La fiscalía le pidió al Gobierno datos para avanzar con el expediente por supuestas irregularidades en los comedores denunciadas por Sandra Pettovello
El fiscal Ramiro González solicitó que Capital Humano ratifique la presentación que dio origen al expediente y que aporte documentación
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LA NACION
El fiscal federal Ramiro González le pidió al Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, que aporte mayores precisiones y documentos sobre la denuncia que presentó por presuntas irregularidades en los registros de los comedores y merenderos.
Según esa denuncia, casi la mitad de los comedores registrados en un programa financiado por el Estado no pudieron ser auditados y en algunos casos se concluyó que eran inexistentes. El juez del caso iniciado por el Gobierno es Ariel Lijo, postulado por Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. Lijo delegó la investigación en González.
El fiscal pidió citar a Leila Daniela Gianni, subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, para que ratifique la denuncia el próximo lunes. Le pidió que presente toda la documentación a la que hizo referencia en el escrito que dio origen a este expediente, así como también la información de la nómina del personal responsable del control de los registros en el Renacom desde que el programa fue creado, en julio de 2020, hasta diciembre de 2023, y de los funcionarios a cargo de la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social.
La información incluida en la denuncia surgió de una auditoría del Ministerio de Capital Humano sobre el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, creado el 8 de enero de 2020, y del Programa Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom). Según la denuncia, la gestión anterior “no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería”.
El informe sostiene que solo pudieron relevarse 52,3% de los comedores registrados. Con respecto al 47,7% restante, según el informe, “se establecieron distintas falencias, como ser que el 32% no funciona como tal, el 25% de los datos de la pre-inscripción no coinciden con la información real (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos); y el resto, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero”.
El Gobierno señaló en la denuncia que los hechos denunciados podrían constituir los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude al Estado y abuso de autoridad.
A la par, avanza en el juzgado de Sebastián Casanello el caso por presunta extorsión de parte de dirigentes sociales a beneficiarios de planes sociales, también impulsado por una denuncia del gobierno de Milei. En ese caso ya se hicieron allanamientos y fueron inhibidos los bienes de dirigentes piqueteros y cooperativas investigadas por las presuntas extorsiones con planes sociales.
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