La defensa del gobierno de Axel Kicillof a la estatización de la Hidrovía

A partir del 13 de septiembre, el Gobierno, a través de la Administración General de Puertos (AGP), va a cobrar el peaje de la Hidrovía, por lo menos durante los próximos 12 meses. Por ahí se movilizan alrededor de dos tercios del total de las exportaciones argentinas, unos US$43.000 millones por año. El nuevo sistema se trata de un cambio sustancial en el manejo de la vía navegable, que desde 1995 está concesionada a Hidrovía SA, a través de un régimen que contempla el cobro del canon por parte de los privados. Está integrada por la compañía de dragado belga Jan de Nul y la argentina Emepa, ésta última denunciante en “la causa de los cuadernos”. En lo formal, se llama “contrato de concesión de obra pública por peaje”.

A partir del Decreto 427 oficializado este jueves, que otorga el control de la Hidrovía a la AGP, el Estado tendrá la concesión y un contratista realizará las obras en la autopista fluvial, a quien se le va a pagar con lo recaudado con el peaje. Se introduce de esta manera un eslabón más en la cadena de pagos. Especialistas en derecho administrativo explican que, con esta metodología no haría falta una licitación pública, sino que podría darse el trabajo al mejor postor o, directamente, designar a una empresa por el carácter urgente de las obras que hay que realizar, ya que el dragado no puede detenerse.

En ese marco, el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, en respuesta a los dichos del precandidato a diputado nacional Ricardo López Murphy, desarrolló en Twitter una encendida defensa del proyecto kirchnerista para la Hidrovía: “Referentes de la oposición, nostálgicos de los años 90 y voceros de los sectores económicos más poderosos de nuestro país plantean, una vez más, la falsa y obsoleta dicotomía entre el Estado y el mercado, ahora aplicada a la denominada Hidrovía”, lanzó.

Antes, López Murphy había dicho: “Con el autoritarismo de siempre, el Gobierno se apodera de la Hidrovía, la vía navegable por la que pasa el 80% del comercio exterior argentino. Una decisión de ignorantes porque el Estado no posee la maquinaria adecuada para su mantenimiento y así se frenará con el desarrollo”.

Sobre estas declaraciones, Costa manifestó: “Ante la ausencia de control del Estado, unos pocos se adueñaron de la arteria del comercio exterior del país, poniéndola al servicio de sus negocios, apropiándose de los peajes, decidiendo qué inversiones y servicios realizar y perjudicando la competitividad de nuestra economía”.

Y continuó: “El Estado debe intervenir para garantizar un equilibrio y un desarrollo integral del sistema logístico y de transporte fluvial, asegurando el desarrollo de los tramos menos rentables de las vías navegables y propiciando una convivencia eficiente de puertos privados y públicos”.

Tal como había anticipado LA NACION, el Gobierno cedió por un año a la Administración General de Puertos (AGP) el control y administración de la denominada Hidrovía Paraná-Paraguay, la vía navegable de 3500 kilómetros por la que pasa el 80 por ciento del comercio exterior argentino, que estaba en manos de la empresa belga Jan de Nul junto a su socio local Emepa. Medida que se oficializó a través de un decreto firmado por Alberto Fernández, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

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