La “gran caja”: los fondos fiduciarios que mueven 1,5 billón de pesos al año y llevaron al colapso la votación de la ley ómnibus

Transcurrían los minutos y el Gobierno acumulaba un traspié tras otro durante la votación en particular del proyecto de ley ómnibus, hasta sumar 8 reveses en 20 votaciones. El primero, el que marcó la senda de la debacle en el Congreso, fue la negativa de halcones y dialoguistas de entregarle la potestad a la Casa Rosada de disponer a voluntad sobre los fondos fiduciarios. Es decir, sobre una partida anual que oscila entre los 8.000 y 10.000 millones de dólares, con controles exiguos o inexistentes, según reconstruyó LA NACION.

Los fondos fiduciarios resultaron, en la práctica, la gran caja de la política durante las últimas tres décadas, que el presidente Javier Milei podría haber utilizado a discreción –si el Congreso le daba la venia- para atender emergencias económicas en distintos puntos del país, afrontar dramas sociales excepcionales o, como ocurrió durante el kirchnerismo, para apretar a gobernadores e intendentes. Esa fue la línea roja que rechazó la política.

El punto de quiebre fue el inciso “h” del artículo 4° del proyecto. Entregaba a Milei la facultad de “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”.

Para la Casa Rosada, el rechazo de halcones y palomas a entregarle esa potestad los desnuda como “casta”; para los opositores, ya fueran duros o “dialoguistas”, consideran que hubiera equivalido a darle carta blanca a Milei y sus acólitos para que demoliera el federalismo y usaran esas partidas multimillonarias para una virtual extorsión.

Existen, en la actualidad, 29 fondos fiduciarios que concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones, cerca de 2 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) del país, según datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación y la Oficina de Control del Presupuesto del Congreso. Pero se tratan de cifras estimativas. Los pocos datos oficiales disponibles sólo muestran que 24 de esos fondos transfirieron 1.025.816.922.615 pesos (es decir, poco más de 1 billón de pesos) durante los primeros nueve meses de 2023.

Destinados, en su mayoría, a financiar obras públicas específicas o subsidiar energía y transporte, el paquete de fideicomisos incluye de todo. Desde fondos más conocidos como el “Procrear” para la construcción de viviendas familiares o “de Infraestructura Hídrica”, a los de “Integración Socio Urbana”, “Manejo del Fuego”, “Estabilizador del Trigo Argentino”, “para el Desarrollo Provincial” o “para la Recuperación de la Actividad Ovina”, entre otros.

Esos y otros fondos funcionan bajo las órbitas de los bancos Nación (BNA), de Desarrollo Argentino (BICE) e Hipotecario, con controles escasos o nulos. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN) sólo controlaron a 12 de ellos durante las últimas décadas, algunos en una sola ocasión y hace más de 10 años, en tanto que los responsables directos de varios fideicomisos retacean hasta datos básicos de gestión que deberían ser de acceso público, incluso a la Secretaría de Hacienda.

Así, resulta un misterio cómo se gasta ese billón y medio de pesos del “Sector Público Nacional No Financiero”. Se desconocen, incluso, quiénes integran sus consejos de administración, cuáles son sus nóminas de personal y cómo se las seleccionó, a qué empresas contrató cada fondo y como se las evaluó, o cómo alocaron las partidas y por qué, entre otras preguntas sin respuestas oficiales y de acceso público.

Esa opacidad informativa quedó expuesta en el reporte más reciente sobre los fondos fiduciarios que la Oficina de Presupuesto del Congreso difundió en enero de 2023: “No todos los fiduciarios reportan el detalle de las transferencias que realizan a los beneficiarios, sean estos públicos o privados”, alertó.

Sí se sabe, sin embargo, que los fondos fiduciarios suelen reportar saldos positivos, y asi ocurrió incluso en años en que las cuentas públicas terminaron en rojo. Pero en vez de girarse sus excedentes a rentas generales para reducir el déficit fiscal –y, por tanto, acotar la emisión monetaria o el endeudamiento del Estado nacional-, esos remanentes quedaron dentro de los fondos.

¿Cuáles son y cuánto dinero mueven los fondos? Los nueve que más dinero transfirieron entre enero y septiembre de 2023, por más de $997.005 millones, son:

* Del sistema de infraestructura de transporte (FFSIT): transfirió $417.398 millones durante ese período, con el Ministerio de Transporte como autoridad de aplicación y el BNA como ente fiduciario. Creado en 2001, busca promover el desarrollo de la infraestructura vial nacional.

