La Iglesia reclamó por el recorte del presupuesto en educación y discapacidad

La Iglesia cuestionó el recorte presupuestario que el Gobierno prevé aplicar en el área educativa en 2023 y advirtió que “la prioridad de la educación en el ideario nacional no ocupa la agenda política ni social”.

Según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, el ajuste contemplado en el proyecto que tiene en tratamiento el Senado llega al 15,5%, más del doble que el recorte previsto en resto de la administración pública nacional. Es, además, el segundo presupuesto más bajo de los últimos 11 años. El más reducido fue en 2020, también durante la residencia de Alberto Fernández.

“Eso explica en gran parte la postergación y las enormes e inexplicables desigualdades que están a la vista en el territorio nacional, en especial en los tres niveles de la enseñanza básica”, advirtió en una declaración la Comisión de Educación del Episcopado, que preside el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli.

Frente al tratamiento del proyecto de presupuesto, los obispos señalan que “nadie niega que la actual coyuntura de la economía nacional necesita de un ordenamiento en las cuentas públicas, pero las variables de ajuste no pueden recaer en las áreas más sensibles y vulnerables de la población, no sin efectos perjudiciales”.

Advierten que los recortes dejan al descubierto “las graves consecuencias que recaen en las infancias, sobre las personas con discapacidad y en los niveles obligatorios de la educación”.

La comisión episcopal pronosticó que, de aprobarse e el proyecto elaborado por el ministro de Economía, Sergio Massa, “sin las correcciones que no pocas voces autorizadas han observado, estaríamos contradiciendo lo que en la Argentina se ha sostenido con orgullo, aun en los momentos más críticos: que cuidar a las nuevas generaciones y poner todos nuestros esfuerzos por educarlas es la mejor inversión, y nunca será un gasto excesivo”. Y agregó que “para mantener este ideario se necesita tener la valentía de colocar a la persona en el centro”, al citar un mensaje del papa Francisco a la comunidad internacional, en el que llama a la celebración de un pacto educativo.

Señaló también la necesidad de mantener “los logros legislativos que asisten a necesidades básicas de sectores sociales que ya son pobres y que no pueden correr el riesgo de verse empujados a la indigencia”, como las asignaciones familiares, las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE).

Al trazar un preocupante diagnóstico, la Comisión de Educación que encabeza el cardenal Poli alertó sobre el alto porcentaje de deserción escolar, que “hace años va en aumento y supera más del 50%”, al tiempo que “en algunas provincias los números son alarmantes”. Y mencionan, al respecto, las consecuencias graves, como la imposibilidad de acceder a estudios superiores y de conseguir un trabajo formal”.

Mencionó, también, las dificultades que salieron a la luz durante la pandemia y los resultados de las pruebas de aprendizaje, que colocan al país en una situación de “emergencia educativa”.

Riesgos para los discapacitados

Al margen del ajuste en educación, los obispos expresaron su preocupación por las partidas asignadas a ayudar a financiar programas para aliviar la situación de las personas con discapacidad.

“En tiempos de gran pobreza y de falta de trabajo, como los que vive nuestro país, entre quienes más sienten sus consecuencias se encuentran las personas con alguna discapacidad. Y si bien no podemos dejar de reconocer que en las últimas décadas se han abierto muchas posibilidades, no obstante, un significativo número de ellas queda marginado, en particular quienes no cuentan con cobertura social (obra social, pensión no contributiva, prepagas, PAMI)”.

Además del cardenal Poli, firman la declaración los obispos Marcelo Julián Margni (Avellaneda-Lanús), Juan Rubén Martínez (Posadas), Nicolás Baisi (Puerto Iguazú), Ignacio Damián Medina (auxiliar de Lomas de Zamora) y Jorge Esteban González (auxiliar de La Plata).

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