La Corte Suprema revisará el caso de la fiscal anticorrupción a la que quieren enjuiciar

La Corte Suprema de Justicia le pidió a la Justicia de Entre Ríos que le envíe el expediente por el cual la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche quiere que se suspenda el jury en su contra previsto para el próximo lunes. La medida le da esperanzas a la funcionaria judicial de que su caso será tratado por el máximo tribunal.

En dos líneas, la Corte le pidió a la justicia de Entre Ríos que le envíe los antecedentes del recurso de amparo que había presentado la magistrada, donde pidió, por ahora sin éxito, que se suspenda el juicio que le quieren iniciar.

Goyeneche promovió acción de amparo para cuestionar al Jurado de Enjuiciamiento que decidió apartar al Ministerio Fiscal de su rol de acusador y poner en su lugar a un conjuez, abogado de la matrícula. El amparo fue admitido en primera instancia, pero luego el Superior Tribunal de Justicia lo revocó.

Ante ese fallo Goyeneche fue a la Corte, donde también pidió que que se suspenda el jury, cuyo inicio esta previsto para el lunes. Y el máximo tribunal decidió este viernes requerir que le envíen la actuaciones.

“Aun cuando ello no importa por sí mismo la suspensión del jury en trámite, constituye, sin embargo, un importante indicio de que la Corte ha advertido la gravedad institucional del caso y ha decidido actuar en consecuencia. El pedido de remisión del expediente es una medida excepcionalísima que la Corte ejerce en muy contadas ocasiones. Además para que se disponga tal medida se requiere, según la reglamentación de la propia Corte, que concurra la conformidad de tres jueces del tribunal (en este caso fue por decisión de los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkranz)”, explicaron fuentes judiciales de Entre Ríos.

Goyeneche insistió hoy en la Corte para remarcar la urgencia del tema, solicitando una rápida resolución. A una semana de la condena por corrupción al exgobernador y exembajador en Israel Sergio Urribarri, la Justicia entrerriana había fijado fecha para que que el lunes 2 de mayo comience el jury para destituir a la fiscal Goyeneche, que motorizó ese proceso contra el exmandatario entrerriano.

La fiscal Goyeneche se encuentra suspendida por el jurado de enjuiciamiento. Sostuvo la fiscal en su presentación ante la Corte que la promoción de su juicio político pretende impedir el ejercicio de sus funciones como fiscal anticorrupción en momentos en que están en etapa decisiva “relevantes causas de investigación de corrupción que involucran al poder político provincial incluido el exgobernador de Entre Ríos Sr. Sergio Urribarri”.

La fiscal dijo en su escrito que el Jurado de Enjuiciamiento que fijó fecha para el jury actuó en su caso con “evidente parcialidad” y realizó una “sistemática violación de sus derechos de defensa y al debido proceso”. Señaló que esto quedó en evidencia cuando le rechazaron la posibilidad de presentar pruebas, y por ampliar el caso a una investigación patrimonial sobre sus bienes que abarca los últimos 20 años, incluso varios años antes de haber asumido como fiscal, en 2006.

Dijo Goyeneche que el proceso de remoción “continúa avanzando muy rápidamente y a paso firme, pese a la ilegítima integración del órgano acusador”. Y remarcó que ya recusó a cuatro integrantes del jurado de enjuiciamiento al alegar que actúan con parcialidad en su caso, enemistad manifiesta, violación del secreto por la difusión previa de votos y el sesgo sexista en la decisión de iniciarle un jury, entre otras razones, pero esas recusaciones fueron rechazadas.

Además, cuestionó que hayan separado de la investigación de su caso a todos los fiscales y que coloquen como fiscal a un conjuez de la Corte (abogado de la matrícula) para que actúe como fiscal ad hoc, “en violación de los principios más elementales del debido proceso y sus formas sustanciales, la garantía del juez natural y el derecho a ser acusada y juzgada por órganos imparciales”.

Por eso, pidió a la Corte que se le otorgue su recurso de queja y la urgente suspensión del proceso ante una decisión del jury bajo un procedimiento y composición que denunció como irregular. Goyeneche está acusada de no haberse excusado en una causa en que investigaba a un abogado que había sido socio de su esposo. La fiscal alegó que no era necesario apartarse porque la situación había sido anterior a la investigación, pero el procesó avanzó hasta aprobar su juicio político, que ahora tiene fecha de inicio.

Esta situación se da en momentos en que Goyeneche coordinaba el equipo de fiscales que investigó a Urribarri y que ahora lo hace con el cuñado del exgobernador y otros funcionarios provinciales, acusados de cobrar dinero de contratos de la Legislatura, asignados a empleados públicos, que nunca recibían sus sueldos de manera completa. El monto del fraude que se investiga es de unos 53 millones de dólares.

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