La fiscalía reclamó una condena de seis años de prisión para Omar “El Caballo” Suárez

El gremialista Omar Suárez, conocido como “El Caballo”, fue acusado por la fiscalía de cometer los delitos de asociación ilícita, fraude y coacción a través del manejo del sindicato de obreros marítimos, la mutual del gremio y la obra social, que contrataban con empresas relacionadas. El fiscal Juan García Elorrio pidió una condena de seis años de prisión.

La fiscalía solicitó, además, que los acusados, en caso de que la condena quede firme, reparen el daño provocado al gremio, a la obras social y a la mutual de los trabajadores del SOMU con su patrimonio pro lo que pidió que se mantengan los embargos de sus bienes.

“Utilizaba el sindicato como una plataforma para cometer delitos”, dijo García Elorrio, al pedir la pena de Suárez junto con la de otros imputados, tras un juicio oral de casi un año que llega a su fin ante el Tribunal Oral federal N°4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Daniel Horacio Obligado y Gabriela López Iñiguez.

La fiscalía dejó de lado algunas acusaciones por extorsión, pero fue muy dura con las acusaciones por asociación ilícita, fraude y coacción.

Además el fiscal pidió condenas de entre 4 años y dos años en suspenso para otros integrantes del círculo íntimo de Suárez, que actuaban en la mutual, la obra social y en empresa relacionadas. Los acusó de fraude en algunos casos de asociación ilícita.

Esos acusados son Juan Manuel Medina a para quien pidió una pena de 4 años y 6 meses; para Mario Morato, 4 años de prisión; para Carlos Ruiz 3 años y 10 meses de prisión; para María del Carmen Cabrera Peña, 3 años y 10 meses; para Julio Cesar Carrera 3 años y 8 meses de prisión, para Juan Hugo Baneki, 3 años y 8 meses de prisión; para Débora Andrea Medina: 3 años y 3 meses de prisión; para Carlos Alberto Tinant, 3 años de prisión en suspenso, para Rigoberto Suárez Cardoso: 2 años y 8 8 meses de prisión en suspenso; para Jorge Agustín Vargas: 2 años y 8 meses en suspenso; para Leonel Abregú, 2 años y 8 meses en suspenso; para Alejandro Antonio Giorgi 2 años y 6 meses en suspenso; para Ruben Alejandro Moreira, 2 años y 6 meses de prisión en suspenso; para Felipe Birghina, 2 años en suspenso; para Adolfo Guillermo Vissan, 2 años 3 meses en suspenso, y para Luis Clemente 2 años y 3 meses en suspenso.

Entendió el fiscal que Suárez tuvo la “deliberada y sistemática decisión de realizar un abuso de la estructura sindical que se extendió al ámbito de la mutual y de la obra social del SOMU, valiéndose de empresas vinculadas o controladas, tomando los recursos de los asociados o afiliados para la obtención de beneficios indebidos”.

Dijo el fiscal que Suárez, “valiéndose de la plataforma sindical, ingresó en un sendero de negocios más allá de cualquier marco lícito, para lo que contó con estructuras societarias, financieras y de gestión, de las que incluso era accionista mayoritario en algunos casos”.

La fiscalía habló de pagos sin justificación a empresas relacionadas y con sobreprecios y aseguró que hubo desvío de fondos de los afiliados para beneficio propio de los acusados. Dijo que la administración fraudulenta se produjo tanto en el sindicato, como en la mutual y en la obra social.

Asimismo argumentó -tras tres jornadas en la que enumeró la acusaciones contra los gremialistas, que Suárez además debe responder como jefe de una asociación ilícita en perjuicio del SOMU, de la obra social y de la mutual. organizador de esa banda, y los otros acusados como miembros.

Dijo Garcia Ellorio que paralelamente a su gestión como máximo representante del gremio “recurrió a sociedades comerciales destinadas a facturar trabajos en presentación del SOMU y brindar servicios a la Fundación Azul y el sindicato, disponiendo de un íntimo círculo de allegados para dirigir tales compañías”. mencionó allí a la empresa San Jorge Martítima.

“Asociación ilícita”

“Se conformó una asociación ilícita liderara por Suárez para cometer una pluralidad de hechos delictivos”, conformados por diversas administraciones fraudulentas y coacción agravada. “Considero que se ha acreditado la asociación ilícita en su aspecto material y de responsabilidad penal.

No solo porque los acusados pertenecen al gremio, sino por las conductas que realizaron cada uno de ellos, explicó el fiscal. “Suárez impartía las órdenes de la asociación ilícita y coordinaba con los miembros el desarrollo de los delitos”, aseguró. “No se juzgan buenas o malas decisiones de gestión. Lo que se acreditó es la deliberada y sistemática decisión de realizar un abuso de la estructura sindical y se extendió al ámbito de la mutual y de la obra social”.

“Se utilizaron diversas modalidades para retirar los fondos del sindicato, la obra social y la mutual”, dijo el fiscal que recordó que aún está pendiente una causa paralela por lavado de dinero que debe ser juzgada.

Suárez estuvo al frente del gremio durante 20 años, hasta 2016, y en ese tiempo designó dirigentes de confianza en lugares clave para controlar la actividad gremial en el sindicato, en la obra social, en la mutual y en empresas que recibían fondos de estas entidades.

Suárez consiguió que el Tribunal Oral Federal 4, por mayoría, le quitara una tobillera electrónica con la que se lo vigilaba mientras está fuera de la cárcel. El sindicalista vive en Monte Caseros, Corrientes.

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