La Iglesia insiste con el pedido de alimentos para los comedores y advierte que el Gobierno debe “recapacitar”

La Iglesia volvió a insistir este martes con el reclamo por alimentos para comedores comunitarios. Lo hizo a través del obispo de Quilmes, Carlos Tissera, director de Cáritas, la organización con la que el Gobierno firmó recientemente un convenio por más de 310 millones de pesos para la compra de mercadería. “No es justo que se estén haciendo convenios con la Iglesia y no con otros servicios, programas o redes de comedores y que se le quite la comida a la gente”, remarcó Tissera.

“Desde Cáritas pedimos que se sienten en la mesa otras organizaciones sociales”, solicitó el obispo en un mensaje directo al gobierno de Javier Milei. “El Gobierno tiene que recapacitar. Primero está la comida de la gente y uno anhela que sea traída por el trabajo, lo lógico sería que los argentinos pudieran comer lo que se ganan. Pero con este porcentaje de pobreza que hay, solucionar el tema alimentario es el principal problema de todos”, expresó Tissera.

Además, indicó que “no le pareció justo” que porque “haya sospechas de la dirección de algunos montos o ciertos grupos, se le quite la comida a la gente que está más allá de un movimiento, sea del grupo político que sea”, dijo en diálogo con CNN Radio. Es que el Gobierno, con el objetivo de reducir la injerencia de las organizaciones sociales, frenó el reparto de alimentos “secos” a los comedores sociales y puso en marcha un auditoría para transparentar la entrega de recursos.

Según afirman distintos dirigentes sociales, la situación que atraviesan los comedores comunitarios es crítica. Muchos de estos centros debieron recortar los días de asistencias y en muchos casos cerrar sus puertas. Aquellos que todavía ofrecen un plato de comida o una merienda –ya sea porque reciben asistencia de la Provincia o la Ciudad, estiran los recursos recibidos a fin de año, o se apoyan en las donaciones– se ven sobrecargados por una demanda que creció en los últimos meses y comienzan a ver los límites: “Nos queda para 10 o 15 días”, le dijo un dirigente social a este medio.

Los dichos de Tissera refuerzan el mensaje que la propia Iglesia dio en un comunicado previo a la visita del presidente Milei al Vaticano, donde se reunió con el Papa Francisco, y amplifican el pedido de las organizaciones sociales, uno de los ejes centrales en las muchas protestas que emprendieron desde el inicio de la gestión libertaria.

“Todos los espacios de cuidado que dan de comer, todos los comedores comunitarios, de parroquias, Iglesias evangélicas, y de movimientos populares deben recibir ayuda sin dilación. Ningún sector de los que hoy están actuando, ninguna institución o Iglesia, podría hacerlo solo”, se lee en el texto que lleva la firma de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal, presidida por el obispo Oscar Ojea. “La comida no puede ser la variable de ajuste”, dice el texto en su tramo más explícito. A su vez, luego del convenio firmado con el ministerio de Capital Humano, Cáritas emitió un comunicado agradeciendo el gesto y la confianza. No obstante, se apuró en subrayar la inexistencia de un “acuerdo exclusivo” con el Estado.

“Se ha malinterpretado dicho compromiso entendiéndolo como un acuerdo exclusivo entre la Iglesia y el Estado para ser los interlocutores únicos o principales validados en la ayuda a los sectores más vulnerables”, dice el texto, que añade: “hoy nadie puede asumir la cantidad y complejidad del trabajo social de manera individual, y es por eso que insistimos en integrar a todos aquellos que con enorme sensibilidad atienden a los más pobres y en que también se les dé la ayuda necesaria para que puedan seguir haciéndolo”.

Más críticas

La voz de la Iglesia no fue la única que acompañó el pedido de las organizaciones sociales. En la misma dirección apuntaron recientemente los diputados de la Coalición Cívica. Con una carta, los legisladores alertaron sobre la “frágil situación en materia alimentaria” y solicitaron que “se realicen urgentemente los esfuerzos políticos y administrativos para no desatender las necesidades alimentarias”. Por su parte, el dirigente social y político, Juan Grabois, inició una acción judicial contra la ministra por incumplir sus “deberes de funcionario público”.

En otro orden, Tissera se refirió también al encuentro entre el presidente y el jefe de la Iglesia. “Las personas que tienen una alta responsabilidad, tanto el Papa como el Presidente de la Nación, deben buscar el bien de la gente. Cuando uno asume una función como estas debe procurar el bien de todos”. A su vez, destacó que “es la continuidad de un camino” ya que “el Papa siempre ha tenido relación con todos los presidentes de la Argentina”.

En un reciente entrevista con la prensa Italiana, el Presidente indicó que el sumo Pontífice “aprobó su programa económico”, al tiempo que “le manifestó su preocupación por los sectores más vulnerables”. Fuentes del Vaticano se mostraron sorprendidas por los dichos del Presidente. “Un Pontífice no suele darle el visto bueno a acciones concretas y técnicas de gobierno, no es el estilo”, subrayaron.

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