La independencia del Poder Judicial y el futuro de la Argentina

La aprobación de los dictámenes de acusación en contra de los cuatros jueces que hoy integran la Corte Suprema generó un rechazo frontal de todos aquellos ciudadanos que anhelan vivir bajo el imperio de nuestra Constitución. Esos ciudadanos vienen sufriendo los reiterados intentos del actual oficialismo de cooptar el Poder Judicial, con el riesgo de arrastrarnos a padecer un régimen de hecho y no uno de derecho. Sobran razones para esa actitud en defensa de nuestras instituciones. Por un lado, por lo cuestionable que fueron tanto el procedimiento en sí en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados (plagado de anomalías), como por lo endeble de las acusaciones intentadas contra los jueces (en particular las que se refieren a las sentencias del tribunal cuyo contenido molestaban al gobierno). Por el otro, por la burda maniobra que se urdió a último momento para aprobar esos dictámenes. El reemplazo de seis de los 16 integrantes de la ajustada mayoría que tenía el oficialismo en esa comisión, apenas unas horas antes de la sesión del pasado martes 28 de noviembre, es una de las tantas artimañas institucionales que se desplegaron en contra del Poder Judicial durante la presidencia de Alberto Fernández. Los diputados que entraron a último momento no podían estar debidamente informados acerca de lo que iban a votar. Votaron a ciegas algo tan importante como una acusación que pretende destituir a todos los jueces que integran nuestro máximo tribunal y destruir así la independencia del poder judicial.

Este grosero accionar de una mayoría circunstancial en la Comisión de Juicio Político contó, además, con la evidente complicidad del otrora candidato a presidente Sergio Massa, que contradijo lo que había sugerido engañosamente durante la campaña. Los diputados Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán, del Frente Renovador liderado por el candidato derrotado, fueron funcionales hasta el final del proceso. Al igual que hicieron durante todo el año, prestaron su colaboración indispensable para poder concretar el dictamen de acusación contra los jueces.

Este nuevo ataque a la independencia del poder judicial puede ser leído de muchas formas. Algunos pueden ver con justa preocupación una futura amenaza que condiciona al tribunal. Otros, en cambio, pueden descartar la existencia de un problema: el oficialismo perdió las elecciones y hoy no tiene forma de alcanzar la mayoría agravada que exige el art. 53 de la Constitución Nacional para concretar la acusación, paso indispensable para poner en marcha el juicio público ante el Senado. Otra lectura, históricamente indiscutible, es la que se puede hacer a partir del reciente libro del profesor Osvaldo Pérez Sammartino, El Mito del Gorila. Una historia de la extorsión peronista a la Argentina republicana. Allí, el autor afirma, con razón, que la intervención directa sobre el Poder Judicial ha sido un objetivo de primera magnitud para el peronismo a lo largo de sus diez gobiernos, desde 1946 hasta la fecha. De ahí concluye que “la actual embestida contra el Poder Judicial se inscribe, por lo tanto, en la más pura ortodoxia peronista. En la comunidad organizada no hay lugar para la independencia judicial, que es vista como un obstáculo para el cumplimiento de la voluntad popular, que monopoliza el Presidente y ahora, en un aporte argentino a la teoría política, la vicepresidente”.

Desde esa misma perspectiva, otra lectura igualmente posible, es que estamos frente a la primera vez en que un gobierno peronista puede fracasar en su intento de cooptar o condicionar al Poder Judicial a lo largo de toda su historia: el presidente electo, Javier Milei, se manifestó varias veces en favor de una Justicia independiente; además, criticó este ataque contra la Corte y denunció que “este gobierno quiere ir sobre los jueces porque no le gustan los fallos”. Según parece, están dadas todas las condiciones para que el gran esfuerzo que hizo el oficialismo en su embate contra nuestro máximo tribunal quede en la nada y se convierta así en un sonoro fracaso.

