La intendenta de San Miguel de Tucumán denunció amenazas de muerte tras un recorte de empleados

Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán, denunció que recibió amenazas después de dar de baja a los empleados municipales que su antecesor en el cargo, Germán Alfaro, incorporó sobre el final de su gestión. La jefa comunal, que pertenece a Unión por la Patria, hizo una presentación judicial y culpó por las intimidaciones a exfuncionarios de Alfaro, integrante de Juntos por el Cambio. Chahla ganó la intendencia en unas elecciones de desenlace ajustado ante Beatriz Ávila, senadora nacional y esposa de Alfaro.

“En WhatsApp dicen que me van a matar y hablan de ir a mi domicilio”, afirmó Chahla, en declaraciones al diario tucumano La Gaceta. Sostuvo que hay “concejales y legisladores que han sido elegidos por el pueblo” y que “hoy quieren dar un golpe institucional”. Añadió que son “exfuncionarios que quieren alterar la paz social”.

Según el relato de la intendenta de San Miguel, las intimidaciones comenzaron a partir del 1º de diciembre, cuando por el decreto 6314, se dio de baja a todos los empleados estatales que habían ingresado a la planta transitoria o a la permanente entre el 1º de septiembre y el 27 de octubre, con Alfaro en el cierre de su mandato y la nueva mandataria ya electa.

Las elecciones en Tucumán fueron el 11 de junio y la intendencia de la capital provincial fue el botín más disputado. Durante diez días, se dirimió a quién correspondía la victoria. Finalmente, tras el escrutinio definitivo y la revisión de 204 mesas., Chahla superó por 6205 votos a Ávila.

La jefa comunal de la capital tucumana subrayó que cuenta con pruebas de las amenazas, que “ya están en manos de la fiscal”. Y abundó: “Voy aportando los datos para que se identifique a estas personas que atentan contra la paz social”.

“Llama la atención los funcionarios que actúan de esta manera”, sostuvo Chahla. Sobre el recorte en la planta de empleados, argumentó: “No estoy sacando gente para poner a los míos, sino que quiero ser justa con los que estuvieron en la calle solucionando problemas y que hoy no están reconocidos con muchos años de antigüedad”. Los despedidos serían unos 1700, según publicó La Gaceta.

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