La inseguridad se metió en el final de la campaña e incomodó al oficialismo

Un tema que hace tiempo preocupa a la sociedad irrumpió como una tromba en la última semana de la campaña: la inseguridad. El asesinato del kiosquero Roberto Sabo, en Ramos Mejía, condensó una serie de componentes que lo volvieron un caso testigo. Al menos, así lo interpretaron los especialistas en opinión pública consultados por LA NACION que vieron en ese homicidio un factor que incidirá en el resultado de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo este domingo.

“La inseguridad se metió en la campaña y está teniendo un efecto comparable a lo que fue la foto de Olivos, en el sentido de que lo sucedido en Ramos Mejía es uno esos hechos que vuelcan y reordenan el tablero”, analizó Shila Vilker, de la consultora Trespuntozero, quien no dudó en sañalarlo como un acontecimiento que “reavivó” la indignación en la recta final a las elecciones: “El caso le dio una carnadura distinta al tema de la inseguridad, una preocupación que es constante y permanente y para la que pareciera no haber solución”, advirtió.

Según un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología (UBA) sobre percepción de inseguridad, dado a conocer hace dos semanas, casi 8 de cada 10 personas cree que la inseguridad aumentará entre algo y mucho en los próximos seis meses. El principal miedo es el asalto a mano armada dentro de la casa. Le siguen el robo en vía pública con violencia y el homicidio.

El sondeo, que se llevó a cabo entre el 15 y el 21 de octubre últimos y estuvo dirigido a una población mayor de 18 años, demuestra que, casi de manera unánime, en la sociedad se percibe inequidad entre los delitos y sus consecuentes castigos. El 95% considera que el que roba o delinque nunca paga sus acciones, mientras que el 62% cree que los delitos graves no tienen condenas acordes con su gravedad, y el 94%, por su parte, dijo que es necesario realizar cambios en las leyes penales para delitos graves y de lesa humanidad.

Según Vilker, aunque la preocupación central no deja de ser lo económico, de los análisis cualitativos se desprende que tanto el aumento sostenido de los precios como la inseguridad constituyen “los dos desvelos cotidianos” de los consultados, un síntoma de las dificultades para llevar adelante una vida más o menos tranquila, “sobre todo en el habitante medio del conurbano”.

“Hace un tiempo, a diferencia de ahora, el delito no se contaba en primera persona. Hoy sí. Es decir, la experiencia de la victimización es propia o vinculada a algún familiar. La inseguridad dejó de ser un fantasma, pasó a ser algo real”, agregó Vilker.

¿Pero cuánto influirá el caso de Ramos Mejía en lo que decida el electorado este 14 de noviembre? Para el sociólogo Carlos De Angelis, lo sucedido la semana pasada no solamente reafirmó a aquellos opositores convencidos, sino que generó una oleada de rechazo todavía mayor al oficialismo. “Es inevitable que se politice, el hecho tiene todos los condimentos. Un caso como este tiene todos los ingredientes para ser un emergente social, un catalizador de la violencia”.

En ese sentido, para Vilker, la responsabilidad de los oficialismos en materia de prevención y control del delito es innegable. “Cuando nosotros preguntamos quién es el responsable de la seguridad, aparecen los tres estamentos: nacional, provincial y local”, precisó.

“La demanda es total y hacia todos los estamentos”, insistió la especialista. Y remarcó que es la oposición de Juntos por el Cambio la que estaría en mejores condiciones para interpelar a la ciudadanía en este “clima de época”, con figuras de neto corte “punitivista” como es Patricia Bullrich, exministra del área durante la gestión macrista.

“Hay una cantidad de electores ‘blandos’ que le reconocen a la gestión de María Eugenia Vidal la lucha contra el narcotráfico. Después se puede evaluar si esa política funcionó o no, pero en términos de opinión pública eso está presente en la consideración del bonaerense”, concluyó.

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