La invención de un enemigo impensado

Lo que la democracia argentina no pudo conseguir en casi 38 años, el presidente Alberto Fernández lo logró en apenas un mensaje grabado de menos de 18 minutos, el miércoles pasado. La cuestión es la participación decidida y visible de madres, padres y familias en la política educativa de la Argentina pero también, y eso es central, en la política que le importa al poder, la que da votos. Es decir, la ocupación de la calle y de los estudios de televisión por un sujeto político nuevo, nuevísimo en la política argentina: la familia y su interés concretísimo en la educación, puntualmente, en la presencialidad, lejos de la declamación retórica y políticamente correcta de otras épocas no tan lejanas.

Se trata de un animal político de menos de un año de vida, bien representado por la fundación de Padres.org, que empezó a ver la luz desde que cuarentena modelo 2020 se empezó a hacer intolerable y el regreso a las aulas comenzó a instalarse en la mesa familiar. Un actor político surgido a fuerza de un oficialismo sordo, el de los Fernández, a los reclamos de una clase media con aspiraciones que hace tiempo no interpreta. Es decir, un Vicentin educativo o una nueva 125 como se interpretó en las redes sociales: un error político de principiante por parte del presidente Fernández con un efecto colateral perjudicial, la invención, por cohesión, del enemigo político.

Al “pueblo” receptor de los beneficios de la visión peronista del mundo; al “ciudadano” de los tiempos alfonsinistas; al “vecino” del macri-larretismo, le sigue ahora la familia argentina, un actor social cuya transversalidad partidaria tienta a la clase política: representa una oportunidad única para ampliar la base de sustentación de los extremos de la polarización. Según una encuesta divulgada ayer por Management & Fit, y realizada para corroborar el impacto de la suspensión de clases presenciales, mostró que un 35% que votó a Fernández no está de acuerdo con el cierre de escuelas.

Quien mejor le hable a las familias y su preocupación más acuciante, las aulas abiertas o cerradas, le habla a los votos. No solo vacunas: ahora clases presenciales también son votos.

El escenario educativo-político planteado abre temas sensibles para la Argentina de hoy y del mediano plazo: la voz de las clases medias y su potencia constructiva refugiada durante décadas en la solución privada a los problemas colectivos; su poder real de lobby para contribuir realmente, prácticamente, a un gobierno de la Argentina más balanceado, que reponga aspiraciones educativas arrinconadas por décadas; la construcción de poder del oficialismo kirchnerista, sordo a reclamos de una sociedad transformada por la pandemia; la oportunidad de encontrar una distribución de poder político más balanceado entre el kirchnerismo y la oposición que representa CABA, con un oído más afinado para recoger los reclamos de este presente donde las aulas cerradas pesan tanto como el miedo al coronavirus.

El poder de las familias

La fuerza política de las familias encuentra un contexto único. Por un lado, una legitimidad igualadora: la pandemia y su impacto implacable en la escolaridad de todos, pobres, clases medias y ricos, y un año electoral. Por otro, las particulares característica de los padres de estas familias, también novedosas.

Los padres involucrados en este reclamo educativo de nueva generación cuentan con capital cultural suficiente como para acorralar a la clase política con datos y evidencia científica sobre la apertura de escuelas en tiempos de pandemia, acceden a una red de contactos influyentes en la opinión pública y la clase política para canalizar sus reclamos y consensuar estrategias de acción y cuentan con una visión ambiciosa en cuanto al modo de conseguir sus resultados. No se reducen a un horizonte declamatorio, a la queja televisiva bien pensante en torno a la educación ni a la firma de solicitadas condenatorias. Este fin de semana los padres organizados dieron un salto cualitativo en su estrategia de reclamo cuando llegaron hasta la Justicia. Con astucia política, también convirtieron a su principal aliado, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en CABA, en el oficialismo a cuestionar, al que exigirle la reapertura de las aulas. La Justicia porteña les dio la razón.

Es decir, se trata de familias con vocación de dar una pelea política apelando a la opinión pública, las fuerzas políticas y los estrados judiciales, con argumentos sólidos y tácticas novedosas.

La participación de los padres en los sistemas escolares es un tema de debate. Hay sociedades donde la vida institucional les reserva un lugar claro. En la provincia de Ontario, en Canadá, los padres integran los consejos escolares de las escuelas públicas, con opinión sobre temas claves de la vida escolar.

La judicialización de la vida escolar tampoco es excepcional ni está reservada a alumnos de clases medias activas, como los reclamos judiciales que algunos alumnos protagonizaron en su paso por colegios como el Nacional Buenos Aires. Hay en Canadá organizaciones legales pro bono que alientan a padres y a alumnos a llevar sus reclamos a la Justicia y los asesoran gratuitamente para avanzar.

