La Corte suspendió el secuestro de los registros de la entrevista que un periodista le hizo a un hermano de Mauricio Macri

En un juicio donde se discute la protección del trabajo periodístico, la Corte Suprema de Justicia suspendió el secuestro de las grabaciones realizadas por el periodista Santiago O’Donnell cuando entrevistó a Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, y que utilizó para escribir un libro sobre la familia del exmandatario.

La Corte, con la firma de sus cuatro integrantes, hizo lugar al recurso de queja de O’Donnell y ordenó, como medida previa a resolver el fondo del asunto, suspender la orden judicial que había dispuesto el secuestro de esos registros.

Los jueces dijeron que “los argumentos expresados en el recurso extraordinario y mantenidos en la queja, podrían, prima facie, involucrar cuestiones de orden federal susceptibles de examen” por parte de la Corte y que “eventualmente la decisión recurrida podría generar un perjuicio de imposible reparación ulterior”. Advirtieron los jueces que no estaban anticipando opinión sobre el fondo del problema.

En 2020, O’Donnell publicó el libro “Hermano”, con las conversaciones que había mantenido con Mariano Macri, quien acusó a su hermano Mauricio de irregularidades en el manejo de sus empresas y consideró que lo habían perjudicado. Hablaba allí de la relación familiar, de los vínculos con Franco Macri y de cómo los negocios fueron comandados por Mauricio y luego por Gianfranco Macri. Mariano habló de manejos turbios de la familia y acusó a su hermano mayor de supuestos fraudes.

Mauricio Macri, en ese momento, salió al cruce de las expresiones de su hermano y dijo que eran todas mentiras.

Mariano Macri estuvo de acuerdo en un principio con el contenido del libro, pero luego lo cuestionó ante la Justicia e intentó impedir su publicación.

La jueza civil Marta Gastaldi, que subrogaba en el juzgado donde recayó el caso, falló en favor de Mariano Macri y ordenó que O’Donnell entregara las grabaciones de las charlas con su entrevistado. Sin embargo el periodista alegó que esta decisión afectaba la libertad de prensa y su trabajo profesional y que lo exponía a perjuicios económicos en caso de una demanda civil, pues tal era el objetivo de Mariano Macri al requerir esos registros.

O’Donnell intentó apelar a la Cámara Civil. Planteó a través de sus abogados que si se lo negaban sería inconstitucional, en base al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969) y del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), que incluyen la doble instancia como parte del debido proceso.

Sin embargo, el miércoles 5 de mayo, la jueza Andrea Imatz falló en contra y le negó esa posibilidad. Según la jueza, el Pacto de San José de Costa Rica “no tiene jerarquía constitucional en juicios civiles”. Además, argumentó que la jurisprudencia no habilita la doble instancia en el fuero civil cuando se trata de “diligencias preliminares” ejecutadas por el juzgado, previas a un juicio, que buscan hacerse de prueba para dicho proceso.

La jueza sostuvo que “no se advierte” que las medidas ordenadas para que el periodista entregara las grabaciones de sus entrevistas “ataquen los derechos” de libertad de prensa, de información ni de reserva de las fuentes de información, como había argumentado O’Donnell.

Imatz también dijo que resolvió hacerse de las grabaciones porque debía actuar “como guardián de la equidad que deben conservar las resoluciones judiciales” pero que su medida no lesionaba “la libertad de expresión del periodista” porque “el libro ya está publicado”.

O’Donnell siguió con su reclamo y llegó hasta la Corte con un recurso de queja, que fue admitido. Fue así como el máximo tribunal, como medida preliminar, suspendió la ejecución de la orden judicial de secuestro de los registros de las conversaciones.

La decisión de la justicia civil de obligar a O’Donnell a entregar las grabaciones fue repudiada por numerosos juristas de diversas corrientes y miradas políticas y jurídicas. Fue criticada con dureza por las entidades que defienden la libertad de prensa y por mas de 200 periodistas que firmaron una declaración.

La Coordinadora del Programa para América Latina y el Caribe del Comité para la Protección de los Periodistas, Natalie Southwick, dijo, en referencia al fallo de la justicia civil que ordenó la entrega de las grabaciones: “Socava descaradamente la libertad de prensa y sienta un precedente terrible que es incompatible con las obligaciones nacionales e internacionales de Argentina con respecto a la libertad de expresión e información”.

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