La explicación oficial molestó en las fuerzas

El jefe de Gabinete, Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, lanzaron ayer una seguidilla de acusaciones contra la Gendarmería y la Prefectura que fueron relativizadas por las fuerzas de seguridad y despertaron un malestar que se sumó a la falta de anuncios de aumentos salariales.

Los ministros afirmaron que los suplementos no remunerativos se impusieron "en los años 90". No obstante, desde la Gendarmería y Prefectura dijeron que los pagos "en negro" se dispararon entre 2005 y 2008 para aumentar los ingresos, pero no los aportes jubilatorios, las cargas sociales, los aguinaldos ni los haberes de los retirados.

"En los 90, los suplementos eran el 20% del sueldo, pero desde 2005 llegaron a ser el 70%, mientras el 30% era el salario formal", dijo un alto mando de una de las instituciones.

El jefe del Gabinete y el ministro de Economía denunciaron una "verdadera industria del juicio" en ambas fuerzas. "Nos metió a todos en la misma bolsa", decían en Prefectura. Desde allí destacaron que los "abusos en sueldos de hasta 90.000 pesos fueron casos puntuales" que se registraron tras decenas de juicios en la Gendarmería y no en la Prefectura. Se produjeron, aclararon, por medidas judiciales superpuestas derivadas del fallo "Salas" de la Corte Suprema. En Prefectura rechazaban esos acumulativos, mientras que en la Gendarmería se los incorporó a los sueldos. En las fuerzas de seguridad se preocuparon por aclarar ayer que el Gobierno conocía el tema y podía corregir la superposición sin rebajar los sueldos como se hizo en el fallo Zanotti y luego extenderlo a todos los efectivos de las dos fuerzas con el decreto 1307.

Los ministros aseguraron que el decreto 1307 garantizará hasta el 90% del sueldo en blanco. Pero las fuerzas de seguridad aclararon que en realidad eso sólo será para las categorías más bajas; las medias y altas siguen teniendo hasta 50% de adicionales "en negro" y cuando los oficiales pasan a retiro pierden suplementos, de hasta 13.000 pesos.

Los funcionarios exhibieron la compra de embarcaciones y equipamiento como un beneficio para los prefectos y gendarmes. Sobre este punto los referentes de las fuerzas involucradas aseguran que ésos son bienes del Estado y no mejoran su situación salarial, sino que apuntan a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, los ministros aseguraron que el decreto garantizaría mejores sueldos, pero los uniformados aseguran que no recibieron ni siquiera el 21% de aumento que había anunciado la Presidenta.

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