La denuncia de Fabiola Yañez | Advierten que el Gobierno no tiene las imágenes de las cámaras de seguridad de Olivos de la gestión de Alberto Fernández
El fiscal Ramiro González había pedido que le enviaran lo grabado dentro de la quinta presidencial, tanto en la residencia oficial como en la casa de huéspedes, pero lo registrado no se guarda más de 45 días
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El Gobierno recibió un pedido de la fiscalía que investiga la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández y prepara su respuesta, pero hay al menos una parte que no podrá contestar, porque no se conservan imágenes de las cámaras de seguridad de la quinta de Olivos de la gestión de Fernández.
Así lo informaron a LA NACION fuentes que conocen el sistema de seguridad, que explicaron que almacena imágenes, como máximo, durante unos 45 días. Lo anterior ya no está disponible, concluyeron. Pero además una fuente que trabajó para el gobierno anterior añadió que durante la gestión de Fernández la calidad de las imágenes que se guardaban era “de media a alta” y que, por ende, el tiempo de conservación de lo almacenado podría haber sido incluso menor. Y eso no sería todo: la misma fuente explicó que los domos de Olivos giraban, en general, 360°, con excepción de los de la entrada del chalet presidencial, que giraban 180° y no tomaban en ingreso a la residencia.
La orden de que los domos no tomaran el ingreso al chalet principal, en el que residían Fernández y Yañez, habría sido dada por el entonces intendente de la residencia, Daniel Rodríguez, según coincidieron distintas fuentes consultadas por este diario. Rodríguez, que deberá declarar como testigo en el caso el próximo lunes, fue ubicado ante LA NACION por distintas personas como quien habría presenciado una de las agresiones del exmandatario a la por entonces primera dama. Rodríguez es un leal a Fernández desde tiempos en que integraba su custodia cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.
La falta de registros fílmicos supone una dificultad para la investigación judicial, en el marco de la causa 2539/2024 en la que el expresidente está imputado desde el último miércoles por los delitos de lesiones graves, entre otros, contra su expareja. El material fílmico está bajo la órbita de Casa Militar, el órgano mixto de civiles y militares que se encarga de la seguridad presidencial en la Residencia Oficial de Olivos y Casa Rosada.
En cuanto al resto de la documentación solicitada por la fiscalía, fuentes oficiales informaron que responderán a la Justicia con la mayor celeridad posible, pero que la búsqueda puede llevar algunos días. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo esta mañana que los pedidos incluidos en los “dos oficios” que llegaron de la fiscalía federal de Ramiro González “van a ser aportados” y que las consultas “se han derivado a las áreas correspondientes”.
Sobre los registros de ingresos y egresos también tuvo, entre 2019 y 2023, ascendencia Rodríguez, que los recibía de Casa Militar. Esos listados se dividen en tres: empleados y proveedores, visitas al chalet presidencial y audiencias. A diferencia de los fílmicos esos sí deben estar resguardados y quienes conocen los movimientos de aquellos días suponen que estarán completos. Pese a que nadie duda de que Rodríguez podría haber sido capaz de alterar algún dato, suponen que la fiesta de Olivos en plena cuarentena es “la mejor prueba de que eso no lo hacía”. Las razones son varias, pero la principal es que “hubo varios garrones, ese en especial, porque él no omitía algunos detalles”. Ahora todo eso será central para la causa.
Los pedidos al Gobierno fueron dispuestos por el fiscal la semana pasada, cuando imputó formalmente al expresidente por los delitos de “lesiones graves, doblemente agravadas” y por ”amenazas coactivas”, por los golpes que Yáñez relató que él le propinó. En ese documento, González ordenó una batería de unas 30 medidas de prueba que incluyen tomar testimonios del exmédico presidencial Federico Saavedra, de la exsecretaria María Cantero, al propio Rodríguez y de la amiga de la ex primera dama Sofía Pacchi.
Precisamente a través de Pacchi, su por entonces pareja Robert Chien, un empresario de origen taiwanés, estuvo cerca de lograr la licitación para renovar la más de media docena de domos que cubren el predio de la quinta de Olivos, que es considerada por conocedores como una tecnología “prácticamente obsoleta”.
Cuando se conoció la foto de Pacchi en Olivos y los registros que daban cuenta de los numerosos ingresos de Chien al lugar, la operación se cayó, según relataron fuentes al tanto de lo sucedido. “Cuando pasó lo de Olivos la licitación estaba prácticamente cerrada para hacerla con él, pero después de eso se cayó y nunca más quisieron sacar una licitación”, detallaron fuentes al tanto de esas negociaciones. En todos los registros, Chien figuraba como Chien Chia Hong, el nombre con el que llegó a Buenos Aires desde Taiwán en la década de 1980.
El pedido de la justicia
El fiscal González pidió en su escrito los videos de los últimos dos años de las cámaras de seguridad de la quinta de Olivos, del chalet principal y de la casa de huéspedes, donde Yáñez contó que vivió el último año de gobierno, tras la separación de hecho con Fernández. Esas son las imágenes que ya no están.
Tal como informó LA NACION, la fiscalía pretendía hacerse de los videos de las cámaras de seguridad interna que cubren la zona del chalet presidencial y la casa de huéspedes, de abril, mayo, junio julio y agosto de 2021, así como también de julio de 2023. Y que se guarden los registros entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, pero nada de eso sigue estando, según las fuentes consultadas por LA NACION.
Asimismo pidió que se le informe la nómina del personal doméstico que cumplía funciones en el chalet y en la casa de huéspedes entre 2021 y 2023 (personal de limpieza, cocina y mozos), así como también que el Gobierno indique los horarios en los que cumplían funciones, para citarlos en el futuro.
También pidió registros de ingreso, puntualmente, del médico Federico Saavedra, y de cualquier otro médico de esas Unidad entre el año 2021 y 2023. Además, le solicitó a la Unidad Médica Presidencial “todas las constancias de atención a Fabiola Yáñez desde diciembre de 2019 a diciembre de 2023″, al Sanatorio Otamendi, SANAR y a la Clínica Fertilis la historia clínica de Yáñez correspondiente a los años 2016 y 2017.
Al Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco), que encabeza Facundo Manes, le pidió también la historia clínica de Fabiola Yáñez correspondiente a los años 2016 y 2017, así como también que informe qué profesionales la atendieron.
A la Casa Militar le requirió los datos del personal que acompañó a Yañez en un viaje que realizó durante julio de 2021 a Misiones.
En esta misma lista de medidas, el fiscal le había pedido al juez Julián Ercolini que hiciera una inspección en la quinta de Olivos, pero el magistrado rechazó esa solicitud porque entendió que ahora no es necesaria, dado que los hechos que se investigan podrían reconstruirse por otras vías.
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