* Para la vivienda social (Fogaviso): transfirió $165.482 millones durante ese período, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y con el BICE como fiduciario. Creado en 2016, apunta a financiar programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica.

* Para el Subsidio a los Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (ley 26.020): transfirió $98.260 millones durante el período analizado, bajo la órbita de la Subsecretaría de Hidrocarburos del Ministerio de Economía, con el BICE como fiduciario. Creado en 2005, busca garantizar el acceso al Gas Licuado de Petróleo (GLP) a precios diferenciales a usuarios de bajos recursos.

* Procrear: transfirió $82.715 millones durante el período bajo la lupa, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con el Banco Hipotecario como fiduciario. Creado en 2012, su objetivo es facilitar el acceso a la vivienda propia de la población y la generación de empleo como políticas de desarrollo económico y social.

* De Desarrollo Productivo (Fondep): transfirió $58.489 millones durante el período analizado, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y con el BICE como fiduciario. Se creó en 2016 para financiar proyectos que promuevan la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país, y actividades con elevado contenido tecnológico y la generación de mayor valor agregado en las economías regionales.

* De Integración Socio Urbana (FISU): transfirió $58.010 millones en el mismo período, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y con el BICE como fiduciario. Comenzó a funcionar en 2021, para preservar la propiedad fiduciaria de los inmuebles identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y otros que sean considerados necesarios o convenientes para promover la integración socio urbana, incluyendo aquellos de propiedad del Estado Nacional, las provincias o municipios que sean cedidos para ese fin.

* De Consumo Residencial de Gas (ley 25.565): transfirió $52.334 millones durante el período analizado, bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, con el BNA como fiduciario. Creado en 2001, apunta a compensar las tarifas de gas en la Patagonia, la Puna y el departamento Malargüe, y financiar la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, en esas regiones y departamentos.

* De Infraestructura Hídrica: transfirió $49.906 millones durante ese período, bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas, con el BNA como fiduciario. Se creó en 2001 para desarrollar proyectos de infraestructura de obras hídricas que permitan recuperar tierras productivas, mitigar inundaciones en zonas rurales y el avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas, además de compensar las disminuciones tarifarias que afronten los concesionarios que realicen el dragado y mantenimiento de vías navegables.

* Del Servicio Universal: transfirió $14.406 millones durante el período analizado, en la órbita de la Jefatura de Gabinete, con el BICE como fiduciario. Se creó en 2014 para financiar la prestación universal de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), garantizando su acceso con independencia de su ubicación geográfica.

A esos fondos se suman otros quince que transfirieron más de $28.811 millones durante el mismo período: para la Protección Ambiental de los Bosques ($8500 millones), para el Transporte Eléctrico Federal ($6687 millones), Red de Autopistas y Rutas Seguras ($2884 millones), de Manejo del Fuego ($2803 millones), de Infraestructura Regional ($2237 millones), de Seguridad Aeroportuaria ($1039 millones), de Agroindustria ($1000 millones), y de Promoción Científica y Técnica ($885 millones). También los fondos para la Promoción de la Economía del Conocimiento ($802 millones), la Generación Distribuida de Energía ($665 millones), el Desarrollo de Capital Emprendedor ($601 millones), la Recuperación de la Actividad Ovina ($320 millones), el Desarrollo Provincial ($209 millones), de Garantías Argentino ($151 millones) y de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata ($12 millones).

A ellos se añaden, otros fondos sin datos disponibles sobre movimiento de dinero durante 2023. Son los de Capital Social, de Refinanciación Hipotecaria, de Cobertura Universal de Salud, Estabilizador del Trigo Argentino, de Energías Renovables y Nacional de Emergencias.

Líderes de distintos espacios políticos, funcionarios y exfuncionarios del Palacio de Hacienda, y expertos del sector privado coincidieron, bajo reserva de sus nombres y ante la consulta de LA NACION que el entramado de fondos fiduciarios debe corregirse y transparentarse de manera sustancial. Pero, al igual que el régimen de coparticipación federal, coinciden en que la madeja es tan compleja que resulta –o aparenta ser- inabordable.

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