La disputa por los alimentos | El Gobierno busca revertir el fallo de un juez de feria al que le adjudica intencionalidad política

El Ministerio de Capital Humano presentará esta mañana un escrito ante la justicia en lo Contencioso Administrativo para que en la causa por la entrega de alimentos vuelva a regir la decisión del juez original del caso, Walter Lara Correa, que el 12 de julio pasado impuso un plazo de 20 días para informar el plan de distribución de los productos, que ya se está llevando a cabo, según afirman en el Gobierno. La presentación de la cartera de Sandra Pettovello buscará revertir la decisión del juez de feria, Martín Cormick, que cambió el plazo de Lara Correa e impuso que el informe esté listo en 48 horas.

Para Capital Humano, la decisión de Lara Correa “avala las políticas del Gobierno en materia alimentaria”, pero consideraron que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien promovió el amparo colectivo, “intentó modificar los alcances de la sentencia y desvirtuarla a su favor durante la feria judicial” y lo consiguió gracias a la ayuda del juez que tomó transitoriamente el caso.

El ministerio reclamar ahora que se respete la sentencia del juez titular del caso, que el próximo lunes retomará el expediente tras la feria judicial. En el ministerio de Sandra Pettovello también enfatizaron que el magistrado de feria no debió haber tomado una decisión sobre la cuestión de fondo.

Cormick es un juez vinculado a La Cámpora, que fue designado en el cargo por el expresidente Alberto Fernández y antes fue funcionario del PAMI e Inspector General de Justicia en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner. Integra desde 2021 el fuero Contencioso Administrativo Federal, donde se resuelve sobre la legalidad o no de las decisiones administrativas que afectan a empresas, a particulares o a las propias instituciones. Mantiene su influencia en el fuero el camarista Sergio Fernández, depositario del poder permanente y hermano de Javier Fernández, auditor general de la Nación.

La intervención de Cormick se dio en el marco de una presentación hecha por el CELS. La organización quedó como querellante en el caso contra Capital Humano luego de que el juez Lara Correa corriera del expediente a las organizaciones sociales que, encabezado por la UTEP, reclaman por la distribución de los alimentos.

El 12 de julio pasado, el juez Lara Correa le dio 20 días hábiles a Capital Humano para entregar su informe y decidió: “Hacer lugar a la medida cautelar requerida por la Defensora Pública Oficial y, en consecuencia, dispóngase que el Estado Nacional–Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas enunciados en los considerandos, los cuales deberán ser cumplidos de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna”.

“Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente se hace saber que lo decidido no obsta a las facultades que posee el Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o planes. Así como tampoco, la potestad de creación de nuevos programas complementarios siempre que el colectivo identificado y, a quien se encuentra dirigido el programa, satisfaga de manera efectiva su derecho. Hágase saber que lo aquí resuelto no trae aparejado la imposibilidad del ejercicio del poder de policía que detenta la autoridad de contralor sobre los comedores y/o merenderos ‘preinscriptos’ y/o ‘matriculados’ con o sin convenio del PNUD”, agregó el juez.

La decisión de Lara Correa fue bien recibida en la cartera de Pettovello, donde consideraron que el informe que fue requerido es una “oportunidad para consolidar y visualizar las acciones que el Ministerio viene desplegando”. Y apuntaron al CELS, luego de la reciente decisión de Cornick, al que acusaron de “modificar los alcances de la sentencia y desvirtuarla a su favor durante la feria judicial”.

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