La importancia del apuro de Axel Kicillof
El pasado 15 de enero, en este mismo medio, el senador provincial de Juntos por el Cambio Andrés De Leo publicó una nota intentando poner luz sobre la Ley Fiscal e Impositiva Bonaerense, iniciativa que impulsó un debate político y mediático sobre los fundamentos de tan importante propuesta legislativa.
Lejos de iluminar, arte no vedado al senador De Leo, dada su profunda sagacidad e inteligencia, en este caso lo vence su posición ideológica y pertenencia política que lo conducen a un camino de barro y oscuridad. Una de las características más destacables y jamás reconocida de la gestión pública radica en la necesidad imperiosa de lograr avances concretos, visibles, palpables, eficientes, transparentes, en períodos de tiempo determinados constitucionalmente, y bajo una estricta y constante fiscalización del electorado, los medios de comunicación, la justicia, la oposición, y los organismos de control. Y enhorabuena, aunque justo y beneficioso sería ampliar el universo de quienes deben demostrar soluciones y eficiencia para que ello suceda también en un período de tiempo determinado, con estricta fiscalización de la ciudadanía y organismos de control. Pero eso es arena de otro costal.
A esta suerte de condicionamientos temporales y de contralor hay que ubicar el amplio y estratégico territorio de la provincia de Buenos Aires, con su inmensidad poblacional y superficie en muchos casos mayores a estados nacionales, con sus múltiples, innumerables, justas e inabarcables demandas, sectores económicos, diversidad geográfica y económica, climática, regional.
Nuestra provincia cuenta con más del 40% de la población Argentina y similar porcentaje del Producto Bruto Interno, además de ser el territorio más extenso, por lejos. Sumemos a ello el peso de su estructura burocrática, institucional, legislativa y política, en el que rigen aún institutos de la época de la colonia, y cuyas reformas, modernización y actualización requieren de grandes consensos y respaldos políticos teniendo en cuenta la gran cantidad de sectores de interés públicos y privados que se entrecruzan, cada vez más anclados y pesados.
A este marco objetivo de situación, debemos agregar el estado general de la provincia en las últimas décadas. Es innegable reconocer el fracaso constante y sin diferencias en el intento de aprovechar el gran potencial bonaerense como locomotora de un proyecto nacional.
También, por si todo lo anterior fuera poco, y como dato contundente y categórico de la actual coyuntura, debemos considerar los datos oficiales del estado de la Nación y la Provincia al momento de asumir el nuevo gobierno. Aporto algunos que fueron consignados en la nota de elevación del proyecto de ley que aquí discutimos: "La crisis que vive la República Argentina se manifiesta, entre otras variables, en una contracción del PBI entre los años 2015 y 2019, que supera el 5%. En el mismo período, el PBI per cápita ha experimentado una reducción del 8%. Desde 2015 a 2019 se verificó una inflación acumulada de 278%, una suba del tipo de cambio de 508%, 40,8% de la población debajo de la línea de pobreza, 9,5% de indigencia, 10,6% de desempleo, 158 mil puestos de trabajo perdidos en cuatro años, y una deuda que representa el 95% del PBI." A estos datos lapidarios del Indec, que por cierto reconocemos como una de las políticas públicas destacables de la gestión de Macri, debemos agregar las estadísticas de la Universidad Católica Argentina para el territorio bonaerense: el 63,3% de los niños y las niñas en el conurbano se encuentran debajo de la línea de necesidades básicas vinculadas a la pobreza.
Aquí tenemos, quizá, las respuestas más contundentes a la pregunta formulada por el senador opositor: el porqué del apuro de Axel Kicillof. Otro interrogante me hubiera formulado si el flamante gobernador se hubiese demorado en impulsar las emergencias y determinación de los recursos mínimos indispensables para el sostenimiento corriente de la provincia: ¿por qué la demora de Axel? Que un senador opositor reconozca que nuestro gobernador se apura en comenzar a resolver los problemas heredados de la pésima gestión de María Eugenia Vidal es una ratificación de que estamos transitando el camino correcto. Y qué mejor manera de transitar las Navidades que trabajando para reducir de manera urgente los tristes datos referidos.
