La deuda de Lázaro Báez con el Estado sigue creciendo: ya son más de $3000 millones
La cuenta pendiente de Lázaro Báez con el Estado nacional sigue aumentando. Ahora se sumaron otros $430 millones que le adeuda al Banco Nación, como mínimo, según estimaron los síndicos de la quiebra de su nave insignia, Austral Construcciones,elevando su deuda total con las arcas públicas nacionales por encima de los $3280 millones.
La deuda de Báez con el principal banco público del país abarca varios rubros. Incluye $230 millones de capital, tanto con privilegios hipotecarios y prendarios, así como también otros créditos quirografarios que son, por tanto, mucho más difíciles de recobrar, cifra a la que a su vez deben acumularse los intereses.
Los síndicos de la quiebra, que integran el estudio Ramos Méndez-Garbarini, estimaron además que la deuda de Báez con el Banco Nación se divide entre dos de sus empresas. Por Austral Construcciones son $297,2 millones entre capital e intereses, más otros $126,1 millones entre capital e intereses con Kank y Costilla, otra de las constructoras de su grupo que quedó absorbida en la quiebra.
Con esos $430,7 millones pendientes de cobro, el Banco Nación se sumará ahora a la larga lista de acreedores que busca recuperar su dinero a medida que la Justicia remata los bienes de uno de los presuntos testaferros de la familia Kirchner, aunque Báez volvió a presentarse como víctima de una persecución política en la última audiencia del año en el juicio oral que afronta por la "ruta del dinero K". A esos $430,7 millones con el Banco Nación, sin embargo, deben adicionarse otros $2850 millones que la Justicia determinó que el otrora magnate de la obra pública patagónica le adeuda desde hace años a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Báez aspira, sin embargo, a encarrillar al menos sus problemas con la AFIP. Diez días después de salir de la cárcel de Ezeiza para continuar bajo arresto domiciliario, dio sus primeros pasos para intentar inscribir a Austral Construcciones en la nueva y más amplia moratoria que impulsó el presidente Alberto Fernández. Mediante una nota que presentó su abogado, Federico Gonzalo Gil, Báez argumentó que quiere acordar con la AFIP "con la finalidad principal de cancelar la totalidad de las deudas tributarias verificadas y declaradas admisibles a favor del fisco nacional, en el marco del proceso concursal".
Sin embargo, con la quiebra de Austral Construcciones ya declarada desde fines de junio de 2018, la Justicia avanza con los procedimientos para rematar al menos algunas de sus más de 1412 propiedades que adquirió entre 2005 y 2015. Entre ellos, las estancias que Báez compró en distintos puntos de la Patagonia.
La jueza en lo comercial María José Gigy Traynor ya ordenó a los síndicos que avancen sobre esos inmuebles, entre los que se destaca la estancia Cruz Aike, donde Báez solía reunirse con Néstor Kirchner para comer corderos patagónicos, y cuyo valor mínimo de subasta rondaría los 46 millones de pesos.
Las estancias no agotan, sin embargo, la lista de activos, algunos de los cuales ya cambiaron de manos. Ya se remataron edificios, departamentos y cocheras obteniendo US$4,2 millones, en tanto que el tribunal oral que juzga a Báez por lavado de activos le entregó maquinaria pesada a Vialidad Nacional y le ordenó a la Agencia de Bienes del Estado (ABBE) que avance con el remate de dos aviones. No solo eso. La jueza Gigy Traynor también ordenó que Vialidad le restituya 144 maquinarias a Austral Construcciones que se encuentran en Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. Pero no para que reinicie sus operaciones, sino para avanzar con el proceso de remate.
"Han pasado ya dos años del decreto de quiebra -que está firme-, en que se vienen utilizando y conservando estos bienes", le plantearon los síndicos a la jueza. "Más allá de la pandemia, ya es tiempo de que se dicte la resolución pertinente para que la DNV restituya las maquinarias, lo que permitirá acelerar los pasos para la restitución a la quiebra de los bienes, que permita a su vez avanzar en la preparación de su venta", abundaron. Esos remates podrían darle al Banco Nación y a la AFIP una oportunidad de cobrarle a Báez, quien aplicó técnicas de "contabilidad creativa" para ocultar pérdidas por más de $250 millones de Austral Construcciones, durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011, según reveló LA NACION en 2013.
Báez escondió ese rojo multimillonario con varios artilugios. Entre ellos, el ingreso extraordinario de 254,3 millones de pesos desde Uruguay y Belice durante 2011, como también informó LA NACION durante aquellos años. Y con aportes recibidos desde otras de sus empresas o sumando $32 millones de más en su patrimonio durante el ejercicio 2008.
Esas pérdidas exponían la otra cara de los negocios de Báez. En particular, durante los años en que acumuló pasivos con el Banco Nación, que en 2011 le aprobó la constitución de un fideicomiso cuestionable que mostraba similitudes con el derrotero previo de otro referente de la construcción con fuertes vinculaciones con la política, pero en territorio bonaerense: Victorio Américo Gualtieri.
Durante los 90, y en simultáneo con la gestión de Eduardo Duhalde como gobernador de la provincia, Gualtieri acumuló obra pública por más de 1000 millones de pesos convertibles a dólares. Pero al mismo tiempo que sumaba contratos el constructor acumuló deudas incobrables por 106 millones de pesos/dólares con el Banco Provincia. Esa cifra lo ubicó segundo en la lista de morosos del fideicomiso que la Legislatura bonaerense debió aprobar para salvar al Banco. Ahora, la Justicia busca que los caminos de Báez difieran de aquellos de Gualtieri.
Otras noticias de Lázaro Báez
- 1
Escala la pelea en la Corte Suprema: Lorenzetti estalló contra sus colegas, que le respondieron con dureza
- 2
Alarma en la Corte Suprema. La Justicia investiga una serie de llamados a comisarias de alguien que se hace pasar por Horacio Rosatti
- 3
Dinero, control policial y culto a la personalidad. El sistema que montó Gildo Insfrán en Formosa y que la Corte buscó clausurar
- 4
Una “cueva” y dos cuentas: así fue la trama que llevó al juez Lijo a sobreseer a Andrés Vázquez, actual director de la DGI