La Corte Suprema falló en contra del sindicalista Omar “Caballo” Suárez y ordenó que se lo siga juzgando por fraude y asociación ilícita
La Justicia debe retomar el proceso por presuntos manejos ilegales de dinero entre el SOMU, la obra social, la mutual, una fundación y un grupo de sociedades
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LA NACION
La Corte Suprema de Justicia falló en contra del exlíder del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar “Caballo” Suárez. El sindicalista fue juzgado con otros integrantes de su gremio y fue absuelto, pero la Cámara de Casación revocó ese fallo y dispuso que se dicte uno nuevo. Suárez recurrió a la Corte contra esa decisión, pero el máximo tribunal rechazó sus quejas y dispuso que se siga adelante con la causa en su contra.
Suárez y otros dirigentes sindicales son investigados por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, por la particular interacción comercial entre el sindicato, la Fundación Azul, la mutual, la obra social y las firmas San Jorge Marítima S.A., Malonot S.A. y Elite Viajes S.A.
Los fiscales de juicio dijeron que las actividades de los acusados “se enmarcaron en un contexto de uso abusivo de estructuras societarias” que estaban “íntimamente vinculadas”, dado que los imputados “de manera simultánea cumplían roles en las mismas” y eran “beneficiarios finales” de las maniobras.
Pero el 13 de junio de 2022, el Tribunal Oral Federal N°4 de la Capital Federal absolvió a los 17 acusados, entre ellos Suárez. La lista incluía también a Juan Manuel Medina, Mario Aníbal Morato, Jorge Agustín Vargas, Rigoberto Reymundo Suárez Cardozo, Julio César Barrera, Débora Andrea Medina, María del Carmen Cabrera Peña, Carlos Ítalo Ruíz, Juan Hugo Baneki, Leonel Luciano Abregú, Alejandro Antonio Giorgi, Rubén Alejandro Moreira, Felipe Brighinia, Adolfo Guillermo Vissani, Luis José Clemente y Carlos Alberto Tinant.
Los jueces del tribunal oral Néstor Costabel, Daniel Horacio Obligado y Gabriela López Iñiguez, rechazaron las acusaciones por unanimidad. En lo referido a la presunta administración fraudulenta, argumentaron que en el peritaje contable realizado por la Corte Suprema no se encontraron resultados concluyentes sobre una defraudación al sindicato. Entendieron que tampoco se cometieron los delitos de “asociación ilícita, coacciones agravadas y entorpecimiento de la navegación”. En cuanto a la tercera acusación, los magistrados la consideraron prescripta.
Contra ese fallo, los fiscales Patricio García Elorrio y Nicolás Czizik recurrieron y su recurso fue sostenido ante la Casación por el fiscal Raúl Pleé.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló las absoluciones por considerar que se basaron en un análisis fragmentario de la prueba del caso y ordenaron al tribunal oral dictar una nueva sentencia.
Suárez, que estuvo tres años preso, perdió el liderazgo de su gremio -de donde fue echado- y atraviesa algunos problemas de salud. Recurrió a la Corte Suprema de Justicia contra esa decisión que reactivaba todas las acusaciones en su contra.
Pero llegados sus planteos hasta la Corte, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los desestimaron por falta de sentencia definitiva. De esta manera, la investigación seguirá adelante.
En la Casación, los camaristas Daniel Petrone y Juan Carlos Gemignani coincidieron con la fiscalía en que el tribunal oral había valorado de manera fragmentada la prueba llevada a juicio y que debió evaluar todas las conductas reprochadas en su contexto.
“La técnica valorativa utilizada por el tribunal de grado a la hora de ponderar los diferentes elementos arrimados al debate resultó parcial y aislada, desconociendo el contexto en el cual se produjeron las distintas maniobras presuntamente ilícitas denunciadas por la Fiscalía y las plurales pruebas que, de haberse analizado de forma conjunta y entrelazada, hubieran permitido concluir de modo contrario”, sostuvo Petrone en su voto.
Y dijo que “la absolución dictada resulta propia de una mirada fragmentada de los elementos probatorios e indicios”.
El fallo del tribunal oral, sostuvo el juez, omitió analizar la situación que en conjunto presentaban las administraciones del SOMU, la Mutual del SOMU y la Obra Social del Personal Marítimo.
“Se acreditó en el debate que algunas personas físicas que eran los responsables del Sindicato, la Mutual y la Obra Social, respectivamente, integraban o tenían estrechos vínculos con las empresas que eran contratadas por dichas entidades”, dijo Petrone. Destacó, por ejemplo, que Suárez era la máxima autoridad del SOMU, presidente de la Fundación Azul, vicepresidente de San Jorge Marítima SA y accionista mayoritario y director suplente de la firma Elite Viaje.
En relación con el perjuicio ocasionado al SOMU, la Cámara Federal de Casación puso como ejemplo:
- Los retiros injustificados de dinero de San Jorge Marítima por parte de Juan Manuel Medina, tesorero del sindicato y a su vez accionista minoritario de aquella empresa, sin que conste que dichos montos hubieran ingresado luego en el sindicato.
- Los retiros y extracciones de Julio Barrera, Suárez y Adolfo Guillermo Vissani.
- La existencia de sobreprecios en las operaciones comerciales entre Malonot S.A. y el SOMU. El tribunal destacó que el 50% del capital de Malonot S.A. era del SOMU y el otro 50%, de Débora Andrea Medina, quien a su vez prestaba servicios de limpieza para el SOMU, la mutual, la Fundación Azul y varios hoteles del SOMU. Además, el SOMU, la Fundación y la Mutual eran los únicos clientes de Malonot.
- Elite Viajes S.A. emitió facturas por servicios de alojamiento a integrantes del SOMU, quienes al momento de producirse el gasto resultaron ser, a su vez, accionistas de esa empresa. Los únicos clientes de Elite Viajes S.A. eran entidades vinculadas al SOMU. Débora Andrea Medina también fue presidenta y poseía un 20% del capital accionario de Elite Viajes S.A. Suárez era director suplente de la firma y poseía un 80% de las acciones. Carlos Ítalo Ruíz fue presidente de la firma y Felipe Brighina, accionista minoritario.
La Cámara Federal de Casación sostuvo que la mutual también abonó a Elite Viajes S.A. por plazas de ocupación, sin que se cuente con documentos de esos viajes o plazas ocupadas. La firma Malonot S.A. le hizo facturaciones con sobreprecios a la mutual y el contador de esa entidad, Julio César Barrera, era también contador de la Fundación Azul y de las empresas Malonot S.A. y San Jorge Marítima S.A. El dinero que recibió por sus supuestos servicios profesionales en realidad fue una simulación para ocultar el desvío de fondos, concluyeron los fiscales.
El fallo identificó tres maniobras diferentes en cuanto a la presunta administración fraudulenta en la obra social: el padrón de afiliados abultado con personas que habían fallecido, habían optado por otras obras sociales o no realizaban aportes sin razón alguna; las prestaciones indebidas y el desvío de fondos a la Fundación Azul.
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