La interna de la Corte: un fiscal pidió que se investiguen los cuestionamientos de Ricardo Lorenzetti sobre el manejo de la obra social judicial

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que la Justicia investigue las advertencias que hizo el juez Ricardo Lorenzetti en un voto en disidencia en el que alertó sobre una supuesta tolerancia indebida a irregularidades en la obra social del Poder Judicial, un voto en el que volvió a exponer la interna de la Corte Suprema.

El martes pasado, Lorenzetti se opuso a una reestructuración de la obra social que fue aprobada por los otros tres ministros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda; reclamó sancionar a las autoridades por irregularidades detectadas en una auditoría y rechazó una serie de contrataciones.

El viernes, Marijuan se presentó en una causa en la que no interviene -el expediente es de otra fiscalía- y dijo que no podía “soslayar” que “de las expresiones plasmadas por el Señor Ministro Doctor Ricardo Luis Lorenzetti en sus votos en disidencia”, tanto en la acordada como en dos resoluciones relacionadas con la obra social, “se desprenden conductas que, al menos de manera incipiente, podrían resultar plausibles de investigación y/o aportar elementos de prueba al sumario en trámite”.

El “sumario” al que aludió el fiscal es una causa que instruye el juez Ariel Lijo -en la que se enfrentó duramente con el fiscal del caso, Carlos Stornelli, que dijo que no hay delitos por investigar y pidió cerrarla- sobre presuntas irregularidades en el manejo de la obra social, un área dentro de la Corte que la tenía a su cargo Maqueda. El avance de esa causa y las diferencias por este tema entre Maqueda y Lorenzetti hicieron que los jueces, que en otros tiempos eran muy cercanos, dejaran de hablarse.

Marijuan recordó en su presentación de este viernes que Lorenzetti expuso en sus disidencias “su oposición a que se reforme nuevamente el estatuto, en el entendimiento de que se encontraban afectados principios sustantivos de derecho; señalando, además, la creación de un directorio con funciones meramente declarativas”.

“Asimismo -relató Marijuan- consideró que el actual directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación incumplió sus deberes, y que, por tanto, debían aplicarse las sanciones previstas en el estatuto vigente”.

El fiscal sostuvo que Lorenzetti refirió que hubo “graves incumplimientos” del directorio de la obra social; que no se cumplieron las directivas emanadas de una “severa” auditoría ordenada por la Corte, que no se licitó el software de gestión y que “tampoco se ha cumplido con la presentación del balance del año 2021, lo que constituye una irregularidad legalmente intolerable”. Además, denunció que un director que tenía su contrato vencido había transferido más de 3000 millones de pesos de la obra social a la Secretaría de Administración de la Corte y que ahora se le estaba renovando su contrato.

Marijuan, en su presentación judicial, dijo que las “consideraciones” de Lorenzetti “no solo pueden guardar relación con la causa caratulada ‘Tonón, Aldo [el director de la obra social, que sigue en su cargo] y otros s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”, del juzgado de Lijo, “sino que también pueden abrir nuevas líneas de investigación”.

En la causa radicada en el juzgado de Lijo, el fiscal Stornelli consideró que la denuncia que dio origen a la investigación no tiene asidero, y pidió su archivo y el sobreseimiento de Maqueda (quien, según el juzgado, no estaba siquiera imputado). El juez, sin embargo, mantuvo la causa abierta. Después del pedido de archivo de Stornelli, aceptó como querellante al Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), gremio ligado al kirchnerismo que había sido denunciante en este caso. Para Stornelli, todo lo hecho después de su pedido de archivo no tiene validez. Y se avecina un nuevo conflicto. Todo indica que en las próximas horas, el juzgado le correrá vista a Stornelli de la presentación de Marijuan, dijeron fuentes que trabajan en el caso.

Fuentes del máximo tribunal que defienden lo aprobado la semana pasada dijeron a LA NACION que Lorenzetti presentó objeciones “parciales o directamente erróneas” y que las reformas aprobadas son para ampliar la participación de los afiliados en la dirección de la obra social y dotarla de mayores estándares de transparencia y eficacia. Sostuvieron que a la luz de los resultados de la auditoría, “queda claro que mantener inalterada una estructura no implica que funcione en forma adecuada”. En cuanto a lo hecho por Marijuan, destacaron lo inusual de que un fiscal se presente en una causa radicada en otra fiscalía y en la que nada tiene que ver.

Lorenzetti, en su voto en disidencia, había pedido que los cuestionamientos que expuso se hicieran saber en la causa de Comodoro Py, pero como quedó en minoría, eso no iba a suceder.

No es la primera vez que Marijuan interviene desde Comodoro Py en un tema sensible de la Corte. En 2017 imputó a los tres jueces del tribunal que votaron a favor del 2x1 para condenados por delitos de lesa humanidad: Elena Highton -hoy jubilada-, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

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