La dirigencia política en estado de shock

Justo cuando la dirigencia política opositora empezaba a desperezarse y a tratar de ponerse de pie con alguna dificultad frente al Gobierno, el escándalo que rodea al expresidente Alberto Fernández acusado por violencia de género, impactó de lleno fuera del oficialismo y dejó en estado de shock a muchos. No solo por la gravedad de los hechos aberrantes que denuncia Fabiola Yañez.

La reposición en el centro de la agenda pública de nuevas manifestaciones de degradación de la dirigencia afecta de lleno al kirchnerismo, en particular, y al peronismo, en general, que llevaron a Fernández a la Presidencia, pero también tiene daños colaterales para otros espacios.

Eso explica los silencios, las demoras en manifestarse o las reacciones aisladas y a título individual de sectores políticos, dirigentes y legisladores que ya estaban lejos de Fernández, como los propios seguidores de Cristina Kirchner, que sigue sin opinar sobre este tema, pero no sobre otros.

Otro tanto ocurre con el mutismo de otros que nunca estuvieron cerca del expresidente, sobre quien ya pesan medidas cautelares restrictivas de su libertad por la denuncia de su expareja. En la mayoría de los casos no se trató solo de gestos de respeto irrestricto al principio de inocencia que debe regir para cualquier ciudadano ni consideración o afecto por el denunciado.

Por contraste, resaltó la rápida condena que hizo del aberrante hecho el oficialismo, encabezado por el propio presidente Javier Milei. Tanto como como la utilización política, al aprovechar el caso para justificar sus políticas de eliminación o vaciamiento de los organismos estatales de lucha contra la violencia de género o contra la discriminación. El cierre del Inadi, en medio del escándalo, no es mera coincidencia.

La convicción reinante en el aparato de comunicación mileísta de que el hecho tiene una absoluta repercusión social negativa no solo para Fernández y su espacio sino que se extendía a toda “la casta”, también los llevó a extrapolar ese sentimiento de rechazo hacia todas aquellas instituciones que fueron creación o bandera del kirchnerismo y a las que otras fuerzas y muchos dirigentes políticos y sociales valoran y reivindican.

La reacción podría resultar un exceso o una banalización, ya que la utilización o el bastardeo que se hicieron o pudieran haberse hecho de ellos por parte de otros gobiernos o la hipocresía en la defensa de derechos y principios que muchos de sus más desatacados dirigentes violaban, no implica automáticamente que una amplia mayoría social estuviera demandando su eliminación. Es lo que sucede con muchos servicios del Estado de los que se exige y espera mejores prestaciones, más transparentes y alejadas del uso partidario. No su cierre o vaciamiento.

Además, si un gravísimo hecho individual fuera utilizado para demostrar la inutilidad de ciertos organismos estatales el argumento podría extraspolarse y poner en cuestión la existencia de otros que suelen ser reivindicados por la actual gestión.

Las altas tasas de delitos vigentes, aun cuando estuvieran en descenso, y el aumento de la preocupación ciudadana por la inseguridad que registran todas las encuestas podría llevar así a la eliminación del Ministerio de Seguridad y a dar de baja a todos los agentes de las fuerzas policiales, en lugar de dotarlas con más recursos, mejor formación y mayores controles. Solo es un ejemplo que podría ampliarse. La lógica del absurdo puede ser esclarecedora y peligrosa.

Renovación del crédito social

Ese terreno fértil que le han dejado los gobiernos anteriores a la administración libertaria, con los escándalos renovados y la profunda crisis económica subsistente, resultan, así, una herencia bendita, más que maldita.

Los especialistas en opinión pública constatan en estas horas que la actualización de ese legado le prolonga el crédito social a Milei, a pesar del impacto socioeconómico del ajuste y las deficiencias, inconsistencias o fragilidades que aún muestran las políticas oficiales en casi todos los terrenos. Justo cuando empezaban a asomar algunos nuevos reclamos que desplazaban del tope del ránking a la inflación en baja. Séneca decía que la suerte es la confluencia de la preparación con la oportunidad.

Los elementos que rodean a la revelación del horrendo hecho que denuncia haber sufrido Fabiola Yáñez y del que desde ciertos subsuelos se dejaban trascender algunos indicios ya hace un tiempo, no relativizan ni minimizan la gravedad de lo que habría ocurrido. Solo le aportan un contexto que enrarece aún más el aire del espacio público.

Si Milei llegó al poder como la exitosa encarnación de un instrumento de castigo a la dirigencia, los hechos que sacuden hoy a la sociedad refuerzan la vigencia de esa premisa. El libertario se proyectó hacia la cima con la impugnación a lo establecido basado en conceptos prepolíticos como la moral y la fisiología: el sistema no solo era corrupto sino también ineficiente. Roban y no hacen, sería la síntesis popular.

El paso del tiempo al frente de la administración nacional, sin embargo, empieza a posar los juicios sobre el presente, mientras aleja el pasado, hasta que éste vuelve con el estrépito de un trueno. Acaba de ocurrir. Nadie sabe cuánto durarán sus efectos. Mientras tanto, el Gobierno agradece y lo resalta.

