La Corte Suprema desplazó a su administrador general, un hombre de Ricardo Lorenzetti

La Corte Suprema de Justica desplazó por mayoría a su administrador general, Héctor Marchi, quien pidió 180 días de lidencia. La decisión de la Corte está vinculada con el reacomodamiento interno del área, pero que pone de manifiesto el enfrentamiento con los jueces tras la elaboración de un informe que da cuenta de las críticas al funcionamiento de la obra social del Poder Judicial.

Marchi administraba un presupuesto de 33.600 millones de pesos y era el custodio del fondo antíciclico de la Corte, un ahorro inmovilizado de 150.000 millones de pesos.

La Corte firmó hoy una acordada, tras su reunión de acuerdos hoy, que desplaza a Marchi por decisión de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti presentó una disidencia en duros términos. “HUbo un perdida de confianza” dijo LA NACION una fuente de la Corte de la mayoría.

Marchi, esta noche pidió una licencia de 180 días, que deberán decidir los jueces de la Corte si se la otorgan.

Los jueces trabajan desde el 29 de marzo el proyecto de acordada que firmaron hoy, según supo LA NACION. Ayer, Marchi informó que estaba enviando a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados un informe que daba cuenta de las irregularidades detectadas en el funcionamiento de la obra social del Poder Judicial, uno de los temas por los cuales se está llevando adelante el proceso de enjuiciamiento contra los magistrados del máximo tribunal.

Fuentes de la Corte dijeron a LA NACION que la decisión de desplazar a Marchi estaba tomada desde antes de sus presentaciones de las últimas semanas (además del informe vinculado con la obra social, Marchi recusó a los cuatro jueces en una causa judicial).

Lorenzetti, en su disidencia, planteó que “es evidente que no hay razones administrativas para disponer este traslado”, relataron a LA NACION fuentes del tribunal. Dijo que la prueba de ello es que “se designa en su reemplazo a un secretario civil que no tiene ninguna experiencia en la administración, para desplazar a un funcionario que hace quince años que se desempeña con el aval de todos los ministros y sin objeciones”.

“El enojo lleva a la irresponsabilidad institucional con grave perjuicio para el Poder Judicial”, advirtió el juez, que dijo que está en riego por una decisión “precipitada” la negociación de salarios, la administración de contratos, vehículos, fondos anticíclicos, elaboración del presupuesto, la relación con los bancos y temas impositivos de funcionarios y magistrados. A su entender, el apartamiento de Marchi es, en realidad, “una sanción porque ha presentado un informe sobre la Obra Social, de fecha 19 de abril, que no parece gustar”.

Entendió además que “la resolución es inaplicable y no tendrá ningún efecto jurídico”, y que el hecho de trasladar a Marchi a la Cámara Federal de la Seguridad Social implica por su grado, “agregar un camarista más”.

En su acordada de hoy la Corte decidió separar el área de auditoría del área de administración. Así dispuso “dotar de mayor especialidad y autonomía funcional al órgano encargado de realizar el control contable, financiero y de gestión de la superintendencia que desarrolla como cabeza del Poder Judicial”.

Creó la Dirección de Control Interno y Auditoría que reportará al pleno de los jueces del tribunal para darle autonomía funcional con respecto a las áreas controladas. Activó, además, una “secretaría jurídica general”, una dirección de sumarios y otra de Asuntos Contenciosos. Y dispuso que la Mesa General de Entradas y la Dirección de Despacho, que actualmente dependen de la Dirección Jurídica General y de la Secretaría General de Administración, se desempeñen en la órbita de la Secretaría Jurídica General.

Va a ser ste organismo el que se encargue de las declaraciones juradas de bienes de los magistrados y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Tendrá la recepción, custodia, registro y archivo de las declaraciones juradas. En noviembre de cada año, la Dirección de Recursos Humanos elaborará el listado de los sujetos obligados a presentar su declaración jurada patrimonial integral y la publicará en la página web del Centro de Información Judicial.

Se creó además una un área de Control Interno y Auditoría. Además, se decidió el traslado de Marchi a la Cámara Federal de la Seguridad Social y que la secretaría que ocupaba quede a cargo del titular de la Secretaría Judicial N° 1, Damián Ignacio Font. La Secretaría Jurídica General quedará a cargo de Luis Sebastián Clérici.

Marchi era el administrador general de la Corte, cargo al que llegó de la mano de Lorenzetti. Sobrevivió a los cambios de presidentes de la Corte y a las embestidas de Elisa Carrió, quien lo denunció penalmente. Cuando asumió Rosenkrantz al frente de la Corte, se lo buscó desplazar, pero en esa ocasión los votos no acompañaron la decisión. Hoy ocurrió lo contrario. Solo Lorenzetti lo respaldó.

Marchi, santafesino, llegó a la Corte como subadministrador del tribunal a finales de 2003, cuando asumió Lorenzetti como juez de la Corte. Era la manera de neutralizar a Nicolás Reyes, el hábil administrador de la Corte heredado del menemismo. Reyes se retiró y Marchi, que había aprendido a su lado los secretos del Palacio de Justicia, quedó al frente.

Marchi trabajaba con asuntos relacionados con PAMI en Santa Fe. En 2001 llegó a ocupar la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Rafaela, durante la segunda gestión de Ricardo Peirone, y de allí escaló hasta ser ministro de Hacienda del gobernador Jorge Obeid, peronista como él, aunque hoy Marchi ya no tiene una activa militancia. Rafaela es la ciudad de Lorenzetti.

Elisa Carrió lo denunció penalmente en 2016 por prestunto enriquecimiento ilícito, en una causa que quedó radicada en el juzgado del entonces juez Sergio Torres, pero el juez desestimó el caso por inexistencia de delito.

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