Si hay un argumento que la dirigencia política no puede esgrimir para aliviar la situación dramática en la que se encuentran muchos y muchas compatriotas es falta de tiempo para analizar y estudiar los avances impulsados por quienes fueron elegidos de manera mayoritaria por el electorado.
Esto fue, en gran parte, lo que motivó la urgencia de Kicillof. Más que una motivación de Axel se trata de una obligación del gobernador avanzar de manera urgente y con la mayor celeridad posible.
El impacto en el bolsillo
Otro de los argumentos insólitos que plantea el senador De Leo es que el apuro de Kicillof pretendía ocultar los impactos en la economía y el bolsillo de los bonaerenses y evitar que se descubrieran las reales intenciones del proyecto. Algo así como creer que todos los senadores y diputados de la Provincia, más el sector empresarial y productivo supuestamente afectado, estamos ciegos sin capacidad de análisis autónomo. O que tenemos un gobernador recién asumido que recurre a la trampa para lograr sus objetivos. Trampa es modificar por decreto una ley de blanqueo para beneficiar a familiares. Trampa es habilitar el juego online bajo pretexto de legalizarlo y recaudar impuestos, mientras se asfixia con quitas de subsidios a la actividad hípica y equina que son verdaderas pymes generadoras de empleo genuino. Ocultar a los argentinos las verdaderas intenciones es hacer campaña con promesas falsas para luego hacer todo exactamente al revés y jactarse de ello reconociendo que nadie los hubiera votado de haber dicho la verdad.
Ha sido notable la manera en que desde la oposición se recurrió de inmediato a instalar la palabra "impuestazo". El verdadero impuestazo lo generaron Macri y Vidal, con aumentos que superan el 1500% el costo de la electricidad, 700% el costo del gas, en el caso de la provincia de Buenos Aires aumentos del 1000% de la valuación del inmobiliario urbano, la duplicación de la valuación fiscal de los automotores debido al impacto de la terrible devaluación, el aumento indiscriminado de los precios de los alimentos, la caída catastrófica del consumo, la industria, la construcción. Es una impronta de estos tiempos esgrimir cualquier argumento o título fantasioso y alarmista, aún sin tener absolutamente ningún fundamento que pueda sostenerlo o, peor aún, que lo planteen aquellos que han sido responsables del problema que ahora acusan y flamean como alarmas para la sociedad.
Continuando con las fantasías sostenidas desde grandes titulares, Juntos por el Cambio defiende el Consenso Fiscal 2017 y patalea por la suspensión del mismo, olvidando que los primeros en solicitarlo fueron los gobernadores de su propia fuerza política al presidente Alberto Fernández. Dicho instrumento, además de ser la consecuencia del saqueo a los jubilados y jubiladas, ha sido una herramienta unitaria y centralista de control de las provincias y municipios y pérdida de las autonomías garantizadas por nuestro sistema federal y constitucional.
Respecto a la progresividad, ha sido claro desde el inicio el espíritu del proyecto: un aumento menor a los sectores más vulnerables y postergados de la economía, escalando de a poco entre sectores medios y medios altos, hasta llegar al máximo del aumento para los grupos más concentrados, beneficiarios en su gran mayoría de las políticas de Macri y Vidal. El tamaño del sector donde se focalizaba el mayor aumento es directamente proporcional al tamaño del sector beneficiado por Cambiemos durante sus 4 años de gestión: pocos.
Llama notablemente la atención que ahora se rasguen las vestiduras y adoctrinen sobre fórmulas equitativas y justas de segmentación, golpéandose el pecho al grito de protección a sectores medios y productivos cuando no han tenido empacho en igualar sin diferenciar en los aumentos impositivos, tarifarios, el costo en los combustibles y los alimentos. Podríamos decir que en materia de impuestos y tarifazos, Cambiemos garantizó el principio de igualdad. El aumento fue durísimo y para todos, sin segmentación.
