La disputa entre el Gobierno y los piqueteros escala en la Justicia con denuncias cruzadas
Se acumulan denuncias y amparos desde ambos frentes por la falta de control en la entrega de alimentos y por la interrupción en el reparto por parte de Capital Humano
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El enfrentamiento entre el oficialismo y las organizaciones sociales se corrió al terreno judicial. Mientras el Gobierno avanza en su objetivo por hacer a un lado a los movimientos sociales de la “intermediación” de muchas de las prestaciones –uno de cuyos capítulos es transparentar y ordenar la distribución de los alimentos–, referentes de las distintas agrupaciones afirman que a más de cinco meses de gestión, aún no han recibido asistencia por parte de la Nación para los comedores que tienen bajo su tutela. El conflicto tomó nuevos visos con una escalada judicial, a partir de denuncias cruzadas desde ambos frentes.
En línea con el ordenamiento en la distribución de los alimentos, el ministerio de Capital Humano, liderado Sandra Pettovello, avanza a paso firme con el operativo territorial que busca dar cuenta del estado y la existencia de los comedores comunitarios. Ese relevamiento presencial, que está pronto a acabar, según sostienen en la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, fue la base para la denuncia que el Gobierno realizó ante la Justicia Federal: el oficialismo afirma que casi la mitad de estos centros no funcionaba correctamente y que un 16% de ellos nunca existió. La auditoría, tal como se afirma en el escrito judicial, todavía no concluyó.
La denuncia del oficialismo, cuyas pruebas podrían configurar los delitos de “incumplimiento a los deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública” –asentada sobre la base de que la gestión anterior “no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería”– se da a días de que la ministra Pettovello deba responder a un requerimiento de la Justicia.
Con la interrupción en el reparto de alimentos como trasfondo, y en la línea con la causa iniciada por el dirigente social Juan Grabois contra la propia ministra por incumplimiento con los deberes de funcionario público, la fiscal Paloma Ochoa solicitó la semana pasada que se especifiquen las acciones “concretamente adoptadas” por parte del Ministerio durante los últimos cuatro meses para garantizar la asistencia alimentaria a los comedores. Ochoa dio un plazo de 10 días hábiles que vence la semana que viene.
Desde el mismo frente y en juego con la urgencia que pregonan las organizaciones, en febrero, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), liderada por el referente del Movimiento Evita, Alejandro Gramajo, elevó un amparo colectivo solicitando como medida cautelar “la entrega de alimentos e insumos de forma inmediata para el sostenimiento de los comedores y merenderos comunitarios”. El amparo recibió un espaldarazo ayer, cuando el Juzgado en lo contencioso administrativo Número 7 allanó su curso al reconocer al reclamo de las organizaciones como “colectivo”, validando también su “pretensión” de que se restableciera la entrega de alimentos.
En el escrito presentado por las organizaciones sociales se afirma que desde diciembre de 2023 se discontinuó la entrega de “cualquier tipo de insumo o prestación monetaria” para los espacio socio-comunitarios, que afrontan –remarcan– una demanda creciente agudizada por la situación social. Además, solicitan a Capital Humano que precise la cantidad de espacios asistidos hasta la fecha, así como también la identificación de aquellos otros que no recibieron auxilio del Estado.
En tanto, en la denuncia que inició Grabois contra Pettovello, el dirigente social reconoce el aumento que implementó el Gobierno en la Tarjeta Alimentar, y le adjudica a la ministra una responsabilidad solo parcial. “Se estima que el 64% de los 13 millones de niños, niñas, y adolescentes que viven en este país son pobres. Poca de esta responsabilidad le cabe a la actual ministra de Capital Humano de la Nación. La pobreza infantil es la principal deuda que tiene la clase política en su conjunto desde hace más de 40 años, con los sectores más postergados de nuestro país, pero el problema y la responsabilidad que sí le cabe al actual gobierno y en particular a la Lic. Pettovello es el hecho de no hacer nada para mitigar esta situación”, se lee en la denuncia.
El cruce entre el oficialismo y las organizaciones sociales arrastra en su seno las irregularidades de la gestión de Alberto Fernández –en la cual muchos de los referentes sociales ligados al kirchnerismo ocupaban lugares de peso en el exMinisterio de Desarrollo Social– y tiene como corolario inmediato la interrupción en la entrega de alimentos en los comedores asociados a los movimientos sociales.
“Comedores fantasmas”, auditorías y compra de alimentos
La espontaneidad con la que los comedores emergen o se disuelven en los distintos barrios, la mayoría de las veces producto de alguna iniciativa vecinal, dificulta la tarea de tener un registro actualizado de los mismos.
La incertidumbre en torno al número de comedores que efectivamente funcionan quedó reflejada en sendos escritos judiciales presentados por las organizaciones sociales. Mientras que en la denuncia que inició Grabois contra la ministra Pettovello se asevera que los comedores inscriptos en el Renacom son más de 1200 (”se multiplicaron”, se advierte), en el amparo colectivo presentado por la UTEP se sostiene la existencia de facto de más de 40 mil.
Tal como consignó LA NACION en febrero del año pasado, la proliferación de “comedores fantasmas”, es decir, de espacios que no cumplían con una frecuencia de apertura acorde a los recursos que recibían, no solo generaba recelo entre aquellos que sí funcionaban correctamente –en ocasiones con menos recursos que los que no abrían sus puertas– sino que también derivaba en la comercialización de la mercadería, algo prohibido por la ley.
Por esos días, LA NACION constató que algunos de los productos adquiridos por el exMinisterio de Desarrollo Social, destinados para los comedores comunitarios, se vendían en un comercio de Villa Martelli, a muy pocas cuadras de uno de los depósitos del ministerio. Los productos llevaban inscripta la leyenda “prohibida su comercialización”.
El pasado martes, mientras pequeños grupos de más de un veintena de organizaciones sociales se movilizaban hacia la quinta de Olivos con una serie reclamos bajo el brazo – un operativo policial impidió que llegaran a la residencia presidencial-, funcionarios de la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia recorrían los comedores de las organizaciones sociales en los barrios como parte de la auditoría territorial que realiza el Ministerio de Capital Humano.
Quienes emprenden estas visitas, cuentan quienes los reciben, recorren el barrio y le preguntan a los vecinos sobre el funcionamiento y la existencia del comedor, y en ocasiones dejan una nota. Pero la visita, según cuentan en una organización, cierra con un mensaje: “Por ahora no hay nada”.
Por su parte, el ministerio, a través de convenios que firmó con Programas de Naciones Unidas y Organización de Estados Interamericanos (OEA), activó licitaciones para la compra de alimentos, por un total de 20 mil millones de pesos. La licitación de la OEI, según consta en su página oficial, ya fue adjudicada: se adquirieron lentejas y aceite por un total de $3.651.940.179,00 para los galpones que el Minsiterio tiene en Villa Martelli y en la provincia de Tucumán.
A su vez, por febrero, luego de que la Iglesia se pronunciara en contra de la interrupción en el reparto de mercadería, el ministerio trabó acuerdos con Cáritas y la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera).
“Estamos terminando el relevamiento”, afirmaron desde la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
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