“La denuncia de las agresiones que habría sufrido Fabiola es de una gravedad tal que domina todo, más aún porque habría ocurrido en la residencia de Olivos. Eso implicaría que si así fue el poder presidencial se utilizó, además, para silenciar y acallar cualquier denuncia o filtración durante mucho tiempo”, admite con un exfuncionario de la gestión albertista.

La investigación deberá avanzar, por eso mismo, sobre ese terreno y llamar a dar testimonio a una importante cantidad de funcionarios públicos y empleados que se desempeñaban en la quinta presidencial, quienes deberán declarar so pena de incurrir en falso testimonio o ser imputados de encubrimiento o incumplimiento de los deberes de funcionario por no haber denunciado la comisión de un delito si este terminara constatándose.

Algunos exfuncionarios de Fernández que han hablado con él poco después de reveladas las acusaciones no parecen cómodos con la estrategia que eligió para su defensa, a través de un comunicado en el que niega de forma general los hechos y anuncia que refutará los hechos ante la Justicia.

“Alberto eligió defenderse judicialmente, pero no mediáticamente. Eso facilita la condena social y, además, obtura cualquier defensa política”, lamentó una figura del peronismo cercano al expresidente. No es la primera vez que el profesor de Derecho elige una estrategia defensiva que otros (incluso allegados a él) no comparten.

La magnitud de los hechos que se le imputan al expresidente y la correspondiente consternación que su publicación produjo, no hacen olvidar a la política que el origen de la revelación de las presuntas agresiones de Fernández a su entonces pareja se encuentra en la información hallada en el teléfono celular de María Cantero, la histórica secretaria privada del expresidente.

La investigación del supuesto tráfico de influencias y corrupción con el negocio de los seguros de Cantero y su esposo, Héctor Martínez Sosa, que pasó a ser un caso secundario en la opinión pública, podría volver ser desplazada por otros hechos resonantes, temen o presumen varios exfuncionarios y dirigentes políticos.

Mientras tanto, no son pocos los escaldados por la sola mención de su nombre en los chats de Cantero. Aún sin aportar evidencias concluyentes salpican a funcionarios que lograron terminar su gestión en el gobierno nacional sin daños reputaciones. Es el caso del actual ministro bonaerense Gabriel Katopodis que manifestó una airada desmentida respecto de supuestos favores a Martínez Sosa cuando estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas, entre 2019 y 2023.

“El papel de la secretaria privada del presidente de la Nación es muy importante en la estructura institucional. Por ella pasan casi todos los contactos que establece su jefe. Por lo tanto, si en su celular todavía había cosas tan sensibles y hasta autoincriminatorias como las conocidas es posible esperar mucho más. Inclusive información confidencial que pueda tener vínculo con la seguridad del Estado o involucre relaciones internacionales”, advirtió con preocupación, más que especulación, un importante exfuncionario de la administración de Fernández. La política se encuentra en estado de alerta.

El temor se extiende a dirigentes que fueron opositores en los cuatro gobiernos kirchneristas.

El argumento que se esgrime desde esos espacios no implica la admisión de vínculos espurios sino que se centra en la presunción de que podrían haber entrado en acción cuentapropistas de la inteligencia, siempre dispuestos a prestar servicio al poder de turno, que estarían distribuyendo información armada para afectar a rivales políticos. La reciente reivindicación en la práctica de viejos espías y sus jefes dentro del aparato estatal acrecienta los temores.

Macristas en alerta

En tal contexto, en las cercanías de Mauricio Macri hizo sonar todas las alarmas la flamante denuncia penal presentada por su hermano Mariano contra los hijos del expresidente y otros parientes, con quienes arrastra una vieja disputa por bienes familiares, que dice le fueron escamoteados en forma fraudulenta.

Las circunstancias temporales que rodean a esa denuncia no son el único motivo de suspicacia, pero lo alimentan. En el macrismo anotan que la presentación llegó justo después de la parcial diferenciación pública que Mauricio Macri hizo del Gobierno la semana pasada, más la crítica explícita contra el superasesor presidencial Santiago Caputo y el rechazo público a la postulación para la Corte del cuestionado juez federal Ariel Lijo.

También les resulta sugestivo a los allegados al expresidente que los patrocinantes letrados de Mariano Macri sean los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro. En su foja de servicios se destacan las defensas ejercidas en caso de alta repercusión pública como las que tuvieron por protagonistas al expresidente Carlos Menem, al condenado exministro kirchnerista Julio de Vido y al técnico informático Diego Lagormarsino, procesado en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, entre otras actuaciones. Su llegada a los más altos y bajos círculos del poder no pasa inadvertida.

La cuestionada ampliación de fondos reservados para la remozada Secretaría de Inteligencia del Estado por 100.000 millones de pesos, que la oposición legislativa intenta impedir, y la creciente injerencia en esa área que se le adjudica a Caputo, el joven, ensanchan el espectro de los sectores preocupados.

Los fantasmas no existen, pero muchos creen haberlos visto. Más en horas oscuras en las que abundan la susceptibilidad y el temor. La dirigencia política está en shock. Y no solo ella.