La Corte Suprema anticipa nuevos ataques de Cristina Kirchner, pero buscar pararse como árbitro y no adversario del Gobierno

La Corte Suprema de Justicia entiende que el kirchnerismo planteó un conflicto de poderes, pocas veces visto, al desconocer la sentencia que anuló por considerar un “ardid” falto de “buena fe” la maniobra de la que se valió Cristina Kirchner para colocar tres de los cuatro representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura. Y aunque anticipan un escenario de mucha conflictividad, fricciones y ataques del kirchnerismo, en el máximo tribunal prefieren definirse como “árbitros y no como contendientes” frente al Gobierno, una tarea que, saben, les demandará “convicción, firmeza y paciencia”.

No es una novedad lo que realizó la Corte Suprema con el fallo que desautorizó el envío del senador camporista Martín Doñate al Consejo de la Magistratura: es decir, ponerle un límite al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo. Ya lo hizo en otras ocasiones, por ejemplo, en 2013, cuando declaró inválidas las leyes del plan de “democratización de la Justicia” que incluía la elección popular de los jueces y ponerle un término a su mandato. Una idea que Cristina Kirchner retomó en el acto del Estadio Único de La Plata, el jueves pasado. Aquella sentencia que anuló las leyes, sin embargo, fue acatada.

Lo novedoso, según interpretaron en el cuarto piso del Palacio de Justicia, es que esta vez la sentencia que desconoció la inclusión de Doñate como representante de la “segunda minoría” del Senado, fue desconocida por el kirchnerismo. Cristina Kirchner hizo firmar un decreto proponiendo al legislador de Río Negro para un nuevo mandato, sobre la base de la misma maniobra que anuló la Corte: mantener la división del bloque el Frente de Todos para representar, a la vez, a la bancada mayoritaria (con dos consejeros) y a la segunda minoría (con Doñate) del Senado.

El antecedente más reciente del desafío a una sentencia de la Corte se dio cuando el máximo tribunal ordenó reponer en su cargo al procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, que había sido destituido indebidamente por Néstor Kirchner. En 1995, el kirchnerismo disolvió la procuraduría y creo la jefatura de fiscales y de defensores de Santa Cruz. Sosa no fue nombrado en ninguno de los dos cargos. En la provincia nunca cumplieron el fallo de la Corte Suprema con la excusa de que el cargo de procurador ya no existía como tal.

Ahora el kirchnerismo fue más allá. No solo Claudia Ledesma Abdala de Zamora, presidenta provisional del Senado, firmó el decreto designado a Doñate como consejero, sino que lo hizo refrendar por una votación en el recinto durante la sesión del pasado miércoles, en la que Juntos por el Cambio se ausentó. Así, la senadora santiagueña buscó convertir el decreto en una decisión del Senado y no en un alzamiento contra la Corte de Cristina Kirchner, que en ese momento reemplazaba a Alberto Fernández en la Presidencia.

El constitucionalista Alejandro Carrió prefiere no hablar de desobediencia, sino que apunta al delito de violación de deberes de funcionario público, que condena con hasta dos años de prisión y el doble de tiempo de inhabilitación a quien no “no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. Es una descripción casi literal de la conducta de los senadores que refrendaron el decreto legislativo firmado por Ledesma Abdala.

Cristina Kirchner redobló la apuesta y colocó la situación en el terreno de la confrontación entre dos poderes del Estado. En la Corte prefieren ponerle paños fríos al asunto, porque creen que el conflicto recién empieza y se agudizará en los tiempos por venir.

La Justicia suma malas noticias para Cristina Kirchner: desde el fallo en la causa de Vialidad, que se encamina a una condena, según evalúan oficialistas y opositores, a la reapertura del caso Hotesur y Los Sauces, donde la vicepresidenta está acusada junto a sus hijos, Máximo y Florencia. También el caso del dólar futuro está nuevamente bajo análisis.

En el medio de esta pelea, el Senado puede quedarse sin una silla en el consejo de la Magistratura, al menos en lo inmediato y sobre todo luego del amparo que planteó el senador Luis Juez, pidiendo que los tribunales impidan la asunción de Doñate. Basta un fallo de primera instancia para dejar a Doñate afuera de la próxima ceremonia de jura. En ese enfrentamiento individual con la Corte, Cristina Kirchner embarcó a todo el Senado. Dos poderes enfrentados.

Más allá de que la concepción que prima en el kirchnerismo es ubicar al voto popular por encima del marco constitucional, aún en un contexto de derrotas electorales, la presunción en los tribunales es que este desafío a las decisiones de la Corte pretende deslegitimar los fallos por venir. Esmerilar al Poder Judicial para devaluar sus sentencias.

El kirchnerismo ve al Poder Judicial como el brazo armado de Juntos por el Cambio o de Pro. Probablemente en unos días no lo vea de la misma manera porque la Corte trabaja en algunas sentencias que pueden afectar intereses opositores.

En rigor, lo que la Corte buscó con sus decisiones de los últimos años fue fortalecerse como poder del Estado. Sustraerse del influjo de la política, sortear la influencia de los operadores y el submundo del espionaje, y demostrarles a los jueces que pueden tomar sus decisiones más allá de las presiones. Pero un Poder Judicial fuerte e independiente es un riesgo y por eso la tensión para desacreditarlo.

El caso del Consejo de la Magistratura es la ocasión de la Corte para reafirmar su autoridad, aunque los tiempos son casi tan importantes como los argumentos a la hora de analizar los fallos del máximo tribunal. Por eso, el mantra de la Corte es “somos árbitros, no adversarios” y “paciencia, convicción y coraje”.

Horacio Rosatti preside la Corte y el Consejo de la Magistratura. El organismo contará con el regreso de un kirchnerista de paladar negro, el diputado Rodolfo Tahilade, quien -tras su paso por la AFI- ya fue consejero: es recordado por sus malos modos ácidos y confrontativos.

En el Consejo de la Magistratura saben diferenciar. Tahilade es Cristina Kirchner y lo que diga será oído como si saliera de boca de la vicepresidenta. Contrasta con el consejero por el Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, hermano de Eduardo de Pedro y un dialoguista con todos y por todo, negociando hasta el final.

“Es la calma antes de la tormenta”, exageró un funcionario judicial, previendo un fin de año caliente y un 2023 de conflictividad.

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