La empresa apuntada por la elección fraudulenta en Venezuela tiene un contrato con Anses

La empresa argentina ExClé SA, encargada de proveer la plataforma tecnológica de votación en las elecciones sospechadas de fraudulentas en Venezuela, tuvo sanciones de Estados Unidos por sus vínculos con el chavismo e Irán. Pero llamativamente mantuvo su contrato con la administración de Argentina, como pudo constatar LA NACION. ExClé SA actualmente provee los servicios de datos biométricos de Anses a partir de un contrato prorrogado en 2023 por el gobierno de Alberto Fernández, después de las primarias abiertas

La empresa tiene como principal cliente al gobierno venezolano y varios de sus organismos, entre los que hay múltiples bancos (del Tesoro, Nacional y Bicentenario del Pueblo). En Venezuela también tiene contratos para la elaboración de documentos público, como los pasaportes, y para el Consejo Nacional Electoral. Hasta 2017, el hardware para el proceso electoral era provisto por Smartmatic, una empresa internacional que participó en elecciones en la Argentina durante las legislativas del gobierno de Mauricio Macri, pero dejó de trabajar con Venezuela luego de que se pusiera en duda la transparencia de los resultados de los comicios de la Asamblea Constituyente. “Estamos convencidos de que esta es la primera vez que hubo fraude en una elección en la que participamos”, dijo en ese entonces Mark Malloch-Brown, representante de la compañía.

Ese año, circularon fuertes versiones de que las maquinas de Smartmatic habían sido expropiadas y dadas a ExClé SA para que implementen un nuevo software pero, ante la dificultad para compatibilizarlas, se compraron nuevas.

La preocupación respecto al fraude en el sistema informático tocó su punto máximo en 2020 cuando, frente a las elecciones para reformar la Constitución bolivariana, que finalmente le permitió a Maduro presentarse a un tercer mandato, Estados Unidos advirtió que la filial venezolana de la empresa argentina había comprado nuevas máquinas a China, pagado a través del sistema financiero ruso y transportado vía Irán.

A partir de ese momento, se congelaron en Estados Unidos todos los activos de las compañías y de sus dueños. Las medidas tomadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro, implicó una prohibición general para los estadounidenses y las empresas o personas que tengan bienes o participaciones en el país de transaccionar con ExClé SA o sus miembros.

En Argentina

Ese contexto no impidió que la Argentina vuelva a usar como proveedora a ExClé SA. Tenía contratos previos. En 2018, la empresa fue adjudicada en una contratación directa para la prestación de un servicio de soporte y mantenimiento de la plataforma de software biométrico de Anses, por dos años, por un total de $6.458.448 (unos US$150.000). El contrato venció en 2020, justo cuando le empresa fue sancionada por EEUU. ExClé SA sumó otro cliente del sector público en 2019, cuando ganó una licitación pública de la Dirección Nacional de Migraciones para la provisión de una solución integral para la identificación de extranjeros no residentes y control biométrico de restricciones sobre personas en la Argentina.

Pese a las sanciones, dos años después, con la gestión de Alberto Fernández y Fernanda Raverta en Anses se firmó un nuevo acuerdo, también por contratación directa, para el control biométrico. Esta vez, por US$109.113 por un año. El contrato fue prorrogado por un año más el 20 de septiembre de 2023, después de las PASO, por el mismo monto y tiempo. Los documentos oficiales a los que accedió LA NACION dan cuenta de que sigue vigente el acuerdo hasta fines de septiembre.

La empresa fue fundada por Luis San Agustín y es manejada hoy en día por sus hijos, Eduardo y Guillermo San Agustín. En 2004 abrieron su oficina en Venezuela y menos de tres años después, empezaron a trabajar con el Consejo Electoral Nacional.

La familia tiene múltiples negocios en la Argentina y en el exterior. Eduardo San Agustín, que maneja la operación local, fundó en el 2000 Smartfield, una consultora abocada a la rentabilidad agrícola y luego Dronescope, de servicios tecnológicos con drones. Su principal socio es Hernán Pellegrini, otro empresario argentino. LA NACION intentó comunicarse con ellos a través de distintos medios, pero no recibió respuesta.

Sus socios en Venezuela son, de acuerdo a investigaciones llevadas adelante en EEUU, Marcos Javier Machado Requena y Carlos Enrique Quintero Cuevas, quien fue rector suplente del Consejo Nacional Electoral venezolano y miembro de las fuerzas militares, y el vínculo entre la empresa y el gobierno chavista.

En la página oficial de la empresa, aseguran que tienen como cliente a varios organismos de Mendoza, entre los que está el Ministerio de Seguridad, la Obra Social de Empleados Públicos, y el Registro Civil. En el portal de compras de la provincia, se constatan dos contratos hechos con la empresa, ambos en 2021.

Los resultados anunciados en las denunciadas elecciones venezolanas son los que se desprenden del software que provee ExClé SA. En Venezuela, el sistema de votación es “automatizado”. El organismo electoral dispuso un poco más de 30.000 mesas en cerca de 15.000 centros en todo el país. Los aproximadamente 21 millones de ciudadanos habilitados para votar debían presentar su cédula de identidad y emitir su voto de manera electrónica en las maquinas, que luego imprimían un comprobante con su voto, que era depositado en una urna. Constataban luego su emisión con una firma y la estampa de su huella dactilar en un cuaderno. La verificación que pide la sociedad venezolana y la comunidad internacional es el reconteo físico de los votos a partir de estos comprobantes y de las actas elaboradas a partir de ellos. En la tarde del domingo, surgieron denuncias en distintos barrios de Caracas respecto de que las fuerzas armadas no permitían el ingreso de testigos para la corroboración de estos documentos.

La empresa maneja también la habilitación de electores, un tema polémico por la exclusión de cerca de 6 millones de personas que podrían haber votado, especialmente en el exterior. Entre otros negocios en el país, desarrolló BioPos, un medio de pago integrado criptomoneda nacional y billeteras virtuales, que contabilizaría cerca de 500.000 transacciones por día.