La Corte Suprema condenó al Gobierno a pagar $86.000 millones a Santa Fe por coparticipación
Es un fallo de 2015 que le daba tiempo al Estado y a la provincia a acordar el monto y la firma de pago; ante el fracaso, el máximo tribunal ejecutó la sentencia; fue luego de las críticas de Soria a los jueces
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LA NACIONHernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia determinó que el Estado nacional tiene que pagarle a Santa Fe $86.000 millones por la quita de la coparticipación federal, en dos causas que, aunque fueron resueltas en 2015, el pago nunca se efectivizó.
La noticia sobre esta decisión de la Corte se conoció luego de que el ministro de Justicia, Martín Soria, salió de la reunión con los jueces del máximo tribunal y dio a conocer sonoras críticas a la Justicia. Este fallo estaba listo desde hace semanas.
Hubo quienes especularon con que el fallo se difundió este martes como respuesta al ministro de Justicia. Otros plantearon que el fallo fue la causa de los comentarios altisonantes de Soria. En la Corte evitaron hacer comentarios o relacionar ambos episodios.
El fallo apuntó a dos sentencias sobre fondos coparticipables que la Corte tomó en noviembre de 2015, a días de que Cristina Kirchner dejara el poder y asumiera Mauricio Macri, condenando al Estado nacional a pagar a la provincia de Santa Fe las sumas detraídas entre 2006 y 2015 para financiar a la Anses y la AFIP. A pesar del compromiso asumido expresamente por las partes de acordar el monto y la forma de pago de la deuda, dicho propósito no se alcanzó. Ante la falta de arreglo entre las partes, la Corte ejecutó la sentencia y el Estado nacional deberá devolverle a Santa Fe $86.000 millones.
En su momento, la provincia de San Luis no negoció y obtuvo un fallo a favor para cobrar $26.000 millones en bonos para cancelar una deuda que era originalmente de $5000 millones.
La deuda inicial de Santa Fe era de $23.000 millones. Hubo negociaciones del exgobernador Miguel Lifschitz que no llegaron a nada y su sucesor, Omar Perotti, aceleró ahora la ejecución de la sentencia judicial. Reclamaba $120.000 millones: obtuvo $86.000 millones.
Son dos expedientes, referidos a coparticipación, iniciados por Santa Fe contra la Nación con fallos dictados el 24 de noviembre de 2015. En una causa se decidió que era inconstitucional la detracción del 15% con destino a la Anses de los fondos de coparticipación. La otra apuntaba al decreto 1399/01, que detraía fondos de la coparticipación hacia la AFIP.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti destacaron que las sentencias del año 2015 tuvieron el firme propósito de que las partes llegaran a un acuerdo para el pago y determinaran tanto el monto de la condena como la forma y plazos de su cumplimiento.
Sin embargo, como ya transcurrieron seis años y a pesar, incluso, del compromiso común asumido expresamente en el Consenso Fiscal de 2017, ese propósito no fue alcanzado.
Esta inactividad determinó que la Corte mandara a ejecutar las sentencias y sacara las cuentas. Entendió el máximo tribunal que ese dinero a restituir es parte de “los recursos coparticipables detraídos ilegítimamente a la provincia” de Santa Fe.
Los jueces decidieron sobre la tasa de interés aplicable, que es la tasa pasiva del Banco Central y no la activa del Banco Nación, como pretendía la provincia. Tuvieron en cuenta el precedente de San Luis.
Tampoco hicieron lugar al pedido del Estado nacional para que se aplicara la tasa del 6,72% nominal anual y, para fundar esa decisión, la Corte señaló que ese porcentaje no fue previsto por las partes en el Consenso Fiscal para la situación de los juicios con sentencia firme, sino que estos procesos tuvieron un tratamiento particular.
También desestimó el pedido del Estado nacional, que consistió en que se establezca una reducción prudencial de la cantidad de la liquidación en función del “crecimiento proporcionalmente mayor en las prestaciones que la Anses tuvo a su cargo en la provincia durante todo el período”.
Si bien en la sentencia no se mencionan números y solo se remite a las fojas pertinentes, la liquidación arroja una suma aproximada de $86.000 millones.
Por Hernán Cappiello
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