La Corte Suprema podría adelantar la elección de sus autoridades y neutralizar el impacto de la eventual llegada de Lijo

La renovación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, traumático rito que se repite cada tres años y que ahora debería ocurrir antes del 1° de octubre, se coló en medio de la discusión por la postulación de nuevos integrantes del máximo tribunal. Por eso es que no se descarta que la votación se anticipe un mes y se consoliden las actuales mayorías que ungieron sucesivamente a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti en ese lugar.

Este debate se da en momentos en que la Corte analiza un caso de alto impacto que interesa al mundo de las empresas, y que podría conocerse en los próximos días, señalan fuentes del ámbito judicial. El contenido del fallo se mantiene bajo estricta reserva, pero sería otra buena noticia para el empresariado, que festejó cuando vio la luz el fallo que ponía límites al cálculo de interés en las indemnizaciones laborales, que estaba desde hacía unos meses en el tribunal.

La elección del presidente de la Corte es el origen de las diferencias que mantiene la mayoría del cuerpo, integrada por Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, por un lado, y Ricardo Lorenzetti por el otro. Esta mayoría se aplica a la gestión de la Corte, no de las sentencias, que se mueven por otra lógica jurídica, la de los precedentes y las posiciones que tiene cada uno de los jueces.

En 2018, cuando Rosenkrantz fue electo presidente, fue el fin de 11 años ininterrumpidos de Lorenzetti al frente de la Corte. Fue clave en esa votación el voto de Maqueda, que durante años se había inclinado por Lorenzetti.

El final del ciclo de Lorenzetti y la elección posterior de Rosatti como presidente de la Corte consolidaron un cambio en la gestión del tribunal, que pasó de un estilo personalista, anclado en Lorenzetti, a un estilo más colegiado, con Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda funcionando en conjunto, y Lorenzetti exponiendo sus diferencias, en ocasiones públicamente.

Ocurrió cuando cuestionó el funcionamiento de la obra social del Poder Judicial y el cambio de administrador en la Corte, que implicó el alejamiento de Héctor Marchi, rafaelino como él, que llevó las cuentas del máximo tribunal en su gestión. Ocurrió también con la acordada de la Corte sobre el lenguaje claro. Lorenzetti, además, no oculta sus críticas a que el presidente de la Corte, Rosatti, sea a la vez presidente del Consejo de la Magistratura.

Luego de seis años del nuevo equilibrio de poder, vuelve la tensión a la Corte en vísperas de una nueva elección presidencial. El presidente Javier Milei propuso dos candidatos para completar la Corte: Ariel Lijo, para que cubra la vacante de Elena Highton, y Manuel García-Mansilla, para que ocupe el lugar de Maqueda, que este año cumple 75 años, edad límite que marca la Constitución.

El Gobierno inició el proceso de designación de ambos magistrados con la publicación en el Boletín Oficial de sus candidaturas y empezó a recolectar adhesiones y objeciones. Lijo y García-Mansilla están activos para conseguir el apoyo de sus colegas. Pero Lijo cuenta con el auxilio de Lorenzetti, de fluido diálogo con la justicia federal en Comodoro Py y en el interior del país.

El juez de la Corte fue quien le llevó el nombre de Lijo a Milei. Ambos se conocen de cuando el actual presidente era un economista que debatía con Lorenzetti, en su despacho cubierto de boiserie oscura, las teorías económicas en torno a los contratos, especialidad del juez de la Corte.

En campaña, Milei había prometido que iba a conversar sobre el nombre de los candidatos a la Corte con los jueces del máximo tribunal. No lo hizo, o al menos lo hizo sólo con Lorenzetti. Milei terminó por convencerse de que Rosatti es contrario a la dolarización (dijo que “no se pude dolarizar” porqué la Constitución manda defender el valor de la moneda), cercano al peronismo y alguien que coqueteó en campaña con Sergio Massa.

Milei prefirió no consultar con Rosatti, de quien desconfía, y se recostó sobre Lorenzetti. De hecho, el Presidente hizo públicas sus suspicacias cuando dijo que “tres jueces de la Corte han tomado una posición poco amigable” con su decreto de necesidad y urgencia 70/23, que desregula la economía.

Los hechos le demostraron que estaba siendo mal informado. La Corte rechazó la semana pasada dos demandas contra el DNU de Milei por razones formales. No convalidó su constitucionalidad, pero rechazó dos planteos. Y ahora se apresta a hacer lo propio con otras demandas que no cumplan con los estándares que fijó el tribunal: que haya un caso o controversia y que se establezca la legitimidad del que reclama.

Ahora la Corte tiene en sus manos el capítulo laboral del DNU, cuestionado por la CGT. Pero el radicalismo llevó su propio proyecto de reforma laboral al Gobierno para tratarlo junto a la “Ley de bases” en Diputados, por lo que la Corte dejará que el diálogo político en el Congreso avance en busca de una solución para el ámbito de la relaciones laborales.

