La idea de Milei de exponer el patrimonio de los periodistas generó un fuerte rechazo en la comisión de Libertad de Expresión de Diputados

Referentes de la oposición que integran la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados se manifestaron en contra de la idea de Javier Milei de incluir a los periodistas entre las consideradas “personas expuestas políticamente” (PEP). El Poder Ejecutivo no envió la iniciativa al Congreso ni tampoco anticipó la propuesta a los legisladores oficialistas, que se mostraron a favor de estos cambios. Se suma al repudio que cosechó la regulación publicada esta mañana en el Boletín Oficial sobre la limitación al acceso a la información pública.

El Presidente esbozó la propuesta durante una entrevista en LN+. “Si quieren, pido al Congreso que mande una ley donde los periodistas sean personas políticamente expuestas. Que presenten declaración jurada, que puedan ser sometidos al escarnio público que los periodistas someten al resto de la sociedad”, desafió. A continuación, argumentó: “Hay casos de periodistas que se han sentado frente a empresarios, les tiraron una carpeta y si no les daban tanta plata, los exponían. Todas mentiras. Hicieron mucha plata”.

“Es un amedrentamiento a la libertad de expresión. Esto ya pasó en otros países y hay resoluciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los periodistas de medios privados o independientes del Estado no deben por qué ser personas políticamente expuestas. Toda persona que trabaja en una entidad privada no tiene que rendir cuentas de sus ingresos salvo en lo que refiere a la evasión fiscal”, consideró la diputada radical Karina Banfi (Buenos Aires). “Es un delirio”, remató.

La libertaria Emilia Orozco, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, defendió la propuesta de Milei con el argumento de que se enmarca en el compromiso para “mejorar el debate público y la confianza en las instituciones que lo hacen posible”. “Toda iniciativa que busque fortalecer la transparencia y la responsabilidad en el ámbito de la opinión pública es positiva y merece nuestra atención”, consideró la diputada salteña, a la vez que destacó que la propuesta “podría contribuir con la mejora de la calidad de la información y una mayor transparencia que permitirá elevar la confianza en la industria”.

La definición de PEP se encuentra en la Ley 25.24 y establece que son las personas “a quienes se les han confiado funciones públicas prominentes internamente, en otro país o en organismos internacionales”. Esta norma es complementada por una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) -35/2023- donde se listan de manera taxativa los cargos públicos alcanzados.

Como referente de Pro, la legisladora Silvana Giudici (CABA) matizó la idea del Presidente y citó un ejemplo para darle un marco de referencia. Recordó que los artículos 14, 32, y 43 de la Constitución Nacional “dan amplia protección a los periodistas”. “No pueden ser castigados por sus opiniones, la información que publiquen no admite censura previa y sus fuentes deben ser respetadas bajo absoluta confidencialidad. En ese sentido el gobierno no podría emitir ninguna norma que vulnere esos principios”, precisó. “La norma de ética pública está planteada en particular para todo aquel ciudadano que tenga mayor exigencia por recibir fondos del Estado o por ejercer cargos de decisión que tendrían influencia sobre aspectos económicos sobre privados. Está claro que los periodistas no están alcanzados y no deberían recibir ninguna regulación en ese sentido”, sumó.

No obstante, la dirigente cercana a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que el Presidente “plantea una opinión” cuando afirma que los periodistas deberían ser personas políticamente expuestas. “Entiendo el punto del Presidente sobre el origen de los fondos y acceso a pauta oficial. Por ejemplo, un periodista durante 2021 recibió $150 millones de pauta de PAMI y ANSES, con eso se compró una radio y formó un multimedio de línea editorial oficialista. Esos casos tampoco deberían existir porque la injerencia indebida a través de fondos públicos sobre la línea editorial afecta a la libertad de expresión y es una forma de censura indirecta”, analizó.

Desde un lugar más crítico, Christian Castillo (Buenos Aires), del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) destacó que la propuesta presidencial no se anticipó en la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados y que se ocupará de estudiarla. El legislador consideró que es una medida que “continuan con la política del Gobierno de dificultar y atacar la actividad periodística de todos lo que le hagan críticas”.

También se expresó al respecto la diputada entrerriana de Unión por la Patria, Carolina Gaillard, quien calificó la idea de Milei como “una más de todas las amenazas y agresiones que viene ejerciendo el Presidente contra el periodismo desde que inició su mandato”. Destacó que el primer mandatario “busca disciplinar al periodismo y cercenar el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental para poder tener una democracia plena”. “Como no le alcanza con insultarlos, agredirlos e iniciarles causas judiciales, ahora también quiere amenazarlos con ponerles restricciones que son propias de los funcionarios públicos, no de la prensa”, agregó Gaillard, quien señaló que como integrante de la Comisión de Libertad de Expresión trabajará para evitar que la iniciativa prospere.

Límites a la información pública

Por decreto, el Gobierno cambió la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y acotó los datos que pueden ser solicitados a través de este mecanismo. Delimitó “el alcance del concepto de ‘información pública’, que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”.

Una de las voces más críticas en el Congreso sobre esta medida fue la de Banfi, que objetó la intromisión del Poder Ejecutivo en los asuntos de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que es un ente autónomo y atárquico. “Qué está haciendo la señora Beatriz de Anchorena -titular del organismo- que hace un mes que tiene la resolución del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y no se expidió cuestionándole la intromisión en su autonomía. La única que puede sacar una resolución interpretativa es la AAIP porque tiene caracter autónomo. Barra no puede interpretar una ley de orden público que regula el derecho humano al acceso a la información pública”, sentenció la diputada radical. Y consultó de manera retórica: “¿Los supuestos golpes a Fabiola [Yañez] -exmujer de Alberto Fernández- son de interés público o privado?”.

En julio, Barra sostuvo que debían rechazarse los pedidos de acceso a la información sobre los perros de Milei que viven en la quinta de Olivos (consultas que incluían, por ejemplo, cuánto habían costado los caniles construidos en la residencia oficial). Barra, en respuesta a una consulta de Karina Milei, dictaminó que eran preguntas “banales” y que debían ignorarse porque versaban sobre asuntos que hacían a la vida “privada” del Presidente. Barra exhortó a que no volvieran a hacerse consultas semejantes.

El decreto 780/24 está firmado por el primer mandatario y el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos. Su publicación en el Boletín Oficial puso en alerta a organizaciones de la sociedad civil especializadas en acceso a la información pública, como Poder Ciudadano, que emitió un comunicado en el que expresó su “preocupación” por el decreto y dijo que olvida que el principio fundamental “es que la información se presume pública y el secreto es la excepción”.

En su artículo 3, el decreto de Milei señala: “No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N.º 27.275 y su modificatoria”.

Sobre este punto, Gaillard subrayó la “ambigüedad” que introduce el decreto al mencionar “la ausencia del interés público comprometido”, que puede ser utilizado para “denegar arbitrariamente solicitudes de información”. “Cercena el derecho de acceder a la información, tal como esta previsto en la ley”, remató la diputada kirchnerista, y anticipó que trabajarán para revertirlo. En la misma línea se expresó el legislador Castillo. “Hay que ver las maneras de revocar la medida porque es una fuente de información muy importante”, consideró.

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