La gestión de Pettovello también compró alimentos que están almacenados, e incluyó a empresas sospechadas de corrupción
Si bien el Gobierno sostenía que la comida no distribuida fue adquirida por la gestión anterior, hay partidas actuales; hay una empresa que fue contratada y que había sido denunciada
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LA NACIONCamila Dolabjian
Los escándalos alrededor del Ministerio de Capital Humano no cesan y suman nuevos capítulos de misterio alrededor de por qué se despidió a Pablo De la Torre, ahora exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia.
Documentación a la que accedió LA NACION arroja sospechas sobre otra información oficial aportada por el Gobierno: si bien el vocero Manuel Adorni, a partir de datos de la cartera de Sandra Pettovello, aseguró que los productos acopiados en los depósitos eran “alimentos adquiridos por la gestión anterior”, según dijo en conferencia de prensa, la gestión actual sí compró alimentos, que fueron entregados en Villa Martelli y Tucumán. Aún más, fueron comprados a empresas denunciadas por esta misma gestión.
El 8 de marzo de este año, la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) publicó una licitación, por fuera del canal oficial del Estado, para la compra de alimentos, actuando “por cuenta y en nombre de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia”. El 26 de abril se difundió el resultado de la licitación, firmada por Luis Scasso, director de la organización. El total desembolsado fue de casi $3.652 millones para la adquisición de 1.650.000 aceites de girasol de 900 mililitros y la misma cantidad de lentejas secas de 400 gramos (según dicen en el organismo con un ahorro de un 50% en comparación con licitaciones anteriores).
La existencia de esta compra fue eludida por varias vías. Además de comunicar oficialmente que todos los alimentos acopiados habían sido adquiridos durante los años previos a la llegada de La Libertad Avanza, en el pedido de acceso a la información que solicitó y dio a conocer El Destape, el Ministerio admitió la existencia de este proceso, pero dijo que al 30 de abril no se habían seleccionado ganadores, pese a que se habían comunicado los adjudicados cuatro días antes.
Quien dio el visto bueno a la adjudicación, con su firma digital, fue Alejandro Gabriel Schavi, actual subsecretario de gestión administrativa (y funcionario del gobierno anterior). En el organigrama, Schiavi se encuentra en la misma orbita de secretaría que Leila Gianni, que reporta directamente a Pettovello. Ambos responden formalmente al virtual viceministro de la cartera, Juan Facundo Etchenique, que había sido designado el 27 de diciembre, despedido el 11 de enero, vinculado como subsecretario de Gestión administrativa de Niñez, Adolescencia y Familia el 7 de marzo, y recontratado para su cargo anterior el 29 de abril. La firma de Schiavi fue el 17 de abril.
Esos alimentos fueron entregados a los depósitos, por lo menos en una parte. LA NACION pudo confirmar esto a partir de los pliegos de la licitación, que indican las fechas de entrega ya cumplidas, pero especialmente por la información oficial enviada por Capital Humano al juzgado de Sebastián Casanello, que ordenó un inventario de los alimentos en las dos ubicaciones y en donde se ven reflejados estos productos. En el Excel presentado al juez, figuran ingresos de mercadería nueva tan cercanos como hace cuatro días, el 27 de mayo de 2024, cuando entraron aceites a Villa Martelli. Las entregas de este año comenzaron el 3 de mayo.
Las firmas adjudicadas fueron Tanoni Hermanos SA, Valquiria SAS, Nomero SA, Alimentos Fransro SRL y Careaga Hermanos y Teglia SRL. No solo estas empresas resultaron adjudicadas en licitaciones de la gestión anterior, las que el Gobierno cuestionó en general por posibles irregularidades, sino que fueron denunciadas en particular por el Ministerio de Capital Humano por haber descubierto, presuntamente, direccionamiento, sobreprecios, cartelización en las compras y falta de trazabilidad.
El 27 de abril de este año, Capital Humano informó una denuncia realizada contra funcionarios de la gestión de Fernández por incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de una compra directa de aceite a “Proveeduría Integral MC S.R.L.”, cuyos titulares eran Giuliano Carmelo Pellicori y Luisa Bianca Pellicori. Aseguraron que tenían “vínculos con el poder político de turno”. En la denuncia destacaron que estas personas “habían firmado con el sello de otra SRL, Alimentos Fransro SRL, también de ellos, que como otras sociedades también se presentaron en varias licitaciones, y creadas al efecto”.
Lo llamativo, en términos de la aceleración de denuncias cruzadas y despidos de los últimos días, y de las compras mencionadas, es que hace tres días, el 28 de mayo, Scasso, de la OEI, firmó una rectificación para dejar “sin efecto la adjudicación efectuada a favor de la empresa Alimentos Fransro SRL del proceso Licitación Pública Nacional OEI BUE 01/2024″ por 400.000 paquetes de lentejas secas de 400 gramos. Para justificar la decisión, citan un artículo de las Condiciones Generales de la Contratación de los procesos de compra: el relativo a “Corrupción o prácticas fraudulentas”.
“16.1 La OEI exige a todos los organismos incluyendo miembros de su personal, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos participando en actividades gestionadas por la OEI o actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre otros, observar los más altos niveles éticos y denunciar a la OEI todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato”, mencionan.
También mencionan en esta rectificación que el Ministerio de Capital Humano presentó información relativa a la empresa, desde la Dirección General de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional, dependiente de Schiavi al momento de presentar las novedades que habrían llevado a dar marcha atrás. Es decir que, el mismo funcionario que firmó el informe de preadjudicación, que autorizó a avanzar con los últimos pasos contractuales, fue después el que, desde otra oficina dependiente de él, cuestionó a los oferentes seleccionados.
La OEI es finalmente la que adjudica, pero en base al visto bueno del Ministerio. Así se desprende de los documentos analizados y de las condiciones generales del convenio que firmó la organización con la cartera de Pettovello, que dicen :“El Comité de Evaluación [de la OEI], redactará el Informe de Evaluación, donde se explicitarán los detalles del análisis de cada propuesta y se recomendará la preadjudicación, la cual deberá ser aprobada por el Órgano de Contratación [el ministerio].
Por Camila Dolabjian
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