La intendenta de La Rioja demandó ante la Corte a la provincia para que libere fondos para pagar salarios

La intendenta radical Inés Brizuela y Doria demandó ante la Corte Suprema de Justicia a la provincia de La Rioja para conseguir que el gobernador peronista Ricardo Quintela le envíe fondos coparticipables para hacer frente al pago de sueldo de los estatales. Los trabajadores mantienen desde hace un mes en vilo a la ciudad, con un intento de toma del palacio municipal, el copamiento de las oficinas públicas, basura sin recoger, forcejeos, heridos y denuncias de inacción policial y judicial.

El conflicto creció al punto que intervinieron los máximos dirigentes de Juntos por el Cambio, por un lado, y la intendenta, que pidió la intervención del presidente Alberto Fernández en el caso. El gobierno provincial asegura que no tiene fondos para pagar sueldos porque la intendenta pasa planta permanente a 2500 empleados. Pero Brizuela y Doria acusó al gobernador Ricardo Quintela de gestar “un plan sistemático de acciones violentas”.

El gobernador se reunió días atrás con el jefe de gabinete Juan Manzur, el ministro del Interior Wado de Pedro y hasta con el presidente Alberto Fernández, pero tras esos encuentros voceros oficiales dijeron que no le iban a transferir fondos especiales por el conflicto. Ayer, en tanto, estuvo con Silvina Batakis para gestionar fondos.

La intendenta, representada por el abogado cordobés Antonio María Hernández, acudió a la Corte con un recuso de amparo amparo en el que solicitó “restablecer los órdenes constitucionales federal y provincial, que aseguran la autonomía municipal” que dijo fue “vulnerada por las autoridades de las Provincia de La Rioja en sus aspectos institucionales, políticos, financieros y administrativos”.

La intendenta se quejó de que “el accionar ilegítimo y arbitrario” de la provincia provocó “asfixia financiera” a la comuna “con el objetivo de detraer fondos de la coparticipación impositiva que le corresponden” y creó un “estado de abandono y de exposición al peligro del Municipio, sus dependencias y establecimientos, sus bienes y su personal”. Dice la demandada que la actuación del gobernador creó “una verdadera zona liberada para la comisión de delitos” porque la policía provincial y la justicia provincial demuestran “pasividad e inacción frente a los graves hechos de violencia y las múltiples agresiones y amenazas producidas por grupos de personas que han tomado por la fuerza y ocupado edificios municipales”.

Relata la demanda que “se han apoderado y retienen ilícitamente los camiones recolectores de basura, han atacado el Palacio Municipal produciendo daños a los bienes públicos y poniendo en riesgo a las personas”.

El escrito ante la Corte indica que esta actuación provincial implica “una verdadera intervención de facto del Municipio, al apropiarse y tomar a su cargo los servicios municipales (como viene ocurriendo con el servicio de transporte urbano de pasajeros, el asfaltado de calles de la Ciudad, el diseño urbano, la apropiación y disposición de inmuebles de propiedad municipal), y ahora, la recolección de residuos urbanos, que el Gobierno provincial ha tomado a su cargo y lleva acabo en toda la Ciudad en forma improvisada, precaria, irracional y generando un grave e inocultable daño ambiental”. Por eso la intendenta se quejó ante la Corte de la violación de la autonomía municipal.

“La demandada es la provincia de La Rioja y el caso en examen posee un nítido contenido federal pues se encuentra en cuestión la esencia de la autonomía municipal”, escribió el letrado y señaló que se violaron garantías constitucionales de seguridad personal y defensa en juicio. Denunció “una omisión estatal inexplicable y a un desprecio absoluto por las garantías y derechos constitucionales, el sistema federal y republicano, la soberanía popular, sin que exista ninguna autoridad ni instancia provincial que puedan remediar todos los agravios”.

La intendenta dijo que el conflicto económico se produjo por el deficiente reparto y distribución de fondos de la coparticipación de impuestos” donde hay “una evidencia discriminación y perjuicio al municipio” ya demás se suceden “el arrebato y apropiación provincial de servicios y competencias esenciales municipales” y mas recientemente la “inacción y omisión deliberada e intencional de prestar el debido auxilio y protección al municipio” por parte de la policía de la provincia y sus autoridades “ante ante la escalada de violencia y actos de agresión, vandalismo, apropiación de bienes y toma y ocupación ilegítima de edificios y dependencias públicas municipales realizados por un grupo de personas, actuando en banda y organizadamente, con el propósito confeso de deponer las autoridades municipales legítimamente constituidas”.

Por eso denunció la intendenta una “denegación de justicia en que incurren las autoridades judiciales de la provincia, que incluye a los Juzgados de Instrucción penal y correccional, el Superior Tribunal de Justicia y el Juzgado federal de La Rioja, quienes se han negado a intervenir y brindar el debido servicio de Justicia”.

Denunció la intendenta que la provincia coparticipa a los municipios menos del 10% de los recursos federales que recibe, quedando en las arcas provinciales más de 90% de los fondos girados por el Gobierno Nacional; y de cada 100 pesos que recibe, al municipio le tocan 340 pesos.

La intendenta dijo que la situación es de extrema gravedad y pidió que la Corte “ordene a las autoridades del Gobierno de La Rioja brindar al Municipio del Departamento Capital de La Rioja, su personal, sus bienes y a sus actividades propias, la seguridad y el mantenimiento del orden público por medio de la actuación oportuna y eficaz” de las fuerzas policiales” y que asegure la “prestación normal y regular de la totalidad de los servicios y funciones propias del Municipio de la Capital, y en especial el servicio esencial de recolección de residuos urbanos”.

Hace casi un mes que el 90% de los camiones que utiliza la ciudad de La Rioja para la recolección de residuos fueron secuestrados. Dos semanas atrás, incluso, un camión vació su contenido de residuos en la puerta de la municipalidad en un gesto contra la intendenta Brizuela y Doria.

El 2 de noviembre, la intendenta denunció que un grupo de manifestantes quiso violentar el palacio municipal a raíz de la falta de pago de los nuevos 2500 empleados que fueron pasados a planta permanente durante su gestión. La dirigente radical responsabilizó al gobernador Ricardo Quintela por la falta de personal policial para contener a los manifestantes que provocaron desmanes y le pidió al presidente Alberto Fernández que intervenga.

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