La defensa de Jones Huala apeló ante la Corte Suprema la extradición a Chile
Los abogados reclaman que la decisión del juez federal Villanueva sea declarada nula al afirmar que al líder de la RAM se le negó el derecho a defenderse
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SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A casi dos meses de que la Justicia de esta ciudad aprobara la extradición de Facundo Jones Huala a Chile, los defensores del líder mapuche presentaron una apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Se trata del único recurso que les queda para evitar la extradición.
Los abogados Gustavo Franquet y Eduardo Soares, miembros de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, entienden que la Corte “no tiene otra alternativa que declarar nulo de toda nulidad todo lo actuado, mandando realizar un nuevo juicio oral y público en el que se asegure a nuestro defendido el debido proceso en el que pueda oponer las defensas efectivas y reales correspondientes”.
Y añaden: “Entendemos que se debe decidir la libertad inmediata del señor Francisco Facundo Jones Huala, con los recaudos que se consideren necesarios para su comparecencia al nuevo proceso”.
Los defensores de Jones Huala ya habían planteado la nulidad del proceso que se llevó adelante en Esquel, donde el líder mapuche permanece detenido. “La violación del derecho de defensa en juicio y del principio de igualdad de armas a partir del rechazo de toda la prueba propuesta es el causal del planteo de nulidad”, indican ahora en la presentación ante los jueces de la Corte Suprema, a la que accedió LA NACION.
El 31 de julio pasado, el juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva concedió la extradición de Jones Huala a Chile. El juez recomendó a la justicia chilena que compute el tiempo que el líder de la RAM permaneció detenido en la Argentina, a los efectos del cómputo final de la pena.
Jones Huala es reclamado para cumplir la sentencia que se le impuso el 21 de diciembre de 2018 luego de que la Sala de Juicio Oral de Valdivia lo condenara a nueve años de prisión por los delitos de incendio y tenencia ilegal de armas.
En enero de 2022, a Jones Huala le concedieron la libertad condicional, pero cuando la Corte Suprema de Chile anuló esa decisión y ordenó su captura, el dirigente mapuche se dio a la fuga. Permaneció prófugo hasta principios de este año, cuando fue detenido en la localidad de El Bolsón.
Al realizarse el juicio de extradición, en julio de este año, Franquet y Soares solicitaron el apartamiento de Villanueva, el mismo juez que en 2018 concedió la extradición de Jones Huala a Chile para ser juzgado. Asimismo, en aquel momento, los abogados defensores quisieron “demostrar que la condena, la prisión subsecuente y la resolución de la solicitud de libertad condicional, todo ello responde a un conflicto social y político y a decisiones administrativas y judiciales de pleno contenido político”.
“El Sr. juez nunca lo entendió así. Nunca entendió, como se aprecia en su sentencia final, que esta no fue la segunda parte del juicio llevado adelante en 2018, sino que fue un juicio diferente en el que debían analizarse hechos y situaciones diferentes”, se quejan los defensores de Jones Huala en la presentación del recurso de apelación ante la Corte.
Agregan que sobre el líder mapuche pesó “un ánimo de persecución por parte del Estado chileno durante el proceso al que fue sometido”. Y sobre los fundamentos de la sentencia del 31 de julio, en la que Villanueva concedió la extradición, los defensores señalaron: “Si intentamos probar que Francisco Facundo Jones Huala sufrió persecución, discriminación y maltrato en Chile, no se nos permite y se nos contesta con extensísimas citas de informes laudatorios de la democracia y el estado de derecho chilenos [...] Y además se nos reprocha ‘evadir’ especificaciones. Pues sí, qué sentido tiene exponer calamidades que, justamente por no poder ni siquiera intentar ser probadas, van a ser desechadas como fantasías”.
Según contó Soares a LA NACION, estiman que la decisión de la Corte Suprema podría demorar menos de tres meses. A Jones Huala le resta cumplir un año, cuatro meses y 17 días de pena en Chile.
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