La investigación por el uso de sedes del PAMI para acciones políticas de La Cámpora pone a la defensiva a la agrupación

La Cámpora fue blanco la semana pasada de un pedido de declaraciones indagatorias que reeditó las acusaciones opositoras contra la agrupación por la utilización de sus unidades básicas para canalizar beneficios estatales. La denuncia judicial en la que se investiga a tres funcionarios del PAMI, comandado por Luana Volnovich, por la entrega de subsidios a centros de jubilados que funcionaban en locales camporistas se agregó a otros hechos en los que Juntos por el Cambio también señaló a la organización por entrecruzar lo partidario y lo estatal, como un caso de trámites de Anses en Tres de Febrero, o las inscripciones para la vacuna contra el coronavirus en distritos como Pergamino.

La denuncia por los subsidios entregados a centros de jubilados de la ciudad de Buenos Aires derivó en un pedido de indagatoria realizado por el fiscal federal Guillermo Marijuan contra los funcionarios del PAMI Osvaldo Aquino (gerente de Control de Gestión Social), Santiago Paredes Adra (asesor de la Gerencia de Promoción Social y Comunitaria) y Esteban Leguizamo (director ejecutivo de la Unidad de Gestión Local VI).

En la investigación, el fiscal constató que los centros “Seguimos Soñando”, “No me olvides”, “Palermo Viejo”, “Honrar la vida”, “Milagros al sur” y “La fe trae esperanzas”, que recibieron subsidios del PAMI por $100 mil cada uno, funcionan en locales porteños de La Cámpora. Son parte de una lista que completan otros tres centros de jubilados que, según la investigación, obtuvieron fondos diez veces mayores a los que se establecía para el “Subsidio Solidario de Sostenimiento”, que buscaba garantizar el funcionamiento de las entidades tras la pandemia de coronavirus.

Además de los montos y las sedes en unidades básicas, en el pedido de indagatorias el fiscal enumeró el destino del dinero y concluyó que no se utilizó para sostener el funcionamiento. Indicó que, al relevar la documentación respaldatoria presentada por los centros de jubilados, se observó que “Palermo Viejo” presentó “un recibo informal sin detalle”; que “Seguimos Soñando” compró “un parlante portátil”; “No me olvides”, “dos micrófonos, una pipeta para micrófono, un parlante, un horno eléctrico, entre otros”; “Honrar la vida”, “una licuadora, una procesadora, una cafetera y una pava eléctrica, entre otros”; “Milagros al sur”, “un generador eléctrico y una notebook”, y “La fe trae esperanzas”, “una mandolina, un colapasta, un vitroconvector y una cafetera, entre otros”.

El temor a las operaciones

Esta investigación, que tienen en el centro a Luana Volnovich, es percibida con inquietud por La Cámpora, donde la vinculan con otras denuncias recientes contra figuras del espacio. El más resonante es la investigación supuestamente irregular de cooperativas en el municipio de Quilmes, que gobierna Mayra Mendoza. También incluyen en la lista las denuncias del exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, contra los funcionarios de Energía a cargo del gasoducto Néstor Kirchner. “Está claro que son operaciones que buscan desgastarnos”, esgrimen en La Cámpora, donde apuntan contra la oposición pero también contra la interna dentro del Frente de Todos.

A esa lista se suma la denuncia hecha hace un mes por el canal TN respecto de que, en la sede de la Anses de Caseros, en Tres de Febrero, se derivaba a las personas a realizar trámites a un local partidario ubicado frente a la municipalidad, llamado La Casa de Todos, que lidera Juan Debandi (vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, concejal del Frente de Todos y referente de La Cámpora en Tres de Febrero).

“No podemos tolerar que se abusen los derechos de los que menos tienen y que los manipulen para beneficiar sus intereses políticos. Para nosotros, el Estado representa a todos, no los intereses de un partido o sector”, repudió el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (Juntos), tras la difusión del hecho. “Bajo un sello partidario en un folleto, promocionan los trámites y servicios que debe ofrecer el Estado en oficinas públicas y con empleados estatales”, se remarcó en el mismo comunicado municipal.

Debandi respondió y señaló que el local que lo tiene como cara visible continuará realizando trámites para los vecinos. “Acérquense, vengan con sus situaciones, sus problemas, sus proyectos. Eso es lo que queremos y por eso estamos tan contentos y orgullosos de haber construido La Casa de Todos”, convocó Debandi en un video que difundió en redes sociales como réplica. “No se usan fondos públicos, ni se realizan trámites oficiales”, indicó en uno de esos mensajes.

En La Cámpora niegan que utilicen sus locales partidarios para tramitar programas estatales. “No hay casos puntuales, no es una práctica que se utilice”, descartó un portavoz nacional de la organización que conduce el diputado Máximo Kirchner.

La agrupación ya había sido apuntada por la utilización de sus unidades básicas cuando comenzaba la campaña de vacunación contra el coronavirus. El intendente de Pergamino, Javier Martínez (Juntos) criticó que se ofreciera concurrir a un local de La Cámpora para recibir “asistencia y ayuda para la inscripción”, tal como rezaba un folleto del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el que también se convocaba a concurrir a la sede del “bloque de concejales del FDT”.

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