La fuerte suba del gasto público complica el frente fiscal de Silvina Batakis
En el primer semestre aumentó un 11% en términos reales; los subsidios energéticos, los programas sociales y las transferencias a provincias lideran el ránking; las jubilaciones quedaron rezagadas
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LA NACIONLaura Serra
La herencia fiscal que recibió del exministro de Economía Martín Guzmán no pudo ser más compleja para su sucesora, Silvina Batakis. Durante el primer semestre el gasto público no solo no evidenció signos de moderación, sino que trepó a niveles por encima de la inflación y muy lejos de las pautas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Frente a este cuadro de situación, Batakis estará obligada a ejecutar un fuerte ajuste en las cuentas públicas y resistir, en el intento, los embates kirchneristas.
Según el último informe de ejecución presupuestaria de la Oficina Nacional de Presupuesto del Congreso (OPC), el gasto primario registró durante el primer semestre un incremento de casi el 11% en términos reales respecto de igual período del año pasado. Dicho incremento estuvo motorizado básicamente por los tres rubros sobre los que el FMI puso su mira: subsidios económicos (gas y electricidad), que crecieron en un 38%; programas sociales, que se incrementaron en casi un 29% y las transferencias a las provincias –sobre todo a Buenos Aires-, que subieron un 13%. Los porcentajes son todos en términos reales, es decir, descontada la inflación.
A estos tres rubros le siguen, en orden decreciente, las asignaciones familiares (+11,7%); gastos en personal (+11%); las pensiones no contributivas (+7,4%) y las jubilaciones y pensiones (+6,3%). Los gastos de capital prácticamente no tuvieron variaciones respecto del año pasado (+0,6%) pese a que el presidente Alberto Fernández se vanagloria de exaltar a la obra pública como “motor de la economía”.
Desafíos por venir
Confesa partidaria del equilibrio fiscal (“No vamos a gastar más de lo que tenemos”, sostuvo al asumir su cargo), Batakis enfrenta un segundo semestre complejo. En la página 13 de la primera revisión del acuerdo con el FMI, que se conoció el mes pasado, figura una serie de medidas de ajuste por adoptar si la Argentina pretende cumplir con la meta de déficit fiscal de 2,5% acordada en marzo pasado.
En efecto, el FMI pide que el gasto público pase de crecer 12,8% real a caer 7,8% en el segundo semestre de este año. Una tarea titánica para una ministra que no acaba de recibir la bendición de Cristina Kirchner y que se ve obligada a la ingrata tarea de aplicar el ajuste fiscal que su antecesor en el cargo no pudo completar.
La suba del gasto tuvo como contrapartida una caída en los ingresos totales que, según la OPC, se contrajeron 0,4% en términos reales durante el primer semestre. Este cuadro arroja como resultado una fuerte suba del déficit primario (+92,1%), que ya alcanza el 1,9 del PBI. El año pasado, en idéntico período, el rojo acumulado fue del 1%.
El FMI no está ajeno a los desvaríos fiscales de la Argentina y fue por ello que sugirió un recetario de medidas de austeridad fiscal para el segundo semestre. Propone, en este sentido, un recorte tanto en los gastos de obra pública como en las partidas destinadas a jubilaciones y pensiones, equivalente al 0,4% del PIB en ambos casos, para compensar las subas en los subsidios en energía y en programas sociales, dos rubros que se dispararon tras la guerra desatada en Ucrania.
“Necesitamos tener claro que las acciones dolorosas a veces son necesarias para cosechar los beneficios de estas acciones”, advirtió la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, en una entrevista a la agencia de noticias Reuters a Batakis tras la primera conversación que compartió con Batakis.
Los subsidios energéticos son los que lideran, por lejos, el ránking del gasto: en solo seis meses ya se gastaron $764.483 millones (unos 5880 millones de dólares), según el informe de la OPC. El grueso de estas transferencias fue dirigido a Cammesa debido, en gran parte, al aumento de la diferencia entre el costo mayorista de generación de energía eléctrica y el precio promedio de las tarifas. En tanto, las transferencias a Ieasa (que crecieron un 113% interanual) se vieron impulsadas por la fuerte suba de los precios de importación del gas natural de Bolivia y del gas natural licuado.
Por otra parte, los programas sociales demandaron casi $630.000 millones durante el primer semestre, según la OPC, cifra que adquiere una dimensión astronómica si se la compara con los $138.360 millones que se erogaron en igual período de 2018: un 355% de aumento. Al interior de estos programas sobresalen los aumentos en Potenciar Trabajo (+57,1%); Políticas Alimentarias (21,9%) y Becas Progresar (+197,4%).
Por el contrario, las jubilaciones y pensiones no tuvieron semejante nivel de movilidad. Según la ejecución presupuestaria del primer semestre, las jubilaciones y pensiones crecieron un 6,2%, mientras que las pensiones no contributivas un 7,4%. Estos incrementos obedecieron, básicamente, a la política de bonos extraordinarios que otorgó el Gobierno en abril y mayo últimos a los beneficiarios de más bajos ingresos. En lo que respecta al índice de actualización de los haberes por aplicación de la fórmula de movilidad, en el acumulado del primer semestre se observó una tasa de variación similar a la inflación, indica la OPC.
Por Laura Serra
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