Hay sociedades donde, además, la Justicia y los reclamos colectivos abrieron un camino. En mayo de 2012, nueve estudiantes de escuelas secundarias California presentaron un reclamo judicial conocido como Vergara vs. California, a partir del nombre de Beatriz Vergara, una de las estudiantes que inició el reclamo. El reclamo judicial sostenía la inconstitucionalidad, de acuerdo con la Constitución de California, del estatuto del docente público californiano, su sistema de nombramiento, ascensos y posibilidad de despido. Según el reclamo, el estatuto atentaba contra el derecho a la educación de calidad de, sobre todo, estudiantes de bajo nivel socioeconómico, que debían conformarse con docentes cuestionables en sus calificaciones profesionales. Fue una novedad en Estados Unidos aunque el reclamo, después de cuatro años, no logró prosperar pero abrió un debate sobre los derechos docentes y de los estudiantes.

En Argentina, también hay registro de un caso de reclamo de derechos educativos llevados a las más altas instancias judiciales: el reclamo educativo contra el gobierno de Salta por la obligatoriedad de la educación religiosa llegó hasta la Corte Suprema, que le dio la razón a los padres que se resistían a esa obligatoriedad.

Pero en el escenario local, en las últimas décadas, las clases medias optaron por solucionar sus problemas educativos en el pase a la escuela privada. El nivel de matrícula privada en Argentina, que se calcula en un 34 por ciento, es una excepcionalidad en los sistemas educativos desarrollados. Por eso el coronavirus es una oportunidad única para cohesionar el interés en la educación de padres de escuelas públicas y también privadas: por primera vez, nadie puede sostener que la educación es mala en general pero la escuela de sus hijos es buena, una falacia bien señalada por Guillermo Jaim Etcheverry en su ya clásico libro La tragedia educativa. Ahora el cierre de escuelas es un problema de todos.

En este contexto, un fenómeno de otros tiempos, la potencia de la clase media para fijar agendas de sentido común en la sociedad, se recupera ahora y con una presencia en el debate público y el escenario electoral que no se estanca en lo testimonial. Y que beneficia al sistema estatal y privado, a pobres, clases medias y ricos.

Fernández y el desatino de la unilateralidad

En tiempos difíciles el consenso es poder. Y es un error político de inexperto dar una orden que no se quiere cumplir. Un error político de principiante. Eso acaba de sucederle al kirchnerismo de la mano de Fernández con el cierre de escuelas.

Una medida discutible en su arbitrariedad, es decir, sin datos que la respalden, y solitaria en su diseño, es decir, sin los consensos que necesitan las decisiones políticas para que los afectados, docentes, alumnos y padres en este caso, las cumplan, acaba de impactar el tablero político e institucional de la Argentina.

Si Argentina cuenta con pocas armas para frenar el virus –sin vacunas, con pocos testeos y con poco capital político para encerrar a la gente–, lo único que le queda a los oficialismos es unificarse en el mejor de los casos, para salvar vida. En el más instrumental, para licuar responsabilidades. Socializar éxitos pero también culpas. Y sin embargo, Fernández se impuso decisiones que sabe que no va a poder cumplir.

Si se trata del cálculo electoral que toda fuerza política hace, y esos cálculos tienen banda ancha en la política local, la mejor protección política de un oficialismo en tiempos de pandemia es socializar la responsabilidad de la política sanitaria. La gestión de la pandemia modelo 2020 lo mostró: el consenso instrumental del oficialismo nacional con el oficialismo porteño le dio al gobierno de Fernández sus mejores réditos de imagen. El miedo a la pandemia fue el gran catalizador de consensos instrumentales en 2020. El miedo fue el factor de la cohesión social y también política.

Un año y pico después no alcanza con el miedo. Por un lado, porque el refugio obvio contra el miedo, el encierro, no dio resultados: 60 mil muertos. Segundo, porque la información mostró que el miedo absoluto no es necesariamente sabio sobre todo cuando los datos demuestran que el conocimiento generado a lo largo de este año indica que cerrar colegios como primera medida no es lo más atinado.

No hay gobierno sin autoridad y credibilidad, o viceversa: cada uno de esos factores son interdependientes. Los datos claros sobre la mesa política del consenso son la condición de posibilidad para consolidar ambos factores en este particular contexto. La pandemia es una situación extrema y no está claro que aún cuando los gobiernos hagan todo bien, los resultados serán positivos. En la pospandemia por venir, o en las elecciones llevadas a cabo durante las pandemias, quizás los gobiernos sean juzgados por la transparencia de su decisiones, por la racionalidad basada en datos de sus políticas, por una asunción franca de los errores al estilo Merkel y por la voluntad de consenso para instaurar sus medidas. Quizás eso sea lo máximo a lo que se pueda aspirar. No es poco pero para el gobierno kirchnerista parece, por el momento, mucho.

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