La Iglesia y funcionarios de la justicia se unieron en La Matanza contra “la penetración del narco en los barrios”
El encuentro tuvo lugar en el gimnasio Papa Francisco, en San Justo; allí estaba convocado el juez Lijo, pero faltó; hubo críticas al proyecto del gobierno para bajar la edad de imputabilidad
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PARA LA NACION
Representantes de la Iglesia católica y magistrados de diferentes niveles del Poder Judicial se reunieron este sábado en una jornada para asumir una agenda común contra “la penetración del narco en los barrios a los que no llega el Estado”. El encuentro se llevó a cabo en un polideportivo eclesiástico en Puerta de Hierro, una de las villas más castigadas de La Matanza, donde curas, jueces y vecinos abordaron su mirada sobre el flagelo de las adicciones, el crimen organizado y la falta de oportunidades. Hubo un mea culpa de algunos por la escasa celeridad de la Justicia y cuestionamientos al proyecto del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad de los menores.
En el “Gimnasio Papa Francisco”, perteneciente a la Parroquia de San José de la Diósesis de San Justo, localidad cabecera del enorme ecosistema territorial matancero, la primera palabra la tuvo monseñor Eduardo García. “A veces las políticas judiciales frente a las causas de narcotráfico son demasiado lentas y esquivas. Cerca de 40 mil causas hubo el año pasado por narcotráfico, de las cuales prosperaron nada más que 2 mil”, apuntó. “La calle, la cárcel y el cementerio son el destino y el proyecto de vida de muchos de los que viven y nacen acá”, sentenció.
La dura radiografía social fue observada atentamente por Julio Conte Grand (procurador de la provincia de Buenos Aires), Ángela Ledesma (jueza de la Cámara Federal de Casación Penal), Marisa Graham (defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación) y Alejandro Slokar (juez de la Cámara Federal de Casación Penal), entre otros jueces presentes. Participaron del acto junto a unos 200 menores y adultos a los que la Iglesia asiste, varios provenientes de la llamada “terminal de la pasta base”, como se conoce a la Estación Justo Villegas del Tren Belgrano, lindante al complejo.
El obispo de San Justo agradeció la llegada de los jueces a uno de los puntos más calientes del conurbano bonaerense para coordinar un camino común, aunque instó “al Estado en sus diversas posibilidades” a “tomar contacto para hacerse cargo y estar presente, no hacer sentir una visita al zoológico”. En ese sentido, remarcó el trabajo de la Iglesia en el territorio. “El milagro de la comunidad que se organiza, pese a la ausencia del Estado, creó este espacio donde estamos ahora, que hace no muchos años era un basural”, expresó. “Nosotros proponemos una regla de triple C: colegio, capilla y club”, completó.
Según datos de los 16 comedores de la Diócesis, desde 2019 hasta acá pasaron de 2 mil a 18 mil personas las que acuden a pedir un plato al día. Tras relatos en primera persona de históricos integrantes recuperados por los curas villeros encabezados por el padre Nicolás, conocido como “El Tano”, se invitó a los jueces a hablar. Comenzó Conte Grand: “Agradezco a los integrantes de la comunidad San José por demostrar que hay una posibilidad de trabajar en conjunto, de organizarse, de cuidarse entre todos para poder seguir avanzando, salir adelante y remover las dificultades”, expresó el procurador bonaerense.
Una de las voces más esperadas fue la de monseñor Oscar Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Destacó que “esta reunión fue fruto de una inquietud de magistrados que vinieron a decir nosotros queremos escuchar”. En esa línea, tradujo la iniciativa “como un deseo vocacional de servir a través de la Justicia, pero tomando contacto cercano con lugares en donde verdaderamente se ha vivido y se vive en forma profunda la vulnerabilidad que hay”. Encargado del cierre, pidió a los jueces imitar a quienes hacen la comunidad de la Diócesis de San Justo para “intentar transformar la realidad como la han transformado ellos”.
