La fiscal del caso Cuadernos denunció por “retardo de justicia” a los magistrados que deben hacer el juicio oral
Fabiana León expuso ante la Cámara de Casación a Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero; hace cuatro años y medio que tiene el caso y no avanzaron; los jueces que deben resolver la denuncia no se ponen de acuerdo sobre a quién le corresponde
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LA NACIONHernán Cappiello
En una durísima e inusual queja, la fiscal general Fabiana León denunció a los jueces que deben realizar el juicio oral y público contra Cristina Kirchner y más de 160 exfuncionarios y empresarios por el caso conocido como “Los cuadernos de las coimas”. Los acusó de “retardo de justicia”, al no tomar en casi cuatro años y medio medidas para llevar adelante este proceso y los que están conectados con ese expediente.
Los denunciados ante la Cámara Federal de Casación Penal, que es el máximo tribuna penal del país por debajo de la Corte, son los jueces del tribunal oral federal N°7, Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, que tienen el caso desde hace cuatro años y cinco meses, sin que avancen en fijar fecha para el juicio, ni en decidir la admisibilidad de las medidas de prueba.
Los jueces de la Cámara de Casación de la Sala II, quienes deben resolver si llaman la atención al tribunal oral, no se pusieron de acuerdo con sus colegas de la Sala IV sobre quién debe intervenir para hacerlo. Pero luego de la publicación de esta denuncia, decidieron hoy “formar un legajo independiente” (sin perjuicio de que no se resolvió quien es competente) para dar trámite a la queja de la fiscal León y pedirle informes al Tribunal Oral Federal N°7, para que expliquen las razones de la demora.
“Ya se ha agotado todo tiempo prudencial. La fiscalía a mi cargo no avala demoras ni retrasos en la tramitación de las causas, ni las ha originado. Eso aún contando con 4 colaboradores y poco espacio”, dijo a LA NACION la fiscal León, tras presentar ambos escritos que demandan una rápida respuesta de los jueces de la Cámara de Casación Penal.
El caso Cuadernos tiene 161 imputados. La principal acusada en esta causa es Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios kirchneristas de la cartera del ex-Ministerio de Planificación Federal para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios “arrepentidos” admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. LA NACION hizo la investigación periodística que permitió destapar la maniobra.
La causa Cuadernos es en realidad varias causas conectadas. La principal es la que contiene los escritos de Centeno, con tres tramos, y a ella se suman otros casos de fraude y de lavado donde se habla de una organización criminal, sucedida entre los años 2003 y 2015, “en cuyo marco se canalizaron sobornos y pagos para la satisfacción de esos intereses espurios y con miras a la obtención de beneficios recíprocos –de empresarios y funcionarios– a razón de ese acuerdo ilícito previo”, según evaluó la Justicia.
En rigor, las dos “quejas por retardo de justicia” se presentaron en dos casos conexos con el principal: aquel en que se investigan supuestos sobornos en la compra de barcos de Gas Natural Licuado (GNL) y en el que se investiga a la empleada doméstica del exministro Julio De Vido por sus fastuosos bienes.
En el primer asunto, del GNL, deben resolver ahora la denuncia por “retardo de justicia” los jueces de la Sala I de la Casación, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Mahiques. El escrito está fechado el 31 de mayo y no resolvieron.
A la queja por “retardo de justicia” en el caso de la cocinera de De Vido se lo están pasando, entre ellos, los jueces de la Sala II (Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci) y de la Sala IV de la Casación (Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo), por desacuerdos acerca de a quién le corresponde decidir.
La fiscal León, en ambas causas, viene insistiendo con “pedidos de pronto despacho” para que los jueces le impriman celeridad a la admisibilidad de la prueba y que decidan cuáles son los testigos del proceso. La fiscalía incluso propuso que las causas se juzgan de manera separada, intercalada o sucesiva, pero que avance el juicio oral.
“La dilación, que no solamente yo califico de injustificada, no responde más que a una forma de dirección del proceso que es responsabilidad –y no privilegio– de los jueces. Su consecuencia impacta en la imagen misma del Poder Judicial y conduce a provocar perjuicios irreparables para las partes, las pruebas y los intereses generales de la sociedad”, dijo la fiscal, que pidió a la Casación que exhorte a los jueces a que pongan fecha de inicio al juicio o al menos que fijen las condiciones para su realización.
La fiscalía dijo en su escrito, al que accedió LA NACION, que el fiscal de instrucción formuló requerimiento de elevación a juicio el 8 de noviembre de 2019. Se acusa a Julio Miguel De Vido, Roberto Baratta, Roberto Nicolás Dromi, José Roberto Dromi y Exequiel Espinosa de haber intervenido entre 2008 y 2009 en la compra de gas natural licuado (GNL) y perjudicado al Estado a través de la defraudación de sus intereses. A fines de 2019 la causa quedó radicada en manos de los jueces ahora denunciados.
