La inquietud de Milei por el empleo y las inversiones pone en duda el pacto con los gremios
Los indicadores no aseguran aún una reactivación y se frenó la negociación con la CGT por el avance de los despidos en el Estado; la UTA se abre del paro de transporte
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LA NACIONNicolás Balinotti
Desde un atril o en el raid mediático de la última semana, Javier Milei intentó convencer a los empresarios locales y externos que es el momento ideal para invertir y crear empleo en la Argentina. Quiso demostrar que ese engranaje está en marcha al afirmar que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) garantizó ya la llegada de US$ 50.000 millones. “Se viene una tremenda oleada de dólares”, exageró. El Presidente no dio precisiones (tampoco sus entrevistadores se lo repreguntaron) sobre esas presuntas inversiones. Tampoco dieron detalles Manuel Adorni, su vocero, ni Daniel González, el funcionario del Ministerio de Economía a cargo del seguimiento de los potenciales nuevos inversores. Una curiosidad del calendario que permite por lo menos dudar del revoleo de cifras: Milei mencionó lo de los US$ 50.000 millones en su exposición virtual ante el Foro Económico Mundial del miércoles último, apenas 24 horas después de la oficialización del decreto 940/24 que reglamentó el RIGI. No darían los plazos.
La caída del empleo afecta tanto al sector público, consecuencia directa de la motosierra mileísta, como al privado. Está lejos de haberse frenado la tendencia, como aseguró el Gobierno. La destrucción de puestos de trabajo continúa incesante desde diciembre del año pasado. El último informe oficial, publicado hace dos semanas, afirma que el trabajo asalariado formal sufrió en julio su décima caída consecutiva en términos mensuales. Contabiliza casi 200.000 bajas de estas características desde la llegada al poder de Milei. Así surge del informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Creció, en cambio, el empleo informal y el autónomo. Otro síntoma de crisis.
También hay nerviosismo en los despachos oficiales por los indicadores que surgen del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del Indec. Si bien el EMAE comenzó a mostrar alguna señal positiva, deja en evidencia que el despegue de la actividad aún no tiene la suficiente fuerza para asegurar de que se trata de una reactivación. A nivel anual la caída promedio es de 3,8%, pero los sectores que se llevan la peor parte son los más relevantes para el mercado laboral: construcción (-18%), comercio (-7,9%) e industria (-6,7 por ciento). “Mejoraron los indicadores, pero el alza del empleo es homeopática”, admitió un funcionario que sigue de cerca estas estadísticas.
El Gobierno logró reducir la inflación, calmar el mercado financiero y se entusiasma con algunos datos de la actividad económica, pero si no se crea empleo, da la sensación que al plan le falta una pata. Tal vez por eso Milei hizo hincapié frente a los empresarios sobre la imperiosa necesidad de invertir y generar empleo. Habló de “reglas claras”, de “un terreno liso” y de “reducción de costos laborales”. En la misma línea se desarrollaron las exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Trabajo, Julio Cordero, en el Coloquio de IDEA, la semana pasada, en Mar del Plata. “Vengo a animarlos a tomar trabajadores”, fue la arenga de Cordero frente a un auditorio que durante décadas lo tuvo del otro lado del mostrador, como abogado del Grupo Techint.
¿Los grandes empresarios esperan la salida del cepo cambiario para invertir o esperan alguna otra señal más del Presidente? En IDEA surgió otra vez la preocupación por los bloqueos sindicales. Cordero pretendía avanzar el jueves en la reglamentación del artículo 94 de la Ley Bases en una mesa tripartita con empresarios y sindicalistas, pero la discusión se frustró, en parte, por la interna de la CGT. De los tres abogados que iban a ir en representación de los gremios solo quedó uno: Federico West Ocampo, mano derecha de Héctor Daer en Sanidad. Se bajaron Marta Pujadas, asesora legal de la Uocra, y Hugo Moyano (h.). Justamente la Uocra y Camioneros son dos de los gremios que apelan cada tanto a esta práctica como método de protesta y extorsión.
