La Corte Suprema cita a una conciliación entre Ciudad y Nación por el recorte de fondos

La Corte Suprema de Justicia citó para el próximo miércoles 21 a una audiencia de conciliación entre el gobierno nacional y el de la ciudad para analizar el reclamo de la administración de Horacio Rodríguez Larreta por el recorte de fondos de coparticipación que dispuso el presidente Alberto Fernández el año pasado.

A la reunión tendrán que asistir representantes de los dos gobiernos, confirmaron fuentes judiciales. La medida, que fue celebrada por las autoridades porteñas, es el primer avance en un expediente de alto voltaje político, originado por una decisión que no solo privó a la Ciudad de unos 65.000 millones de pesos para el presupuesto de este año sino que marcó un fuerte distanciamiento entre Larreta y Fernández en plena gestión de la pandemia.

El gobierno de Larreta demandó al gobierno nacional el 18 de septiembre pasado: presentó una acción de amparo que incluía una medida cautelar. Buscaba retrotraer el efecto de un decreto de Fernández que había dispuesto el 9 de aquel mes el descuento de 150 millones de pesos diarios de coparticipación para pagar un aumento a la policía bonaerense que se había declarado en huelga.

El 10 de diciembre el Frente de Todos y sus aliados provinciales convirtieron en ley ese recorte de fondos. Y el gobierno porteño volvió a los tribunales: “Ante este nuevo atropello a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad ha resuelto iniciar una nueva acción judicial para plantear la inconstitucionalidad, tal como se hizo con el decreto 735/2020, cuyo amparo se encuentra en trámite en la Corte Suprema de Justicia”, anunció.

La ley cuestionada dio marcha atrás a lo acordado entre Larreta y Mauricio Macri, que en 2016, cuando era Presidente, incrementó la coparticipación que recibía la Ciudad para financiar así la transferencia de facultades y servicios de la Policía Federal a la Capital. En su reemplazo, el kirchnerismo estableció una suma fija inicial de $24.500 millones, en doce cuotas mensuales, que se determinará todos los años en el presupuesto nacional y que se actualizará por un coeficiente relacionado con el salario de un oficial de la Policía Federal.

Dos decisiones

La Corte dispuso empezar a tramitar el caso por lo que tomó dos decisiones: darle traslado de la demanda de la Ciudad a la Nación para que la responda en un plazo de 60 días hábiles. Y convocar a una audiencia para el día 21 de abril, a las 11, de la que participarán la Ciudad y la Nación. Para ello dispuso que se le comunique a la Jefatura de Gabinete de Ministros de estas decisiones.

Dispuso la audiencia con fundamento en el artículo del Código Procesal Civil y Comercial que señala que el tribunal puede “ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes”, aún cuando los interesados no lo hayan solicitado.

En la Ciudad el dato fue tomado como una buena noticia porque señalan que este es el ámbito donde debe resolverse la controversia. Dijeron allí que la idea es promover la solución del conflicto en esta audiencia. “Nos llegó hoy la notificación y nos parece una media positiva porque la demanda avanza, ya que se ordena correr traslado de la demandada y se abre la vía del diálogo que siempre es buena. Es lo que debió haber ocurrido siempre en lugar del dictado del decreto”, dijo una alta fuente del gobierno porteño.

“Estamos en el ámbito de la Corte si se puede recomponer el diálogo, lo puede hacer la Corte en le ámbito de su jurisdicción donde nos vimos forzados a llevar el conflicto”, señalan los hombres que asesoran a Larreta en temas jurídicos.

La audiencia se refiere a las dos demandas que presentó la Ciudad contra la Nación en la Corte para rechazar el recorte de la coparticipación federal que dispuso el Poder Ejecutivo Nacional. Hoy ese coeficiente quedó en el 1,40 por ciento de la coparticipación federal. Se bajó un 2,1 por ciento entre el decreto y la ley.

En su demanda, la Ciudad le dijo a la Corte que en la Constitución “no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado Nacional del coeficiente de participación en la coparticipación de los estados locales”. El gobierno de Larreta afirmó: “Se requiere siempre el consenso, acuerdos o actos bilaterales para modificar el régimen y los porcentuales de coparticipación”.

La demanda señaló que “la legislación concluye que la transferencia de competencias en materia de seguridad no federales se debe llevar a cabo mediante la firma de acuerdos suscriptos entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tal como sucedió, justamente, con la transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la ciudad de Buenos Aires”.

Los coeficientes sucesivamente asignados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron siempre establecidos mediante actos bilaterales entre la Ciudad y el Estado Nacional, destacó la Ciudad.

“En tanto no se sancione una nueva Ley de Coparticipación tal cual lo exige la Constitución, el Estado Nacional no puede unilateralmente restar el porcentaje de coparticipación de la Ciudad propio del federalismo previsto en la Carta Magna”, señaló el escrito.

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