Un año y medio después se citó a las partes a ofrecer prueba y en dos ocasiones, en mayo pasado, se exhortó al tribunal a que fije fecha al juicio y decida qué prueba es admitida, pero los jueces solo contestaron con un “téngase presente”.
“Mora grave”
“A la fecha de esta presentación, han transcurrido cuatro años, cinco meses y 22 días desde la radicación de esta causa y dos años, nueve meses y 20 días desde que las actuaciones se encuentran en condiciones de contar con auto de admisibilidad de la prueba ofrecida”, se quejó la fiscal León.
“La situación provocada por la mora del Tribunal es, a esta altura, grave”, sentenció la fiscal, que dijo que los jueces del tribunal oral le han impreso al expediente “desde un inicio un camino sinuoso y dilatorio, con demoras de años en dar curso o respuesta a los actos esenciales que demanda el avance del proceso a su culminación”.
“Los antecedentes y las fechas del caso, ya suficientemente recreados, dan la pauta sobre la imperiosa necesidad de imprimir celeridad al ya dilatado trámite que se le ha asignado a esta causa, como aquellas en su conjunto”, escribió León. Y remarcó: “Ya se ha agotado todo tiempo prudencial para seguir dilatando el avance que este tipo de proceso –en realidad, de todo proceso– en su camino a una resolución definitiva y en tiempo oportuno”.
La fiscal dijo que “lo único que importa es que ya se han superado –y desde hace demasiado tiempo– todos los actos procesales necesarios para avanzar hacia el juicio oral, con la celeridad que a todo proceso penal le corresponde y a este se le niega”, aun cuando se trate de un caso complejo o que no se dispongan de recursos. Criticó la desprolijidad de los integrantes del tribunal porque “tardaron años para la certificación parcial de la documentación, sin que -¡y a 5 años!- exista un certificado final y detallado” de los documentos que permita rastrearlos.
La fiscalía habló de la necesidad de una separación de juicios en esta causa en particular, más allá de la conexidad con el resto de los expedientes. “Esta causa es parte de un proceso conformado por distintos hechos de corrupción en que se ha avanzado a esta instancia oral. Aquí se incluye una hipótesis fáctica de defraudación calificada, que se conexa a otros expedientes que contienen acusaciones por asociación ilícita, cohecho, lavado de activos. En todas, el centro de las maniobras se ubicaba en la causa CFP 9608/2018 [causa madre] y en aquellas que le son tributarias por ser sus canales de recaudación”. Pero este expediente puede juzgarse por separado, dijo León, pues tiene otros imputados y hechos.
La cocinera de De Vido
Lo mismo propuso para el otro sumario, donde denunció a los jueces por “retardo de justicia”. Se trata de la causa contra la cocinera de De Vido, Nélida Caballero, Omar Marcelo Lavergne y Camila Florencia Caballero acusados de haber intervenido, en operaciones de lavado de dinero de procedencia ilícita.
Allí también han transcurrido cuatro años, cinco meses y 22 días desde la radicación de esta causa y dos años, dos meses y nueve días desde que las actuaciones se encuentran en condiciones de decidir qué prueba ofrecida es aceptada y cuál no.
En el caso de este expediente llegó a la Sala II de la Casación, a cargo de Ledesma, Slokar y Yacobucci, que lo enviaron a la Sala IV, porqué allí tramitaba una causa por enriquecimiento ilícito contra De Vido. Pero los jueces de la Sala IV, Hornos, Carbajo y Borinsky, no aceptaron la competencia.
Los jueces de la Sala II entendieron que la causa contra la empleada domestica resultaba conexa con la causa donde se investiga a De Vido y su mujer, Alessandra Minnicelli, por su incremento patrimonial de forma desmedida, pero los de la Sala IV indicaron que eran casos diferentes que se encuentran “en estadios procesales distintos”.
Es decir que, a pesar de las denuncias por retardo de justicia, los jueces que deben resolverlas tampoco se ponen de acuerdo acerca de quién debe tomar al decisión sobre la conducta del tribunal oral que lleva casi cinco años sin ponerle fecha al juicio. No obstante, hoy decidieron darle trámite a la queja de León.
El caso de los cuadernos de las coimas se inició por una investigación del diario LA NACION que reveló la anotaciones de Centeno sobre su paso por despachos oficiales y empresas para llevar y traer sobornos. En algunos casos, sus viajes terminaban en el departamento de Cristina Kirchner, en Recoleta, donde de acuerdo con los testimonios los bolsos eran recibido por su secretario, el fallecido Daniel Muñoz.
Cristina Kirchner está acusada de 27 hechos de coimas y como jefa de una asociación ilícita. Los principales acusados son los exfuncionarios De Vido, Baratta, José López y el chofer Centeno, el financista Ernesto Clarens, y los empresarios Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner (extitular de la Cámara Argentina de la Construcción) y Néstor Otero (el concesionario de la terminal de micros de Retiro), entre otros.
Por Hernán Cappiello
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