Pero hubo otros motivos que sumaron todavía más ruido al diálogo que abrió la CGT con el Gobierno: el nuevo guadañazo al empleo público y el intento por avanzar en privatizaciones que suponen más pérdidas de puestos de trabajo. Aunque lo que sucedió en el Senado fue lo que más preocupación generó. Victoria Villarruel avanzó la semana pasada con una resolución [la 044/24] que habilitó despidos, el cierre de un jardín maternal y en la volteada también habrían caído delegados de los gremios legislativos a pesar de su tutela sindical, una suerte de blindaje legal para aquellos trabajadores que desarrollan actividad gremial que impide que se los suspenda, despida o modifiquen sus condiciones laborales. Para la CGT, se cruzó un límite.
Pablo Moyano, uno de los tres jefes que tiene hoy la central obrera peronista, condicionó su futuro en el triunvirato a la espera de una reacción corporativa en contra del Gobierno. “Después del 30 de octubre [está previsto un paro de transporte] se decidirá la situación del sector que representamos, si continuar en la CGT o proponer una profundización del plan de lucha que arrancó con el paro de enero. No hay otra alternativa que un paro general”, dijo el jueves en declaraciones a Futurock. Si la protesta de los transportistas del miércoles próximo es contundente, Moyano irá al consejo directivo cegetista para presionar por otra huelga, la tercera contra la gestión de Milei.
La postura combativa de Moyano y sus aliados comenzó a incomodar al ala dialoguista de la CGT, que hasta ahora son mayoría en el consejo directivo. El mejor ejemplo es lo que sucede con Andrés Rodríguez, jefe histórico de los estatales de UPCN. La intimación del Gobierno en su rol de empleador para que 10.000 empleados inicien sus trámites jubilatorios y los recortes en la AFIP empujaron a Rodríguez a poner la guardia en alto. Hasta forzó una foto en alianza con el kirchnerista Daniel Catalano, referente de la seccional de ATE-Capital, para no quedar relegado ante el protagonismo que adquirió Rodolfo Aguiar, el jefe de ATE nacional que se puso desde el día uno al frente del reclamo por el ajuste en la administración pública. Diferentes estilos de dos dirigentes estatales que ven como nunca amenazado su poder de representación.
La UTA se abre del paro de transporte
Sin los colectiveros, el paro de transporte tendrá un impacto moderado. El Gobierno jugó fuerte para que eso suceda. Aceptó dar $18.700 millones mensuales más en subsidios a las empresas que tienen la concesión de los servicios para destrabar la paritaria con la UTA sin que haya suba de tarifas, algo que elevaría el índice inflacionario. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el sistema funciona con $170.000 millones mensuales, de los cuales un 70% son aportados por el Estado y el 30% por el precio de las tarifas, según fuentes del sector. A ese monto se le añaden ahora los $18.700 millones. La gestión libertaria había dicho que no iba a destinar más recursos para subsidiar el transporte ni el precio del boleto. ¿Otro giro? Todo lo vale con tal de evitar un fogonoza inflacionario.
Roberto Fernández, el jefe de la UTA, recibió esta semana un llamado del ferroviario Omar Maturano para sumarse al paro del 30. No hubo caso de convencerlo. “No voy a parar, mucho menos con los que intentaron tomarme el gremio en 2019″, le respondió, tajante, todavía con el recuerdo cuando la oposición le tomó la sede gremial a la fuerza.
En paralelo, Pablo Moyano buscó recomponer a través de un tercero su vínculo con Miguel Bustinduy, el opositor de Fernández en la UTA que talla entre los colectiveros del Grupo DOTA. Tampoco hubo un avance. Fernández y Bustinduy, a pesar de su rivalidad, saben que su negocio depende de los subsidios del Estado y de los empresarios del sector, donde circulan cada vez más versiones sobre un interés de Norberto Milei, padre del Presidente, en regresar al rubro a pesar de sus 82 años. Por lo pronto, el lunes se cerraría la paritaria de la UTA con un acuerdo, lo que garantizaría el funcionamiento de los colectivos el día del paro de los transportistas.
El desconcierto y la división sindical es una ramificación de la fractura del peronismo en su conjunto. Un sindicalista que frecuenta Cristina Kirchner y también a Axel Kicillof intuye que no habría vuelta atrás y que la reconciliación es difícil. Algo de esto sugirió ayer Máximo Kirchner. Ante el quiebre, en el sindicalismo se debate puertas adentro sobre la idea de volver a ser punta de lanza del PJ para enfrentar a Milei. Una receta conocida que no garantiza la unidad partidaria.
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