Análisis aparte merece el endeudamiento del Estado Nacional y Provincial recibido el 10 de diciembre de 2019. En el caso de la Nación, cercano al 100% del PBI. En el bonaerense, deuda emitida en dólares por encima de los U$S 11.200 millones, con vencimientos para el mes de enero de 2020 que superan los ingresos provinciales para ese mismo mes. Senador De Leo, ¿se sigue preguntando sobre las urgencias de Kicillof?
Es más que correcto, y demuestra los intereses que defiende Kicillof, comunicar la imposibilidad real de afrontar los pagos y convocar a renegociar el disparate del esquema de vencimientos previstos, los montos y las tasas de interés.
Finalmente, luego de algunos agregados de la oposición al proyecto original, muchos muy interesantes por cierto, y con el acuerdo de Kicillof y el oficialismo de aceptar dichas modificaciones, extrañamente se continuó con los retardos dilatando su tratamiento. Allí sí descubrimos las verdaderas intenciones de Macri, Vidal y Juntos por el Cambio que durante los días de debate pretendieron ocultar bajo una falsa premisa de defensa de los sectores medios y productivos: la baja del impuesto a las empresas de cable y la industria farmacéutica, bajo pretexto del impacto en los bolsillos de los consumidores. Como bien explicó el titular del bloque de senadores del Frente de Todos, Gervasio Bosano, los inmensos beneficios generados por los gobiernos de Macri y Vidal a las farmaceúticas lejos estuvieron de disminuir el precio de los medicamentos; muy por el contrario, aumentaron más del 400%. Después de estos 4 años, ¿quién puede sinceramente creer que Juntos por el Cambio tiene vocación de proteger a los ciudadanos y consumidores?
La Ley Fiscal Impositiva incorpora la exención total a los jubilados de la mínima y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. También, aunque muy tibiamente, promueve el arraigo al eximir totalmente del impuesto a determinados establecimientos rurales que se dediquen, entre otras cosas, a la actividad tambera.
Sobre el inmobiliario baldío, es interesante el aumento para evitar la especulación inmobiliaria de terrenos ociosos y, así, incentivar el acceso a la tierra y la vivienda. Aunque para avanzar en este sentido es necesario recurrir a más y mejores herramientas.
En síntesis, ni el senador De Leo ni la oposición en general han encontrado argumentos sólidos para oponerse al avance del nuevo gobernador con miras a enfrentar la situación lastimosa que se vive en la provincia de Buenos Aires y las comunidades de los 135 municipios que la componen, siendo que el aumento fiscal se limita a la actualización del 55% de la inflación generada por Macri y Vidal en 2019, pero de manera segmentada, atendiendo a los vencimientos de una deuda inaceptable, y con la mirada puesta en comenzar de a poco a generar el arraigo necesario que dé por finalizada la contínua migración desde zonas del interior, rural, a urbanas, quizás el mayor drama de la Argentina y sus territorios.
Los alimentos, la calidad de vida, el desarrollo de nuestro país, dependen de fortalecer a los municipios, principalmente aquellos que se encuentran en las zonas productivas, incorporando las condiciones necesarias para el desarrollo de sus comunidades; esto es, conectividad, transporte, caminos rurales, escuelas, hospitales y centros de salud, universidades en cada región, acceso a la tierra y la vivienda también para la agricultura familiar, promoviendo la industrialización en origen, los mercados de cercanía y esquemas logísticos regionales.
Mientras Juntos por el Cambio discute sus nuevos liderazgos, aferrándose a cargos y estructuras o buscando negociarlos para fortalecer posiciones, en una pelea zonza y absurda, vacía de propuestas, desde el gobierno de Alberto Fernández en la Nación y Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires estamos arremangados y ocupados en poner de pie cada familia, productor, comerciante, empresario pyme, volviendo las cosas a la normalidad, donde el empleo, el acceso a alimentos sanos a precios justos, la vivienda y el hábitat, la tierra para producir, las vacaciones o el ocio familiar, sean nuevamente moneda corriente. Y poblar la Patria con arraigo y desarrollo para las comunidades del interior, sin importar su tamaño y ubicación geográfica, sean el desafío del Siglo XXI.
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El autor es senador provincial de Buenos Aires por el Frente de Todos
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