La ausencia de Lijo y el video del Papa
El de La Matanza fue el tercer encuentro que jueces, obispos y curas comparten en el año, que tuvo su puntapié en la villa 1-11-14 del Bajo Flores en la ciudad de Buenos Aires en mayo pasado. Uno de los protagonistas de la semana, el juez federal Ariel Lijo, postulado a la Corte Suprema por el oficialismo, figuraba como invitado, pero no participó. A la distancia sí lo hizo el Papa Francisco, cuya figura se encuentra presente en cada rincón del predio, con un breve video grabado desde el Vaticano en donde deseó que el encuentro sea “una linda caravana, llena de fe y esperanza”.
Tampoco pasó inadvertido el proyecto oficial para bajar la edad de imputabilidad, como pretende el Gobierno, cuyo proyecto para modificar el Régimen Penal Juvenil y hacer punibles los delitos de jóvenes de 13 años ya se encuentra en la Cámara de Diputados. En sus discursos, tanto Marisa Graham como Roberto Andrés Gallardo, juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, se manifestaron públicamente en contra.
“Aprovecho la oportunidad para decir que también tenemos que unirnos como Poder Judicial para oponernos a la baja de edad de imputabilidad penal”, señaló Gallardo, que trajo a colación una cita del papa Francisco: “Tiene una frase que sintetiza todo lo que podamos decir: ningún niño nace malo”. Por su parte, Graham acusó al Gobierno de que “la única política pública que se le ocurre para nuestras pibas y pibes es criminalizarnos y bajar la imputabilidad a los 13 años”. Y añadió: “Muchos de los presentes nos vamos a oponer y no bajamos de los 16 años”.
El rector de la Universidad de La Matanza, Daniel Martínez, otro de los participantes, advirtió: “Hoy tendría que haber estado mucha gente acá, asumiendo un compromiso. Pero no están. Seguramente, el año que viene los van a venir a buscar para que vayan a votar, pero hoy no están”, amplió y cerró: “La obligación de los que estamos en algún cargo es comprometernos a no darles la espalda, comprometernos a hacerlos visibles, de hacer visible a todas las necesidades de los chicos que están en la calle, de los que padecen, de los que tienen necesidad, de los que tienen frío”.
En total fueron 27 los jueces que participaron. A los mencionados se suman Agustina Díaz Cordero (vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación – Jueza Nacional de Familia), Gustavo Caramelo (juez Nacional en lo Civil), Jimena Monsalve (jueza Nacional de Ejecución Penal), Vilma Bisceglia (jueza Nacional de Ejecución Penal), Alejandra Alliaud (jueza Nacional en lo Criminal y Correccional), Karina Yabor (jueza de Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata) y Marcela Millán (defensora General de CABA).
Enviados de Rosatti
En paralelo, por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, dieron el presente su director general de la vocalía Silvio Robles y la subdirectora general de la vocalía Natalia Monayer. A su vez, dijeron presente el juez Santiago Zurzolo Suárez (Tribunal oral de Florencio Varela), los defensores Rosario Muñoz (Federal) y Patricio Rodríguez Graham (Federal); la jueza Marta Pascual (Menores de Lomas) y Paulina Coto (del Ministerio Público Fiscal de la Nación).
En la nómina judicial estuvo el flamante vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense. Oriundo de La Matanza, se trata de Facundo Tignanelli, integrante de la mesa chica de Máximo Kirchner y un armador de La Cámpora. “Es muy importante que hoy participe el Poder Judicial, ya que muchas veces es un poder alejado del ideario de la sociedad, aunque todos los días inciden sobre la cotidianidad, o se meta en los barrios. Por eso celebro esta iniciativa del Episcopado y de los jueces que hoy están acá”, valoró.
Terminaron de completar las asistencias Mariano Gutiérrez (de la Defensoría General de la Nación), Luis Duacastella (vicepresidente del Consejo de la Magistratura CABA), Javier De Luca (fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal), Alejandro Alagia (Fiscal General en causa de delitos de lesa humanidad), Patricia Silvia Russo (jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo), Magdalena Laiño Dondiz (jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional), Javier De Luca (fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal) y Virginia Barreyro (Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal).
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