La fiscalía denunció un ataque político y judicial contra la causa de los cuadernos de las coimas
La fiscal Fabiana León, que lleva el caso contra Cristina Kirchner, dijo que se pretende citar a su colega Carlos Stornelli al Congreso para “debatir” el caso y que se quiere anular la prueba a través de expedientes paralelos
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LA NACIONHernán Cappiello
La causa de los cuadernos de las coimas está bajo ataque. El expediente donde Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una organización que cobró sobornos y donde empresarios confesaron haber pagado y funcionarios haber cobrado, está sufriendo una embestida política y judicial contra las evidencias, según denunció la fiscal Fabiana León, que debe llevar adelante el juicio.
El ataque es doble: por un lado, por parte de acusados que, abriendo causas paralelas, consiguieron que jueces y fiscales hagan lugar a sus requerimientos y pongan en duda las evidencias; por el otro, de legisladores del kirchnerismo que buscan aprovechar la citación del fiscal Carlos Stornelli a la Comisión de Juicio político que avanza contra la Corte para cuestionar la prueba del caso de los cuadernos de las coimas y su modo de actuar.
La fiscal León denunció esta situación ante el tribunal, a través de dos dictámenes. Y además dijo a LA NACION: “No es que quieran llevar a Stornelli a la comisión. Es que, a través de esa declaración, se pretende debatir la causa cuadernos”.
“No es la primera vez que ocurre -afirmó-. Sin embargo, los únicos sujetos llamados a intervenir en este proceso son los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7 y esta fiscal. Por supuesto con las instancias de revisión. Como representante de los intereses de la sociedad, mi esfuerzo desde el primer momento se endereza a realizar el debate en el que todas las partes expongamos nuestras pruebas y nuestras pretensiones de cara a la ciudadanía. Esto es lo que establece la Constitución y solo a ella nos subordinamos.”
La fiscalía dijo que debe intervenir en estas decisiones el tribunal oral “con o sin el juez Germán Castelli según resuelvan los organismos que corresponden”, dado que la continuidad del magistrado en el cuerpo está a consideración del Consejo de la Magistratura, ya que la Corte entendió que como juez trasladado debe dejar el cargo cuando se designe a su subrogante.
La fiscal advirtió que no sería “complaciente” ni iba a “mirar para otro lado” cuando “otros jueces o fiscales busquen interferir en la causa” de la que ella es responsable.
La denuncia de León se refiere a las expresiones del diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, que dijo en su canal de YouTube que quieren que el fiscal explique por qué dio por válida la forma en que aparecieron los cuadernos, pero dijo que no podía convalidarse el origen los supuestos chats entre el ministro de Seguridad porteño (de licencia) Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, secretario del juez de la Corte Horacio Rosatti.
En el caso de los cuadernos, fueron entregados por el remisero y expolicía Jorge Bacigalupo al periodista de LA NACION Diego Cabot, mientras que los chats son producto de un hackeo al celular de D’Alessandro.
A pesar de estas diferencias, para Tailhade el caso es similar: “Lo que buscamos con la citación a Stornelli es que explique el dictamen en la causa cuadernos donde dijo que no había irregularidades en la forma en que fueron obtenidos los cuadernos, algo parecido a la manera en que fueron obtenidos los chats de D’Alessandro y Robles, o de Lago Escondido, donde [Stornelli] dijo que no había posibilidad de investigar porque fueron conseguidos mediante delitos”.
Críticas a un peritaje
El otro aspecto de la denuncia de León se relaciona con dos situaciones que se dieron en la causa principal de los cuadernos de las coimas. La primera fue que el empresario Armando Loson, acusado de entregar dinero a funcionarios, denunció que fueron alterados los registros de algunos de los cuadernos en lo que hace su nombre o a su empresa. Aparecieron espacios sobreescritos en algunas anotaciones.
Logró que el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita avanzaran con una investigación para determinar quién realizó esas alteraciones. Pero la defensa de Loson, a cargo del abogado Carlos Vela, fue mas allá y pidió hacer un peritaje sobre los originales.
