La fiscalía pidió que se anule la decisión de la Cámara que le permitió a Pepín Rodríguez Simón volver a la Argentina sin quedar detenido

El fiscal José Luis Agüero Iturbe le pidió hoy a la Cámara Federal de Casación que anule el fallo que habilitó a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el exasesor de Mauricio Macri que estaba rebelde y era buscado por la justicia argentina, a regresar al país sin quedar detenido.

El fallo que cuestionó Agüero Iturbe fue dictado por la Cámara Federal, que ratificó una decisión de la jueza María Servini.

Rodríguez Simón está radicado en Uruguay, se declaró perseguido del kirchnerismo y, ante el cambio de gobierno, pidió regresar al país sin que lo arrestaran, pese a que pesa sobre él una orden de captura internacional. La jueza Servini le concedió el 8 de mayo su pedido, con el objetivo de que él declare en la causa donde está acusado de extorsión contra el Grupo Indalo. El 31 de mayo pasado, la Cámara Federal confirmó lo resuelto por la magistrada.

Según Agüero Iturbe, esa decisión de la Cámara debe ser declarada “nula” porque “es arbitraria” y “en su conformación se ha aplicado erróneamente la ley procesal”.

El fiscal afirmó que el fallo “presenta, cuanto menos, tres aristas atacables”. La primera es la “falta de motivación adecuada” y eso permite -afirmó Agüero Iturbe- llamarla arbitraria en el lenguaje de la Corte Suprema. La segunda es que la Cámara hizo una “errónea aplicación al caso de las normas legales” sobre la libertad ambulatoria durante el proceso. Y la tercera, según el fiscal, es que el fallo “no ha ponderado la entidad del delito que se achaca a Fabián Rodríguez Simón”.

Para Agüero Iturbe, “la concesión de la eximición de prisión” en las circunstancias del caso, “aumenta el riesgo de que el imputado eluda la acción de la Justicia”.

La Cámara Federal tomó la decisión que el fiscal cuestiona con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que entendieron que en el caso se daban circunstancias excepcionales que justificaban ratificar la decisión de Servini, pese al tiempo que hace que el acusado era buscado por la justicia argentina. El camarista Martín Irurzun votó en disidencia. Afirmó que “el mantenimiento en el tiempo de la condición de prófugo” de Rodríguez Simón “constituye un factor de envergadura a la hora de merituar el riesgo de fuga”. Sostuvo que si ya “se sustrajo voluntariamente a la jurisdicción”, hay “razones fuertes para presumir un peligro procesal”, en referencia al peligro de que vuelva a escapar de la Justicia. En el mismo sentido se había pronunciado el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, que apeló la decisión de Servini de conceder la exención de prisión.

Bruglia, en cambio, dijo que “no se desconoce que fueron tres años” en los que el imputado estuvo rebelde, pero que no estuvo “oculto y con paradero desconocido”, sino que se instaló en Uruguay para “ejercer un derecho que entendió legítimo”: pedir que lo reconocieran como “refugiado político”. Bruglia destacó que Rodríguez Simón informó todo esto en el expediente.

Bruglia consideró además clave que, tal como advirtió Servini, si el acusado no regresa el proceso no puede avanzar, y recordó que ella le impuso una serie de condiciones con el objetivo de impedir que vuelva a irse. Una de ellas es que aporte una garantía de más de tres millones de dólares (3120 millones de pesos). Rodríguez Simón no apeló el monto de la garantía y, según supo LA NACION, tampoco la cubrió hasta el momento.

Bertuzzi coincidió con Bruglia en que había que tener en cuenta las excepcionales circunstancias de este caso, que colocan al acusado en una “situación procesal atípica” (porque estuvo tramitando siempre un refugio). Subrayó que la misma jueza que lo declaró rebelde ahora accedió a darle la exención de prisión y que la defensa siempre le informó al juzgado los trámites que el exasesor de Macri llevaba adelante en Uruguay.

La jueza Servini había llamado a Rodríguez Simón a prestar declaración indagatoria hace tres años, pero el exfuncionario se fue a Uruguay, donde permaneció con un pedido de refugio político. En todas las instancias la autoridad administrativa uruguaya rechazó el pedido de refugio, pero ese trámite, con todos sus recursos, le permitió a Rodríguez Simón que no se activara la orden de captura internacional que Servini había dictado en su contra. De hecho nunca empezó el proceso judicial de extradición, pues se estaba tramitando el proceso administrativo.

La llegada de Javier Milei al poder, sumada al hecho de que el exasesor de Macri no estaba bien en Uruguay en los últimos meses, lo motivó a pedir una exención de prisión, según informó su defensa.

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