnerismo llevó el tamaño del Estado del 20% al 45% del PIB, mientras que el país dejó de crecer en el año 2011, con un aumento continuo del empleo en negro, aumento continuo del gasto público, con déficit fiscal y aumento de la inflación.

Como consecuencia del descalabro económico, en 2023 el haber medio jubilatorio llegó a niveles del 2004 medido a precios actuales y quienes hoy buscan quebrar el equilibrio financiero del gobierno no asumen que la caída de las jubilaciones, desde máximos, alcanzó el 31% real (descontando la inflación) durante la gestión de Alberto Fernández.

Entonces, para comprender las causas detrás del veto, hay que considerar tres cuestiones alrededor de la discusión: el plan de estabilización del gobierno que con esta ley buscaron quebrar, la situación del sistema previsional argentino y cómo resolver el problema de fondo detrás de la discusión sobre los jubilados. Sobre esto último, es imperioso recordar que, tal como lo ha sostenido en campaña y en funciones nuestro presidente, “la mejor política social es bajar la inflación”. Desviarnos de esta última idea es olvidarnos de las consecuencias que hoy padecemos tras años de legislar y gobernar gastando irresponsablemente los recursos que el erario público recauda asfixiando a los ciudadanos.

Mientras se perdían miles de fuentes de trabajo en el sector privado, la política aumentaba la cantidad de empleados públicos. Mientras se cerraban empresas privadas, se despilfarraba la plata en empresas públicas mal administradas. Y así llegamos a la triste realidad de tener índices altísimos de pobreza e indigencia. La vieja política que aumentó las jubilaciones por debajo de la inflación hoy utiliza a los jubilados pretendiendo legislar sin calcular los costos y sin solucionar el problema de fondo.

El país debe pasar de este círculo vicioso de altos impuestos, con aumento del trabajo en negro, jubilados que ingresan mediante moratorias previsionales y cobran miserias; a uno virtuoso, de baja de impuestos, formalización de la economía, libertad para aportar a un sistema de capitalización que asegure a cada ciudadano los ahorros a futuro y donde no intervenga el Estado como intermediario.

Con este veto el presidente reafirma el rumbo de nuestro país con la convicción de que hay que cambiar y mejorar el sistema previsional. Queremos que nuestros jubilados sean dignos y no rehenes de la vieja política. Es fundamental recordar como quedó firmado en el Pacto de Mayo que un gobierno superavitario es la mejor medida para lograr que los jubilados y todos los argentinos vivamos mejor.