La desclasificación de archivos, una revisión que apunta a proclamar los ataques de la guerrilla como crímenes de lesa humanidad

Con consignas definidas, como “memoria completa”, “guerra revolucionaria” y “batalla cultural”, el gobierno de Javier Milei avanza en su objetivo de lograr que los crímenes de las organizaciones guerrilleras durante los años 70 sean declarados delitos de lesa humanidad. Con distintas estrategias, la administración libertaria apunta a que dentro de un año, cuando se cumpla medio siglo del último golpe de Estado en la Argentina, la interpretación reciente de la historia política del país sea revisada y, por lo menos, puesta en duda.

A esa finalidad apunta, en primer término, el anuncio de la desclasificación de “los archivos vinculados con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar”, anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni. La novedad se conoció en momentos en que la Cámara de Casación Penal debe definir si el líder guerrillero Mario Firmenich tiene que prestar declaración indagatoria por un atentado sangriento de Montoneros, perpetrado en 1976.

Fuentes cercanas al oficialismo indicaron que, a diferencia de la desclasificación de archivos ordenada en enero de 2010 por Cristina Kirchner, esta vez la documentación no permanecerá en jurisdicción de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), accesible únicamente a quienes eran autorizados por la autoridad política del momento, sino que será enviada al Archivo General de la Nación, donde estará disponible para cualquier interesado”.

La desclasificación de los archivos que había ordenado Cristina Kirchner en 2010 se fundamentaba en la necesidad de atender el requerimiento de una gran cantidad de información relacionada con la represión, a partir de la reapertura de los juicios a los militares. Se trataba, principalmente, de documentos que se conservaban en el área de Inteligencia y hasta ese momento mantenían el carácter confidencial.

Ahora, el plan libertario para desmontar la política de derechos humanos consolidada durante la etapa kirchnerista incluye un objetivo de alcance internacional sobre el que se viene trabajando desde hace meses: lograr que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considere delito de lesa humanidad el atentado contra el capitán Humberto Antonio Viola y su hija María Cristina, de tres años, perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974, durante la vigencia de un gobierno constitucional.

Históricamente, las voces cercanas a las Fuerzas Armadas cuestionaron la aplicación de la figura de los “crímenes de lesa humanidad” en los juicios contra los militares, al sostener que esa tipificación surgió en el Estatuto de Roma en 1998, veinte años después de producidos los hechos que eran juzgados. Derrotada esa posición en los tribunales, la nueva estrategia apunta a que esa misma teoría sea aplicada a los ataques guerrilleros.

A diferencia de otras cuestiones de gobierno, el presidente Milei se alineó en este caso con la insistente prédica de la vicepresidenta Victoria Villarruel, en favor de una “memoria completa” sobre lo ocurrido en los tiempos de la dictadura militar.

“Un millón de víctimas”

“Los terroristas amnistiados en 1973 continuaron desafiando a la Nación, atacando unidades militares, asesinando civiles, poniendo bombas y pretendiendo partir nuestro país al focalizar el conflicto en Tucumán”, declaró Villarruel en las redes sociales. La decisión de una presidente constitucional y sus Fuerzas Armadas impidieron que se completara el asesinato del millón de personas prometido por el terrorismo marxista con el objetivo de instalar una dictadura interminable como la cubana”, añadió.

En tren de especulaciones, sectores cercanos al Gobierno dejaron trascender la expectativa de que la difusión de documentos reservados de aquella época pueda contribuir a sacar a la luz pública las hipótesis que manejaban las autoridades militares. En ese sentido, comenzó a hablarse del “millón de víctimas” que proyectaban producir en el país las organizaciones guerrilleras”, según apuntó a LA NACION una voz cercana al gobierno libertario.

En el Ministerio de Defensa, que conduce el radical Luis Petri, intentaron desligar a las Fuerzas Armadas del centro de la polémica, al señalar que el proceso de desclasificación “solo comprenderá documentación que se conserva en el área de Inteligencia” y negaron cualquier participación de la cartera y de las fuerzas militares en la iniciativa.

El resurgimiento de estos debates, en tanto, es seguido con muy poco entusiasmo en el interior de las Fuerzas Armadas, donde los jefes militares procuran evitar verse mezclados en las polémicas por las violaciones a los derechos humanos por parte de camadas antiguas. Más inquietud generó en las filas castrenses, por ejemplo, la decisión tomada por el ministro Petri en enero, cuando dispuso la baja de 23 militares retirados que habían sido condenados por delitos de lesa humanidad.

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