La gran apuesta de Patricia Bullrich: ¿Qué pasó con el protocolo antipiquetes después de los primeros desafíos?

Una de las caras de las ambiciosas reformas que impulsa el presidente Javier Milei es recuperar el control de las calles. Con eso como norte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich diseñó un protocolo antipiquetes que, en menos de 20 días, debió medirse con algunas movilizaciones de envergadura. De su puesta en práctica, la ministra extrajo errores y aciertos, que muy posiblemente le servirán de plataforma para lo que, en principio, será la prueba de fuego: el paro general que la Confederación General de los Trabajadores (CGT) anunció para el 24 de enero, al cual se sumarían también algunas organizaciones sociales.

Enmarcadas todas contra el “ajuste”, pero con consignas propias, se activaron al menos tres movilizaciones contra el gobierno que pusieron al protocolo en funcionamiento: una primera protesta el 20 de diciembre que reunió en Plaza de Mayo a distintas organizaciones sociales encabezadas por el Polo Obrero; una segunda manifestación frente al Palacio de Justicia, convocada por sindicatos y apoyada también por distintas organizaciones sociales y políticas; y una tercera, de menor envergadura pero cargada de simbolismo, sobre la ruta nacional ° 3, en el partido bonaerense de La Matanza, con Luis D’Elía como principal promotor.

La instrumentación del plan antipiquetes dejó festejos en ambos lados del mostrador. En el oficialismo son cautos, pero muestran algún atisbo de optimismo de cara al 24 de enero. No solo hacen un “muy buen” balance del protocolo —destacan la coordinación entre las fuerzas y el éxito en la desconcentración de las movilizaciones— sino que, además, entienden que todavía “falta mucho” para el 24 y que, por ahora, se trata “solo de un anuncio”. Así, mantienen la esperanza de entablar un diálogo con las centrales obreras que le ponga freno a la medida de fuerza. Sin embargo, con el protocolo en la mano, advierten: “la libre circulación es prioridad”

Balance

La primera gran protesta contra el nuevo oficialismo fue fuertemente desalentada por una campaña que incluyó pesquisas en los puntos de acceso a la capital, una línea telefónica para denunciar extorsiones por parte de los promotores que obligaran a participar, entre otras medidas. La movilización, promovida por Eduardo Belliboni, uno de los líderes de Unidad Piquetera, no tuvo la convocatoria esperada por las organizaciones que participaron —calculaban cerca de 50 mil personas— y Plaza de Mayo lució semi vacía.

“El Polo Obrero no movió”, deslizó a este medio un importante referente de una organización social que, por cuestiones de “forma”, no fue parte de la convocatoria. Pese a ello, procuraron desacreditar la eficacia del protocolo, al cual conciben como el brazo “represor” de un programa de “ajuste” que inexorablemente, entienden en las organizaciones, encontrará fuerte resistencia en la calle. “No funcionó”, remarcan.

Cuando pasadas las 16 hs las columnas que concentraban en Diagonal Norte y Diagonal Sur se nutrieron de manifestantes, los cordones policiales claudicaron y el bloqueo del tránsito fue total. “Si no se logra el 100% el primer día, será el segundo o será el tercero”, sostuvo la ministra Bullrich días antes de la convocatoria, previendo quizás la imposibilidad de garantizar la libre circulación, eje central del protocolo.

Uno de los puntos más polémicos del plan de la ministra—por las dudas que genera su instrumentación y la legalidad de su espíritu— es la intención de trasladarle a las organizaciones los gastos del operativo policial a las organizaciones. Lo curioso es que al activar esta fase, el Ministerio de Seguridad confeccionó una lista con 14 organizaciones sociales, muchas de las cuales, como Barrios de Pie, Libres del Sur y el Movimiento Evita, para citar las de mayor envergadura, aseguran no haber estado en la plaza. “Es un lista negra”, soltó un referente de una de ellas, ausente en la convocatoria. Este medio estuvo presente y no detectó banderas ni consignas de estas agrupaciones.

La respuesta de una de las organizaciones sociales -que en líneas generales relativizaron la lista y la intención del oficialismo de cargarle los costos del operativo- fue la difusión de una “contra-lista” en la que se indicaba cuales de todas las organizaciones sociales señaladas por el Ministerio de Seguridad no habían asistido a la movilización. Sin embargo, LA NACION constató que algunas de ellas, como Cuba-MTR o la William Cooke, sí dieron el presente en Plaza de Mayo. Sobre este confuso mapa, el oficialismo “avanza” con la identificación de manifestantes y el reconocimiento de las organizaciones sociales, que por estas horas, todavía no han recibido ninguna notificación oficial.

Sin embargo, y pese a las dudas que genera, este movimiento parece haber dejado una huella. El miércoles, cuando fueron los sindicatos los que impulsaron una manifestación contra el DNU, la ministra Bullrich celebró una “plaza llena” pero con las “calles liberadas”, como también que las centrales obreras, por pedido del gobierno, enviaran con antelación un pedido formal para el uso del espacio público junto con una caución de 10 millones de pesos, por cualquier disturbio que se pudiera ocasionar. “Nos ordenó bastante el trabajo”, se sinceró Diego Kravetz, jefe de la policía de la Ciudad, tras el operativo. Las calles aledañas a la plaza Lavalle se “habilitaron” — es decir, se vieron bloqueadas— por cuestiones de “criterio” ante la magnitud de la convocatoria.

Al día siguiente, distintas organizaciones sociales, con Luis D’Elía y Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa) como principales figuras, se manifestaron contra el DNU cortando la ruta nacional °3, a la altura de Isidro Casanova, partido de la Matanza. Un lugar emblemático: fue el epicentro de las protestas del 2001 contra el gobierno de Fernando de la Rúa. Al tratarse de una ruta nacional, las fuerzas federales dirigidas por Bullrich tienen plena competencia para actuar, pero fuentes del ministerio de Seguridad indicaron que se llegó a un acuerdo con la provincia gobernada por Axel Kicillof para que fuera la policía bonaerense la que actuara en el operativo. El corte allí fue parcial: la ruta permaneció cortada, pero el carril del metrobús liberado.

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