Por supuesto, esa ventana no será eterna. Rosatti ya dijo que la Justicia debe esperar un “plazo razonable” y luego resolver. Solo los jueces saben hasta cuándo se extenderá ese margen.

Si el Senado sesiona y Lijo consigue los votos de los dos tercios de los senadores presentes, el Gobierno y Lorenzetti se ilusionan con que el nuevo integrante llegue a sumarse a la Corte antes del 1 de octubre, cuando debería ocurrir la elección para el nuevo presidente.

Sin embargo, la llegada de Lijo no alteraría las mayorías. Tanto si Rosatti intenta la reelección o Rosenkrantz busca regresar a la presidencia, sumarían tres votos con el de Maqueda. Del otro lado, en minoría, quedarían Lorenzetti y eventualmente Lijo.

En el Gobierno circuló la intencionada especie –originada en los tribunales– que señala que Maqueda dejaría la Corte antes de su cumpleaños, el 29 de diciembre. Nada más alejado de la realidad. “No hay ninguna posibilidad de que Maqueda deje el cargo antes de tiempo. Seguirá hasta el último día en su despacho”, señalaron allegados al juez con 20 años en la Corte. Lo notaron más vigoroso que nunca, tras soportar la embestida del Gobierno para intentar jubilarlo antes de tiempo, con unos modos poco cortesanos.

Solo la salida anticipada de Maqueda permitiría la llegada de García-Mansilla y que la elección del presidente de la Corte se sumerja en el suspenso. Pero nada de eso parece hoy posible.

Lijo y García-Mansilla son dos caras de la misma moneda, dicen en los tribunales. La intención del Gobierno es que ambos pliegos prosperen. El de Lijo, para congraciarse con el peronismo, y el de García-Mansilla, para que la Corte tenga un juez que comparte algunas ideas conservadoras de Milei, como sus cuestionamientos al aborto o a la ideológica de género.

Lijo aún no tiene los votos necesarios para superar el debate en el Senado. Necesita el visto bueno de Cristina Kirchner, que influye de manera directa sobre casi la mitad de los 33 senadores de Unión por la Patria. Un legislador cristinista dijo a LA NACION que no recibió ninguna directiva al respecto.

Pero un gesto puede más que mil palabras. Esta semana, en el Consejo de la Magistratura, el exdiputado kirchnerista y actual consejero por los abogados, Héctor Recalde, pidió suspender el sorteo de una denuncia contra Lijo para designar a un instructor. “No es oportuno en este momento por un principio de primacía de la realidad: cuando el juez Lijo es candidato a la Corte Suprema es muy difícil tratar estos temas. Por eso mi consideración es postergar esto, no podemos ser ajenos a lo que sucede. Acá por un lado u otro están mezcladas las cosas, este caso de Lijo, que está por acceder posiblemente a la Corte Suprema, no debemos tratarlo en el Consejo. Mi idea es postergar el tratamiento”, dijo Recalde. Obtuvo los votos tanto para no avanzar con la investigación sobre Lijo como para postergar el sorteo de una denuncia contra el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla.

La denuncia contra Lijo es del diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. El partido fundado por Elisa Carrió apuntó contra el juez “mal desempeño”, al entender “que efectuó maniobras en la causa de la obra social de la Justicia con el único fin de mantener la acción penal y demorar”.

Aunque aún no reúne los votos necesarios en el Senado, los impulsores de Lijo no pierden las esperanzas. Cerca de Lorenzetti recuerdan que Mauricio Macri necesitó siete meses para que los senadores, en su mayoría kirchneristas, votaran a Rosenkrantz y Rosatti.

El juez federal obtuvo la semana pasada el apoyo explícito del radical Daniel Angelici, binguero, bodeguero, dueño de restaurantes, operador de apuestas on line y, sobre toda las cosas, operador judicial todo terreno. “Si fuera senador, aprobaría el nombramiento de Ariel Lijo”, dijo Angelici.

A pesar de ello, el argumento de mayor peso contra Lijo puede que no sean la críticas por sus antecedentes, sino la cuestión de género. Es decir, que no se eligió a una mujer para ocupar las vacantes en la Corte. El abogado Andrés Gil Domínguez planteó el viernes pasado una medida cautelar para forzar que sea postulada una mujer.

Milei quiere diseñar una Corte que no solo le asegure que pasen por el filtro jurídico constitucional sus reformas, sino que también tenga sustentabilidad, según le aconseja Lorenzetti. De nada le sirve a Milei una Corte que deje atada a una cautelar sus normas fundacionales, para luego verlas revocadas cuando se decida el fallo de fondo. Por eso, el Presidente sigue el modelo de Macri: un candidato propio y otro que pueda seducir al PJ.

Mientras tanto, la Corte tiene en sus manos decenas de causas que pueden generar un torbellino económico en el Gobierno. Solo las demandas iniciadas por las provincias ya suman reclamos por 1000 millones de dólares y la semana pasada se sumaron dos más de Entre Ríos. Nada parece de resolución urgente, pero los casos están ya bajo estudio y girando por diferentes vocalías.

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