La intervención de Télam busca acelerar el cierre y que los empleados adhieran al plan de retiros voluntarios

El gobierno de Javier Milei busca acelerar el proceso de cierre de la agencia nacional de noticias Télam y el interventor Diego Chaher pidió iniciar un procedimiento preventivo de crisis en la Secretaría de Trabajo. Chaher comunicó a los empleados de la agencia que quienes no hayan adherido al régimen de retiros voluntarios, que fue extendido hasta el 10 de mayo, cobrarán el 50 por ciento de lo que se les ofrece en ese régimen.

El comunicado oficial contiene información contradictoria. Por un lado dice que “los trabajadores cobrarán el 50 por ciento de lo que les corresponde por indemnización”. Pero a su vez dice: “a partir del 11 de mayo, aquellos que no se hayan acogido el retiro voluntarios el Gobierno implementara el procedimiento de crisis que lo habilita a pagar el 50 por ciento de lo que esta ofreciendo actualmente para la obtención de retiros voluntarios”. Esa última información encendió las alarmas de los empleados dispensados y de los gremios que los representan porque los montos del 50 por ciento del retiro voluntario y del 50 de la indemnización no son equivalentes sino que esta última, en gran parte de los casos, es mayor por la antigüedad de años trabajados.

Desde que Javier Milei anunció el cierre de la agencia estatal de noticias en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, todos los trabajadores -en total 582 empleados y 46 colaboradores contratados- fueron dispensados de sus actividades con goce de sueldo. La dispensa todavía rige. El mes pasado se abrió el régimen de retiros voluntarios, que ahora fue extendido hasta el 10 de mayo. Ahora Chaher pidió dar inicio a un procedimiento preventivo de crisis y fijó una fecha límite para el plan de retiros voluntarios.

Según el documento al que accedió LA NACION, mediante el cual el interventor le pidió a la Secretaría de Trabajo iniciar el procedimiento preventivo de crisis, se están agotando los recursos económicos y humanos de la organización. “Con el correr de los días los recursos económicos y humanos con los que cuenta esta organización que insistimos -se ha encontrado en la necesidad de reconfigurar su diseño y ajustar su propósito- se van agotando, por lo que hemos decidido concentrar nuestra acción en profundizar la gestión del programa de retiros cuyo vencimiento en las actuales condiciones se producirá el 10 de mayo de 2024, todo ello con una estricta razón de ir adaptando el esquema a la efectiva disponibilidad de recursos que procura el Estado”, dice el documento.

Según reconstruyó este medio, durante el día de ayer los empleados de la agencia estatal recibieron vía mail una convocatoria para presentarse en las oficinas de la calle Defensa entre el 29 de abril y el 7 de mayo para “interiorizarse” sobre las condiciones y el alcance del Plan de Retiros Voluntarios.

El proceso preventivo de crisis está establecido por la ley de empleo Nº 24.013 y prevé una negociación entre la empresa, el sindicato y el Gobierno antes de aplicar despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor.

Aunque las autoridades de la intervención plantearon que, de no adherir a los retiros voluntarios, los empleados cobrarán la mitad de lo que se les ofrece en ese esquema, en realidad la ley de Contrato de Trabajo establece que cuando se dispone un despido por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245 de la ley (que establece el cálculo basado en los años de servicio y el salario).

En el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo se establece que las razones de fuerza mayor o la disminución de trabajo no imputable al empleador deberá ser “fehacientemente justificada”. En esos términos se amparan, por estas horas, los empleados de la agencia estatal que no se acogieron al régimen de retiros voluntarios. Y señalaron, ante la consulta de LA NACION que, si la empresa demuestra el estado de crisis, corresponde pagarle a los empleados la mitad de la indemnización y no la mitad de lo que se puede ofrecer como un pago por retiro voluntario.

Aún así, si prosperan las medidas impulsadas por la intervención de la agenda estatal, hay quienes analizan judicializar la situación. Y la vía judicial no parece ser la más alentadora para las autoridades a cargo de la intervención. Los antecedentes en el fuero laboral, cuando durante el gobierno de Mauricio Macri fueron despedidas más de 300 personas de la empresa estatal, los jueces que intervinieron dieron como válidos argumentos contra el cierre. En ese entonces cuestionaron que no se hubiera declarado el proceso preventivo de crisis, y afirmaron que los empleados de Télam están amparados por la ley de empleo público. En el fuero laboral ya fue dejado sin efecto el capítulo laboral del mega DNU firmado por Javier Milei en diciembre pasado.

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