Así debería ser. La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares centrales que sostiene todo nuestro edificio constitucional. Al igual que ocurre con los demás principios fundamentales de nuestro sistema constitucional, hemos adoptado esa especial concepción del Poder Judicial por la notable influencia que la Constitución de los Estados Unidos tuvo en nuestros constituyentes. ¿Y en qué consiste esa independencia que la Constitución la reconoce a los jueces desde 1853? Tal como afirmara el profesor Archibald Cox en un discurso en 1985, esa independencia implica, en primer lugar, que los jueces puedan decidir los casos que lleguen a sus estrados aplicando el derecho vigente y que puedan hacerlo libres de toda interferencia y presión, sea personal, económica, política o de cualquier otra naturaleza. En segundo lugar, que las sentencias de los tribunales pongan punto final a las cuestiones jurídicas que se debaten en los juicios que estos deciden, salvo que aquellas sean modificadas después por una ley, con efectos para el futuro y nunca retroactivos, o, dependiendo de la naturaleza de la cuestión decidida por los jueces, por una reforma constitucional posterior. Finalmente, que el poder político no tome ninguna decisión que modifique o altere la jurisdicción o la composición de los tribunales, especialmente de la Corte Suprema, para poder controlar de esta forma sus decisiones en materia constitucional.

La independencia del Poder Judicial es una garantía esencial que nuestra Constitución consagra enfáticamente en favor de todos los ciudadanos. Es indispensable para que los argentinos podamos contar con una protección contra los eventuales intentos de opresión por parte de los poderes políticos, vengan del Ejecutivo o del Congreso. También para que podamos defendernos contra cualquier violación de nuestros derechos fundamentales, que la Constitución no otorga ni crea, sino que reconoce como preexistentes y que deberían quedar fuera del alcance de cualquier gobierno. Y, no menos importante, para asegurar la existencia de jueces rectos e imparciales.

Estados Unidos tomó estas ideas de Inglaterra: una de las causas que originó la Gloriosa Revolución de 1688 y la sanción posterior de la Act of Settlement de 1701 (que dio origen a la moderna independencia del Poder Judicial), fue el férreo control que el rey Jacobo II ejercía sobre los jueces para condicionar la aplicación de las leyes inglesas. A su vez, los revolucionarios norteamericanos tuvieron que luchar después por un poder judicial independiente, cuando el rey Jorge III hizo depender de su mera voluntad la duración en el cargo de los jueces de las colonias. Esa lucha se mantuvo a lo largo de su historia. La independencia judicial tuvo que ser defendida en algunos momentos críticos como, por ejemplo, durante el impeachment al Justice Samuel Chase en 1805, durante el conflicto entre el popular Franklin Delano Roosevelt y la Suprema Corte en 1937, o más recientemente en 2021, luego de la conformación de la Presidential Commission on the Supreme Court of the United States a través de la Executive Order 14023, como reacción a las designaciones del presidente Donald Trump en el máximo tribunal. En todas esas ocasiones, la independencia del poder judicial fue defendida y preservada.

Tal como afirmara el famoso senador Samuel Ervin, Jr., de destacada participación en la investigación del escándalo del “Watergate”, la independencia del poder judicial es tal vez “la característica más esencial de una sociedad libre”. En nuestro país, casi 150 años antes, el General José de San Martín defendió una idea similar cuando afirmó que la independencia del poder judicial es “la única y verdadera garantía de la libertad del pueblo”. Sin embargo, esa relación inescindible entre libertad e independencia de los jueces exige ciudadanos conscientes de la importancia que tienen para defenderlas y para resistir los cantos de sirena de aquellos que quieren destruirlas, con todo tipo de pretextos. El mítico juez Learned Hand lo advirtió en un discurso en el Central Park, en medio de la Segunda Guerra Mundial, en mayo de 1944: “A menudo me pregunto si no depositamos demasiadas esperanzas en las constituciones, las leyes y los tribunales. Estas son falsas esperanzas; créanme, son falsas esperanzas. La libertad reside en el corazón de los hombres y de las mujeres; cuando muere allí, ninguna constitución, ninguna ley, ningún tribunal podrá salvarla. Ninguna constitución, ninguna ley, ningún tribunal puede hacer mucho para ayudarla”.

Ojalá que el seguro fracaso de este absurdo intento de remoción de todos los jueces de nuestra Corte Suprema sea recordado como un hito histórico en defensa de nuestras instituciones y que mantenga despiertos en todos los ciudadanos una conciencia exigente, primero, y un fundado orgullo, después, para seguir peleando por hacer realidad alguna vez un Poder Judicial integrado por jueces independientes, rectos e imparciales, en todos sus tribunales. Me animo a decir que el futuro de nuestro país depende de que se mantenga viva esa actitud cívica y republicana en las actuales generaciones y de tener la inteligencia de inculcarlas a las demás que nos sucedan para que, cuando llegue la hora, las defienden con mayor coraje y convicción todavía.

El autor es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral

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