La Corte Suprema falló a favor de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos y deberá resolverse si su jury es o no constitucional
Por unanimidad, el máximo tribunal avaló la queja de Cecilia Goyeneche, que denunció irregularidades en el proceso que busca desbancarla; coordinó el equipo que consiguió la condena al exgobernador Urribarri
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LA NACION
La Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló por unanimidad el reclamo de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche en el que denunció irregularidades en el jury que se desarrolla en su contra.
La fiscal anticorrupción, coordinadora de un equipo que acaba de conseguir la condena a ocho años de cárcel del exgobernador Sergio Urribarri, se convirtió en la acusada de un juicio político que avanza a toda velocidad, pero que ahora podría frenarse por el fallo de la Corte.
Fuentes de la Corte explicaron a LA NACION que ahora el Superior Tribunal de Entre Ríos deberá dictar un nuevo fallo contestando el planteo de Goyeneche de que su jury es inconstitucional porque se reemplazó al fiscal por un fiscal ad hoc (un abogado que oficia de fiscal).
En líndea con lo dictaminado por el Procurador General de la Nación interino, el Máximo Tribunal hizo lugar a la queja interpuesta, declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada, al tiempo que ordenó que se dicte una nueva con arreglo a lo expresado en este pronunciamiento. Lo determinó con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Sin que implique adelantar opinión sobre el fondo del asunto, la Corte señaló que “lo resuelto por el a quo desatiende las evidentes diferencias sustanciales entre la actora, en tanto magistrada sometida a un jurado de enjuiciamiento que defiende sus derechos, y el Procurador General provincial, que actúa en resguardo del interés general, institucional y de la legalidad”.
La Corte agregó que “la respuesta meramente dogmática de la máxima instancia jurisdiccional local carece de todo desarrollo argumentativo racional respecto de las cuestiones reseñadas, y en consecuencia no satisface la garantía constitucional de fundamentación de las sentencias judiciales, correspondiendo su descalificación como acto judicial válido”.
Goyeneche denuncia que la persiguen por haber investigado “la mayor causa de corrupción de la historia de la provincia” -que no es la de la condena del exgobernador, es un caso todavía más escandaloso-, mientras que los abogados que pidieron su destitución, de origen radical, dicen que ella no es lo que aparenta, que en realidad pactó con el poder para simular avances judiciales que no son tales y que de esta supuesta conspiración participa también su jefe, el procurador de la provincia.
LA NACION
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