La historia de la filtración ilegal que motivó la cadena nacional y la denuncia penal de Alberto Fernández
El fin de semana se publicaron supuestos mensajes entre jueces, un ministro de Larreta y directivos de Clarín en los que discuten cómo ocultar pruebas de un viaje juntos a Lago Escondido, en la Patagonia
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LA NACION
El discurso en cadena nacional que dio este lunes el presidente Alberto Fernández fue el desenlace de una filtración ilegal de supuestos mensajes privados intercambiados en un grupo de la plataforma Telegram por cuatro jueces, un fiscal, el ministro de Justicia de la ciudad de Buenos Aires y directivos del Grupo Clarín que compartieron en octubre un viaje al campo del empresario británico Joe Lewis en la Patagonia.
En una gran cantidad de chats y audios viralizados durante este fin de semana, los aludidos debaten cómo responder a las consultas periodísticas que recibían sobre esa excursión después de que el diario Página 12 publicara un artículo al respecto en su edición del 17 de octubre. Se desconoce la forma en que esa información de carácter privado fue obtenida y quién la hizo circular inicialmente a través de sitios anónimos de Internet. El Presidente admitió que lo difundido es producto de un hackeo: “No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación”, dijo en la cadena nacional.
Según los chats, a instancias del juez federal Julián Ercolini –que fue quien instruyó la causa Vialidad por la que está siendo juzgada Cristina Kirchner- los protagonistas habrían decidido recurrir a facturas falsas para ocultar que los funcionarios no habían pagado los gastos del vuelo privado y la estadía. Los mensajes incluyen audios, en los que se reconocen las voces de varios de los involucrados.
La filtración ocurrió dos días antes de la fecha prevista para el veredicto del caso Vialidad. Uno de los protagonistas, el juez Pablo Yadarola, presentó una denuncia penal por espionaje ilegal, en la que sostuvo que el contenido de los mensajes había sido adulterado. Otro de los involucrados, el ministro porteño Marcelo D’Alessandro, anunció que irá a la Justicia a denunciar que fue hackeado su teléfono y que los mensajes son falsos. “Son supuestas charlas, cosas editadas, cosas armadas, algo muy peligroso que daña las instituciones”, dijo en radio Mitre. En Twitter escribió: “Otra vez la mafia kirchnerista en su máxima expresión”.
Los supuestos chats fueron reproducidos este domingo por el diario Tiempo Argentino y por el sitio El Cohete a la Luna, de Horacio Verbitsky.
En los mensajes que se viralizaron figuran como participantes del grupo de Telegram cuatro jueces: Ercolini, que además de Vialidad instruyó los casos Hotesur y Los Sauces; Yadarola, que es juez penal económico; el juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials y el camarista de Casación Carlos Mahiques, exministro del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal. También, el mencionado D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; el titular del Ministerio Público de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; dos altos directivos del Grupo Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey; el asesor de comunicación Tomás Reinke y el exfuncionario de inteligencia Leo Bergot.
La historia del viaje a Lago Escondido la publicó por primera vez Página 12. En aquel texto de hace tres semanas se aludía a que no estaba clara la lista completa de los viajeros ni cómo se financió la excursión.
Según los chats, el primer objetivo de las conversaciones en el grupo era que la noticia del viaje no siguiera reproduciéndose y, después, instalar que había sido un viaje que cada uno pagó de su bolsillo. Esa fue la explicación que Ercolini le dio a LA NACION cuando este medio se comunicó con él en octubre para chequear la noticia de Página 12 (en aquel momento, se publicó que los jueces habían viajado junto a D’Alessandro, pero no se mencionaba a los directivos de Clarín). LA NACION volvió a comunicarse este lunes con el juzgado, donde dijeron que el magistrado no haría declaraciones por el momento.
En los chats se menciona a Julián Leunda, jefe de asesores de Alberto Fernández, que antes trabajó con los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo que controlan C5N y Radio 10. De acuerdo con los mensajes divulgados, tres de los participantes dicen que Leunda se comunicó con ellos para decirles que nada saldría sobre el tema en los medios de ese grupo.
El Presidente dijo en su mensaje por cadena nacional que el episodio muestra “un perverso juego de cohechos” y pidió denunciar penalmente a magistrados, políticos y empresarios involucrados en la filtración. “Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros”, dijo el Presidente. Y denunció “el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”.
Antes del discurso presidencial, el ministro de Justicia, Martín Soria, había dicho que los supuestos chats eran “la prueba del lawfare” contra Cristina Kirchner, cuyo abogado José Ubeira había exigido este lunes a Alberto Fernández “dar explicaciones” por el papel de Leunda.
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