La fiscalía de Jujuy pidió suspender la orden de captura de la arquitecta que contó por WhatsApp el rumor sobre la mujer de Morales

El fiscal de Jujuy Walter Rondón pidió que la Justicia suspenda la orden de captura que pesa sobre la arquitecta Lucía González, que contó por WhatsApp el rumor de la supuesta infidelidad de la mujer del exgobernador Gerardo Morales, y que desde el 26 de enero pasado es buscada para ser encarcelada por disposición del juez Pablo Pullen Llermanos.

González está en Uruguay. Su defensa, más allá de la posibilidad de que le suspendan la orden de captura, pretende que se dicte en favor de ella una “exención de prisión”, lo que le daría mayores garantías de que, si González se presentara en Jujuy, no sería arrestada. Por el momento, no le hicieron lugar a ese pedido.

El lunes pasado, el mismo día que fueron liberados los otros dos imputados por este caso -Nahuel Morandini y Roque Villegas-, el fiscal Rondón se opuso al levantamiento de la orden de captura de González. Fue en una audiencia celebrada a última hora. No obstante, ese mismo día el fiscal anunció a LA NACION que iba a pedir esta suspensión y, en efecto, lo hizo ese lunes, con el objetivo de que su caso pudiera avanzar (no es posible el proceso penal si el acusado no está).

El problema para González es que, aun si el juez hiciera lugar a lo planteado por el fiscal, ella podría ser detenida una vez que se presentara en Jujuy. Los acusadores podrían invocar que, al no haber comparecido ante las citaciones anteriores, está demostrado que existe un peligro concreto de fuga, una de las causales que prevé la ley para disponer la prisión preventiva. Con una exención de prisión concedida -explicaron fuentes al tanto de la estrategia de su defensa- lo que lograría es que ya no pudieran detenerla por razones previas al dictado de esa medida.

Según el fiscal, si ella se presentara, él no solicitaría su arresto. “Si viene, no voy a pedir la detención. Solo normas conducta que deberá cumplir durante el proceso. Yo lo que quiero es que la causa avance y no se puede juzgar a nadie en ausencia”, dijo el lunes pasado el fiscal a LA NACION.

El escrito que Rondón presentó ese día dice “que habiéndose celebrado en dos oportunidades audiencia de presentación espontánea y mantenimiento de libertad ante la oficina de gestión del Poder Judicial, no pudiendo desarrollarse las mismas en virtud de que la encartada se encuentra desde fecha 01.02.2024 en el país de Uruguay, es que este Ministerio Público de la Acusación solicita la suspensión de la orden de detención por un término de cuarenta y ocho horas (48 hs.)”. Sostiene que es “como medida de aseguramiento de la presencia de la encartada en los estrados judiciales de la provincia a los efectos de llevar a cabo audiencia imputativa”. Y añade: “Solicito asimismo que se notifique al abogado defensor de la encartada a los efectos de que arbitren los medios necesarios para asegurar la presencia de la encartada Lucía González en el término mencionado, desde la notificación del resolutivo que peticiono”.

Rondón hizo ayer un segundo pedido. El escrito del fiscal es igual al del lunes, solo que esta vez no pone un límite temporal al plazo de la suspensión que solicita; se limita a pedir que la orden de detención se suspenda.

El fiscal Rondón es quien impulsa desde el primer día el avance de las causas penales contra los tres imputados, Moradini, Villegas y González. Morandini y Villegas, que estuvieron más de un mes y medio presos, están acusados en un expediente, que está a un paso del juicio oral; González, en otro. Según la defensa de ella, esto no tiene ningún sentido y es una irregularidad de las tantas que denuncia haber sufrido en esta causa. Según el fiscal, el objetivo de separar las dos causas, que son por los mismos hechos, es que no se demore el proceso contra los dos primeros acusados, que ya está muy avanzado.

“Yo hablo de un chisme”

La defensa de González sostiene que ella se encuentra en la insólita situación de enfrentar una causa penal, con una orden de detención que sigue vigente, pese a que con sus dichos “nunca salió del ámbito reservado, privado, de WhatsApp”. El sábado, en diálogo con LA NACION, González afirmó: “Me acusan por algo que se habló en un grupo de WhatsApp de once personas. Yo hablo de un chisme, lo digo claramente”. Ayer, el exgobernador Gerardo Morales consideró a González como una pieza clave de lo que él considera que fue una conspiración para dañar a Tulia Snopek -su mujer- y a la hija de ambos, de dos años. El exgobernador dijo ver la mano de Milagro Sala detrás de los dos, que para Morales serían parte de una “banda” que actuó premeditadamente y con una clara intencionalidad política.

González es la madrina de la hija mayor de Morandini y compartía con él el grupo de WhatsApp “Ni tibixs ni perezozxs” en el que, según las pruebas de la causa, contó que se había enterado de un “alto chisme”: el rumor de la infidelidad de Snopek con uno de los músicos de Los Tekis y las sospechas sobre la paternidad de la hija de Morales, incluída la versión de que el exgobernador se habría hecho un ADN y “al parecer” la niña no era su hija. Según informó a LA NACION una fuente con acceso a la causa, González habría contado el rumor, en diciembre, en el grupo de WhatsApp y después reenviado, a otro grupo cerrado del mismo sistema de mensajería privado y a dos personas más, un audio que otra mujer subió al grupo que compartían con Morandini. Ese audio fue el que se viralizó en Jujuy este verano.

Según la orden de captura dispuesta contra González, orden que ya cumplió un mes, la acusación que pesa sobre ella consiste en que “procedió a viralizar, en forma exponencial, un audio de voz desde su teléfono celular, poniendo en duda la identidad de la menor” y “ha asimismo mancillando la honorabilidad de la Sra. Maria Tulia Eugenia Snopek” con “posteos que provocaron en la misma lesiones psicológicas de las que da cuenta en informe realizado por el licenciado Pablo Vidaurre”. Está acusada –recuerda esa orden- del delito de “lesiones psicológicas y supresión del estado civil de una menor”. Se trata de dos delitos que, sumados como pide el fiscal, pueden llevar a una pena de hasta ocho años de prisión.

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