La sola mención hizo estallar a la fiscal León ante la perspectiva de que se destruyeran los originales para peritarlos. La notificaron justo el día en que empezaba sus vacaciones. Ella se dedicó a evitar esa medida.
Luego la defensa consiguió, mediante un peritaje sobre copias en alta definición, establecer que hubo sobreescritos en el nombre de Loson. Con estos datos, hizo nuevo peritaje y determinó similitudes entre la letra de Bacigalupo y las alteraciones de los cuadernos.
Con esos elementos, el juez ordenó allanar la casa de Bacigalupo, el expolicía que entregó a LA NACION los cuadernos de las coimas, donde constan las anotaciones manuscritas que realizó el chofer Oscar Centeno, sobre los viajes que realizaba con funcionarios del Ministerio de Planificación para retirar dinero de las coimas de manos de empresarios y llevarlas a los funcionarios.
En el allanamiento secuestró documentos manuscritos por Bacigalupo para compararlos con las alteraciones detectadas en tres de los cuadernos, en pasajes donde se mencionaba al empresario Loson o a su empresa. Pero también se llevaron celulares y tablets de Bacigalupo.
La fiscal León entiende que esta es una intromisión en su causa y que pretende debilitar las evidencias. En su dictamen presentado ayer, señaló que se la Cámara Federal ya convalidó la validez de los cuadernos como prueba. Los camaristas dijeron que el contenido registrado en los cuadernos (ocho ejemplares en total, que comprenden de 2005 a 2010 y de 2013 a 2015) fue ratificado por Centeno, quien se desempeñó como chofer de Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, en su declaración como imputado colaborador.
La fiscal advirtió: “Hay mucho que se pierde en el afán de algunas magistraturas de gratificarse con el sentido o posición de ciertas partes”, en alusión a Martínez de Giorgi. Dijo que se pretende, mediante una sentencia de una causa paralela, darle una interpretación diferente al suceso que debe juzgar el tribunal oral.
Habló de una “injerencia” en le caso de los cuadernos y sostuvo que no fueron tenidas en cuenta “las formas” en “el actuar ajeno y extraño de algunas magistraturas”.
“Es necesario comenzar a poner un coto a la pretensión de recurrir -y lo que es peor- obtener el beneplácito de actores externos al proceso para procurarse intereses o acciones que, o bien antes se obturaran -con sus garantías y sus instancias-, o que -por motivos que desconozco- algunos optan por canalizarlos ante extraños. Los jueces no solo necesitan serlo, sino parecerlo, lo que se extiende a los agentes fiscales”, escribió León en alusión al juez Martínez de Giorgi. Y llamó a “abstenerse de invadir órbitas ajenas”.
La defensa de Loson, por su parte, señaló que se supone que la Fiscalía es la que debería hebr pedido el peritaje y no ellos. Y sostuvo que la causa de Martínez de Giorgi, es una denuncia que Stornelli pidió que se junte con la de Cuadernos, y tanto el juez federal Julipan Ercolini como la Cámara Federal dijeron que deben tramitar por separado.
“Nosotros no queremos tener injerencia en la causa madre, sino que queremos ejercer el derecho a la legítima defensa y mostrar nuestra inocencia. Hicimos una pericia que nunca se había hecho en la causa original, cosa que tenían que haberla hecho los magistrados y fiscales intervinientes”, dijeron allegados a Loson, que señalaron que quieren “investigar para demostrar la inocencia en una causa en dónde son flagrantes las correcciones que hay en los cuadernos”.
Bacigalupo tiene 77 años, es policía retirado, trabajó 40 años en una remisería y fue quien le entregó a Cabot los cuadernos de las coimas en enero de 2018. Esos documentos, corroborados por un equipo periodístico de LA NACION e investigados por la Justicia, fueron la base de la causa en la que fueron procesados y elevados a juicio la vicepresidenta Cristina Kirchner, algunos de sus ministros, casi un centenar de empresarios y otros exfuncionarios acusados de pagar y recibir coimas para mantener los contratos con el Estado.
Por Hernán Cappiello
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