Tironeos entre la Justicia y la Cámara de Diputados por la información sobre los beneficiarios de las tarjetas de Chocolate
Este jueves, finalmente, se entregó la documentación que venían requiriendo los investigadores
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LA NACION
LA PLATA.- La causa iniciada contra el puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau comenzó este miércoles una nueva ronda de declaraciones testimoniales en la Unidad Funcional de Instrucciones N°2. Los investigadores buscan determinar si los titulares de las 49 tarjetas de débito secuestradas en poder del puntero del PJ eran “ñoquis” y deben ser considerados cómplices de una maniobra de defraudación reiterada a lo largo de los años.
La otra opción es que, efectivamente, trabajaran en la Cámara de Diputados bonaerense. Hasta el momento son considerados “testigos”, pero podrían convertirse en imputados.
Todo el proceso de recolección de información se demoró dado que el cuerpo, presidido por Federico Otermín, se retrasó en enviar los expedientes con los legajos originales y los contratos completos de los más de los supuestos empleados, según fuentes judiciales.
Una delegación de la Justicia debió llevar un oficio en persona a la dirección de Legales de la Cámara de Diputados para que el cuerpo remita la documentación, que finalmente fue enviada en un drive.
En una primera instancia, la Cámara de Diputados sólo había mandado fotocopias de las carátulas de los legajos. La fiscal Betina Lacki insistió y pidió: “la remisión de copia de contratos y actos de designación” de los titulares de todas las tarjetas secuestradas en poder de Rigau, a quien se lo vincula con el concejal Facundo Albini, del Frente Renovador, aunque el dirigente lo niega.
La fiscalía no se conformó con las fotocopias que mandó la Cámara de Diputados y solicitó que se detalle “a que se refiere cuando en los legajos personales figura bloque político”, como responsable de cada contrato.
Esa documentación es clave para cotejar no sólo la veracidad de las declaraciones de los titulares de las tarjetas de débito citados como testigos; como así también para determinar quiénes fueron los responsables de las contrataciones entre las distintas autoridades de los diferentes partidos políticos.
Este jueves, la Cámara de Diputados finalmente envió toda la información exigida en un drive. “No se está demorando nada, se está entregando todo en los plazos que corresponde”, respondieron en la Legislatura bonaerense.
Ahora, la fiscalía revisa la documentación enviada en formato digital para determinar si complace a todos los requerimientos del oficio presentado ante la Cámara de Diputados.
Mientras la fiscal Betina Lacki revisa la nueva documentación, comenzó una nueva ronda de testigos.
Sólo uno de los tres testigos citados este miércoles se presentó a declarar. Se trata de Arturo Ramírez Falcón. Mientras que Patricio Pascual Pietro y Diego Berón no asistieron a los tribunales penales.
El viernes está previsto que declaren Ágata Solange Plana, Juan Carlos Vallejos y Rubén Alberto Mindivil. La fiscal buscará determinar cuánto tiempo llevaban todas estas personas como empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y cómo explican que le entregaron sus tarjetas de débito al puntero detenido el 8 de septiembre en el sector de los cajeros del Banco Provincia.
Algunas de las inconsistencias entre los testimonios ya brindados están relacionadas con las fechas: uno de los testigos declaró que este año se le ofreció trabajo y nunca más supo al respecto, pero en las fotocopias de los legajos figura que era empleado desde 2016 de la Cámara de Diputados. También hay sospechas sobre las supuestas tarea que realizaban para la Cámara baja: los titulares de las tarjetas son además propietarios de negocios o empleados de otras dependencias.
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