La industria del juicio se acerca a niveles récord con una curiosidad: los accidentes laborales bajan, pero los litigios crecen
La Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo advierte que pese a la baja en los accidentes laborales, la litigiosidad creció un 6% con respecto a 2023
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Los accidentes laborales que acaban en la Justicia crecerán este 2024 un 6% con respecto al año pasado y se consolidaría así la tendencia alcista iniciada tras la pandemia por el coronavirus.
Los datos se desprenden del último informe que elaboró la Unión de Aseguradores de Riesgo del Trabajo (UART), una organización que agrupa a las empresas del sector, que pronostica un cierre de año con números cercanos a los niveles más altos registrados en los últimos 2.
El trabajo, que lleva por título “La paradoja”, resalta de varios modos lo que, interpretan, es un contrasentido: los índices de “incidencias” corren a la baja desde hace más de 15 años –es decir, los infortunios laborales son cada vez menos– mientras los números de litigios, lejos de estabilizarse, crecen a ritmo sostenido desde la pandemia.
Hasta septiembre, la UART contabilizó cerca de 95.000 nuevas demandas judiciales y sobre ese piso, proyecta para el cierre de año un total de 124.000; una cifra muy próxima a los números de 2016 y 2017, cuando se registraron 127.000 y 130.000 respectivamente.
“Hay que resolver la prevención porque el trabajo no puede ser un riesgo. Debe haber prevención y responsabilidad para que el accidente no ocurra”, remarca a LA NACION Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, el gremio que reúne a los trabajadores de la construcción.
Sobre esa base, Martínez señala que para evitar la “industria del juicio” es necesario uniformar los criterios. “El diagnóstico es que falta un esquema de parámetros en ese tema a nivel nacional. Donde la arbitrariedad es factor conducente de los juicios”, explica.
Para la UART, parte de la solución se encuentra en la ley 27.438. El Congreso la sancionó en febrero de 2017 y dispuso, entre otras medidas, la creación de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) y deslindar los honorarios de los peritos del proceso.
Según informaron fuentes judiciales, la Corte Suprema le envió una carta a la jefatura de gabinete del Ejecutivo durante el Gobierno de Alberto Fernández solicitando las partidas presupuestarias para poner en funcionamientos las CMF. “Fueron rechazadas y con el nuevo Gobierno no hubo ningún tipo de respuesta”, relataron.
El procedimiento
“El procedimiento está viciado. Para un perito diagnosticar 100 de incapacidad o 2 requiere el mismo esfuerzo, pero en toda la justicia el perito cobra a porcentaje. A más daño más honorario”, señalan desde la UART, donde grafican el éxito de las CMF con una comparación entre las provincias de Jujuy y Salta.
La ley de 2017 incluye una tabla de incapacidades -un baremo- que es utilizado por las aseguradores y la comisión médica, pero que cae en desuso cuando el accidente se judicializa.
“Si no estás de acuerdo con ART, vas a la comisión médica, y después a la Justicia que no lo tiene en cuenta y suma daño psicológico. Si ambos utilizaron la misma vara no habría discrepancias y no tendría sentido hacer un juicio”, explican desde la UART.
La baja en los fallecimientos por accidentes es otra de las caras de la paradoja que denuncia el organismo. En lo que va del siglo, los accidentes fatales se redujeron entre un 73% (con in itinere) y un 78% (sin in itinere). Otro indicador es la disminución que la organización registra en el índice de incapacidad permanente, es decir, los daños sufridos por un trabajador.
Para dimensionar las relación entre ambas variables -los siniestros y los juicios- el informe compara los datos del país con los de España y Chile.
“Con similar accidentabilidad, la Argentina presenta casi 13 veces la judicialidad de España y 21 veces la de Chile. Claramente, un enorme problema que afecta la competitividad, detiene la generación y registración del empleo y retrasa el desarrollo económico”, señaló la UART en un comunicado.
Transversal
La creciente “litigiosidad” fue el eje del primer encuentro organizado en agosto por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (Cides), un think tank que no cuenta con más de un año.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti fue uno de los oradores centrales del evento. Entre otras iniciativas, reclamó la creación de juzgados “móviles y flexibles” y apuntó a generar “esquemas de incentivos” que promuevan la finalización del conflicto en instancias previas al juicio.
La preocupación por la problemática del juicio se extendió a distintos sectores. En la campaña camino a la Casa Rosada, la consigna encontró en la misma vereda, por caso, a los entonces candidatos Horacio Rodríguez Larreta y Juan Grabois. El dirigente social propuso un “seguro de contingencias” como un mecanismo de protección para el empresariado Pymes. “El principal problema que tienen es el pánico a ser fundidos por un juicio laboral”, solía señalar en sus tiempos como rival de Sergio Massa en la interna de Unión por la Patria.
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